El Gobierno interino de Delcy Rodríguez vive su primera crisis significativa tras 20 semanas

Han transcurrido 20 semanas desde que Delcy Rodríguez, con el respaldo de Washington, asumió como presidenta interina de Venezuela. En lo que va de este 2026, se han vivido meses de relativa tranquilidad, con una población entre expectante —por lo que finalmente hará este Gobierno bajo los pasos anunciados por EEUU— y cautelosa, dado que el aparato represivo heredado de Nicolás Maduro sigue intacto.

La conjugación de la entrega a EEUU del empresario Alex Saab y la muerte de la octogenaria Carmen Navas, parecen colocar al Gobierno de Rodríguez ante su primera crisis significativa. El clima de conflictividad de bajo impacto, con protestas dispersas con banderas salariales en este 2026, tuvo lugar junto a gestos de apertura económica, una Ley de Amnistía aprobada y una sincronía con Washington en materia energética y de inversiones.

Sin embargo, los dos hechos casi simultáneos mencionados han expuesto fisuras subterráneas en el chavismo y un malestar social latente por la persistencia de la represión política. En Caracas, principalmente, se registraron este lunes protestas estudiantiles que fueron impedidas de llegar a la sede del SEBIN, uno de los principales órganos represivos según los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. El sepelio de Carmen Navas también fue un acto público que galvanizó el descontento por la falta de acciones para sancionar a los responsables de la represión.

El Caso Saab ha provocado una suerte de terremoto interno. El empresario colombiano, naturalizado venezolano y considerado durante años el principal testaferro financiero de Maduro, fue deportado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) bajo la figura de "ciudadano colombiano" incurso en delitos en EEUU. No hubo extradición formal ni audiencia: se trató de una medida administrativa que, según el Gobierno, respondía a "intereses nacionales". Delcy Rodríguez la defendió públicamente como "justificada", mientras el ministro Diosdado Cabello insistió en que la nacionalidad venezolana de Saab era "fraudulenta".

La decisión fue aplaudida de inmediato en Washington: fuentes de la DEA y la Administración Trump la vieron como cooperación concreta en la lucha contra la corrupción y el blanqueo, clave para el juicio pendiente contra Maduro y Cilia Flores en Nueva York. Saab, con conocimiento privilegiado de las redes financieras del régimen, se perfila como testigo clave.

Dentro del chavismo, sin embargo, la entrega ha generado una "crisis de lealtades". Nicmer Evans, politólogo crítico desde la izquierda, la calificó de "traición". Mario Silva, conductor de La Hojilla, un espacio propagandístico del chavismo procubano, advirtió que "nadie está a salvo". Incluso desde el exterior, el comunicador español Aníbal Garzón denunció en redes que la solidaridad internacional con Saab —liberado en 2022 tras un canje de presos— había sido "traicionada por Delcy Rodríguez".

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta y presidente de la Asamblea Nacional, había sido el artífice de su regreso en 2022. Ahora, la misma familia política lo entrega. El caso revive heridas: Saab era símbolo de resistencia al "imperio"; su deportación, para muchos leales, confirma que el Gobierno interino prioriza la alineación con el Gobierno de Trump.

Horas después de la entrega de Saab a la DEA en Miami, la muerte de Carmen Navas a los 82 años ha representado un cimbronazo emocional y político para la sociedad venezolana. La octogenaria falleció el 17 de mayo, apenas 11 días después de identificar los restos de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, preso político muerto bajo custodia estatal. Detenido en enero de 2025, luego acusado de acusado de terrorismo y traición a la Patria, permaneció desaparecido durante meses. Murió el 24 de julio de 2025 por insuficiencia respiratoria en el penal de El Rodeo I, según la versión oficial, pero las autoridades tardaron diez meses en notificarlo.

Carmen Navas recorrió cárceles, tribunales y dependencias oficiales sin obtener respuestas claras. La Defensoría del Pueblo le dio información tardía y contradictoria. Solo el 7 de mayo de 2026 se confirmó la muerte; la exhumación y la identificación del cuerpo ocurrieron al día siguiente. La mujer asistió a una misa por su hijo el 15 de mayo y falleció dos días después.

El caso, documentado en detalle por las ONG de derechos humanos Provea, Justicia Encuentro y Perdón (JEP) y Foro Penal, simboliza las penurias de miles de familias. No hubo investigación inmediata, ni sanciones a funcionarios penitenciarios o del Ministerio del Servicio Penitenciario, ni reparación oficial. La Fiscalía abrió una indagatoria, pero hasta la muerte de Carmen permanecía sin resultados visibles.

Tomando como bandera la figura de la anciana fallecida, cuyo rostro se hizo popular en redes sociales en medio de su deambular, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) exigió "liberación plena" de todos los presos políticos y lamentó que Navas muriera "sin justicia" por la muerte de su hijo. JEP la definió como "símbolo de las madres buscadoras". Su fallecimiento renovó denuncias de impunidad y ausencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias en una Venezuela que aprobó hace tres meses una Ley de Amnistía que no abordó todas estas aristas.

La Ley de Amnístia tampoco ha servido para poner punto final al presidio político en Venezuela. Organizaciones independientes como JEP registraban hasta 654 casos hasta este 19 de mayo.

Ante el doble golpe —la crisis interna en el chavismo por Saab y el malestar social por Navas—, el Gobierno reaccionó con gestos visibles. El martes 19 de mayo, Jorge Rodríguez anunció en sesión de la Asamblea Nacional transmitida por VTV la excarcelación de 300 personas entre el 18 y el 22 de mayo. Entre los primeros excarcelados figuran tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana —Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina—, los presos políticos más antiguos del chavismo: 24 años detenidos desde los sucesos del 11 de abril de 2002 y detenidos por instrucciones de Hugo Chávez.

El Foro Penal celebró su salida simbólica: "Nunca debieron estar tras las rejas". También se excarcelaron este martes al menos 17 ex trabajadores petroleros del Caso PDVSA Obrera, un caso denunciado por el ahora opositor Partido Comunista de Venezuela (PCV), dado que se trató de trabajadores detenidos por denunciar corrupción o pedir mejores condiciones laborales.

Adicionalmente, el Gobierno anunció que se establecerán responsabilidades por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas. La presidenta ordenó una "investigación rigurosa", según comunicados oficiales. Estos movimientos buscan apaciguar a la opinión pública y a la comunidad internacional, que —con declaraciones de Donald Trump prometiendo liberar a todos los presos políticos— ejerce presión constante.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos consideran los gestos insuficientes. JEP advirtió que 300 liberaciones "no alcanzan ni siquiera a la mitad" de los casos documentados y representan "una afrenta para las víctimas". Exigen libertad plena e inmediata, no medidas procesuales ni beneficios selectivos.