Este 2 de mayo, el Congreso del estado de Sinaloa vivió una sesión extraordinaria que marcó un hito en la política mexicana. Por unanimidad, los legisladores aprobaron la licencia temporal solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya y designaron a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Se trata de la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la entidad, pero no solo por eso fue una decisión histórica.
Rocha Moya, de 76 años, militante de Morena y adlátere del expresidente Andrés Manuel López Obrador, abandonó temporalmente el Poder Ejecutivo para "facilitar las investigaciones" de la Fiscalía General de la República (FGR) tras una acusación formal del Departamento de Justicia de EEUU. Esta decisión contra un funcionario electo de México no tiene precedentes y marca un punto de inflexión en las ya frágiles relaciones entre la presidenta mexicana Claudia Scheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump.
El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una imputación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa. Los cargos: conspiración para importar narcóticos a gran escala hacia EEUU, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos. Según el acta de imputación, los acusados se aliaron con la facción "Los Chapitos" del Cartel de Sinaloa —liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán— a cambio de sobornos, apoyo político y protección.
El Cartel de Sinaloa habría ayudado a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante intimidación a rivales, secuestros y manipulación de votos. Tal acusación es una suerte de misil sobre el partido de gobierno, Morena, fundado por López Obrador y entidad que respaldó la elección de Scheinbaum.
Entre los imputados, además del exgobernador, figuran alcaldes, ex secretarios de seguridad, ex comandantes policiales y otras figuras de poder local en Sinaloa, estado del noroeste de México con amplias costas que facilitan el tráfico de drogas hacia la costa oeste de EEUU. El Cartel de Sinaloa ha sido considerado desde mayo de 2025 por la Administración Trump una amenaza para la seguridad de EEUU, que pasó a catalogarle como una organización "narcoterrorista".
La acusación de la Justicia estadounidense detalla que estos funcionarios habrían permitido a Los Chapitos operar con impunidad, colocar a aliados corruptos en puestos clave y recibir millones de dólares en sobornos mientras el estado de Sinaloa se convertía en epicentro del envío de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a EEUU.
La presidenta Claudia Sheinbaum, también de Morena, exigió pruebas concretas a Washington. "No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco aceptaremos injerencias", declaró.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que EEUU solicitó la detención con fines de extradición, pero que no había entregado "elementos de prueba" suficientes. La FGR abrió una carpeta de investigación, aunque sin considerar urgente una detención. El exgobernador se separó del cargo, pero no está siendo formalmente imputado.
El caso es inédito en la historia contemporánea de México. Nunca antes un gobernador en funciones —y menos uno del partido en el poder— había sido imputado formalmente por una fiscalía federal estadounidense por vínculos directos con el narcotráfico mientras ejercía el cargo.
The New York Times lo describe como "el político de mayor rango en funciones señalado por nexos con el crimen organizado" y una "escalada significativa" en la estrategia antinarcóticos de Washington. Aunque en el pasado ocurrieron acusaciones contra exgobernadores (como Mario Villanueva en Quintana Roo) o alcaldes, tuvieron lugar una vez que estos dejaron el poder y nunca se les acusó de que el narcotráfico fue el trampolín para su ascenso al poder. Eso y el hecho de que Rocha Moya es uno de los caudillos regionales de Morena, bajo el ala de López Obrador, le otorga a este escándalo una real significación.
Las consecuencias son múltiples y dejan una estela de incertidumbre en el corto y mediano plazo. Si México percibe las acciones estadounidenses como ataques políticos contra Morena —Rocha Moya es un aliado histórico de la Cuarta Transformación—, podría endurecer su postura en la frontera, afectando flujos migratorios y comerciales. En segundo lugar, genera inestabilidad interna: Sinaloa, con su peso económico en agricultura y pesca, enfrenta ahora un vacío de poder que podría exacerbar la violencia si los carteles interpretan la licencia como debilidad.
En tercer lugar, el caso pone a prueba la estrategia de Sheinbaum. La mandataria debe equilibrar la defensa de la soberanía —bandera histórica de Morena— con la necesidad de no aparecer como protectora de posibles corruptos y menos de políticos apalancados por el narcotráfico. Analistas citados por El Financiero advierten que un manejo torpe podría debilitar al partido de cara a futuros procesos electorales y complicar la relación con Washington en una agenda bilateral que tiene varios frentes.
Para The New York Times el caso Rocha Moya es un "punto de inflexión" que obliga a México a decidir si prioriza la autonomía o la colaboración pragmática.
El periodista y columnista Carlos Loret ha sostenido que en el Gobierno de Sheinbaum estaban al tanto de los vínculos del exgobernador con el narco: "Lo saben también todos en su gabinete de seguridad. Desde hace tiempo han diagnosticado que sacar a Sinaloa de la guerra pasa por quitar de ahí al gobernador. Pero la presidenta no podía: a Rocha Moya lo ha protegido siempre López Obrador. Así que Sheinbaum optó por ser cómplice de su permanencia.”
De ser cierta esta lectura de Loret, la decisión de la Justicia estadounidense le quita un peso a la actual mandataria en la lucha interna del partido Morena y saca del juego a un aliado de López Obrador, sin que sea una decisión directa de la presidenta, quien sigue siendo protegida del expresidente populista de izquierdas.
Finalmente, cabe destacar un escenario hipotético pero relevante en el contexto regional: si este caso impacta negativamente las ya frágiles relaciones México-EEUU, podría tener efectos indirectos sobre Cuba. Aunque ninguna fuente consultada establece un vínculo directo entre el escándalo de Sinaloa y La Habana, el deterioro bilateral entre México y su principal socio comercial y de seguridad podría reconfigurar la política exterior estadounidense en América Latina.
México, como lo hizo históricamente, podría pasar a ampliar su cooperación con el régimen castrista para mostrar "su autonomía" de Washington, en un momento complejo.
En cambio, si Sheinbaum pasa a tener una colaboración más pragmática con Washington en este caso del gobernador de Sinaloa, observadores prevén que no buscaría un motivo de fricción con Trump en política exterior aupando a La Habana, cuando el destino de la Isla justamente aparece de forma reiterada como el "próximo paso" de la Casa Blanca.
México es un vertedero moral. Un país de narcos, ladrones, asesinos y borrachos al por mayor donde la vida humana no vale nada. Habría que fumigarlos.
Bueno, pero no te olvides de los que votan a Perro Sánchez ...
Cuando veas a Morena arder, Claudia pon tus enaguas en remojo ...
Ay, Dio, a ver si se forma la cagazón con México y mandan a Cuba al final de la cola de nuevo, le vendría de maravilla al régimen.
El socialismo en Latinoamérica siempre se ha financiado con drogas. Solo hacía falta voluntad política del lado Norte.
Las tradiciones mexicanas de corrupción política son inalcanzables, ni la crápula del régimen cubano, aunque la supera en ineptitud, alcanza a México en este asqueroso rubro.