Veinte organizaciones venezolanas radicadas en España expresaron el martes su "rechazo absoluto" a la petición del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, a la Unión Europea (UE) de que levante las sanciones impuestas desde 2018 a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
De ellas, 19 lo hicieron mediante un comunicado publicado en la página de Facebook "Yo soy Venezolano", mientras otra difundió su propio texto.
"Diversas asociaciones venezolanas en España, ante la solicitud planteada por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, de que la Unión Europea levante las sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestamos nuestro rechazo absoluto a cualquier intento de flexibilizar medidas restrictivas sin que se cumplan condiciones democráticas claras, verificables y completas", recalcaron las primeras 19 agrupaciones.
Asimismo, señalaron que la Unión Europea "no puede ni debe avanzar hacia la normalización de relaciones ni al levantamiento de sanciones hasta que se liberen todos los presos políticos, se garantice de forma efectiva el respeto a los derechos humanos y se convoquen elecciones libres, justas y observadas internacionalmente como único signo inequívoco de que en Venezuela ha comenzado una transición democrática real".
Al confirmar el viernes pasado que haría la solicitud al bloque europeo, Albares argumentó que se trata de que la UE envíe "un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa", en referencia a la aprobación de una Ley de Amnistía en Venezuela, que ha sido criticada por ONG y sectores de la oposición, debido a la falta de mecanismos de justicia transicional y de reconocimiento expreso de la responsabilidad estatal por violaciones de derechos humanos, entre otras carencias.
En declaraciones recogidas el viernes por El País, el ministro español defendió que "las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también".
Ese mismo argumento fue esgrimido por las asociaciones venezolanas, al rechazar la eliminación de las sanciones contra la dirigente chavista, que se desempeñó como vicepresidenta de Maduro hasta el 5 de enero.
Ese día, dos jornadas después de que fuerzas estadounidenses capturaran en Caracas al dictador y a su esposa, Cilia Flores, Rodríguez prestó juramento como mandataria encargada.
"Las sanciones no son un fin en sí mismas", sostuvieron las agrupaciones, reiterando las palabras de Albares. Definieron las restricciones como "una herramienta para promover el respeto al Estado de derecho y la democracia" y apuntaron que "cualquier revisión debe responder a hechos concretos y medibles de avance político y social y no a gestos parciales o leyes insuficientes que no alcanzan la totalidad de los requisitos democráticos exigibles".
Entre las organizaciones que suscribieron el texto se encuentran Plataforma Ayuda Venezuela, Coordinadora Iberoamericana Contra el Racismo el Antisemitismo y la Intolerancia, Asociación Amigos de Venezuela en Vigo, Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela, Asociación Venezuela Unida y Plataforma Democrática Venezolana.
También lo firmaron Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela, Venezolanos en Vizcaya, Asociación Venezolanos en Cantabria, Asociación Española Venezolana por la Democracia ASEVED, Venezolanos Amigos de Migrantes VENAMI, Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos en Madrid, Sabana y Asociación Venezolanos en Castellón.
Completan el grupo de asociaciones firmantes Asociación Venezuela Libre, SOS Venezuela en Barcelona, Asociación Civil Ibero Venezolana en Zaragoza, Ahora Solidaridad, Asociación Venezuela Unida, Plataforma Democrática Venezolana, Asociación Colibrí en Coruña y Asociación Venezolanos en el Mundo.
A la petición de estos 19 grupos se sumó la exigencia de la asociación de periodistas venezolanos en España Venezuelan Press a la UE de que mantenga las sanciones a la presidenta encargada y a otros responsables vinculados al "régimen chavista" hasta que "rindan cuentas de sus acciones".
"Amnistía no es impunidad", señaló Venezuelan Pres, según la citó la agencia española de noticias EFE. "La reciente ley de amnistía en Venezuela no exime su responsabilidad personal por estos delitos ni garantiza un cambio estructural que justifique premiar a quien ha liderado la persecución contra disidentes, periodistas y ciudadanos libres".
"Exigimos a la UE y a España mantener las medidas restrictivas. La prohibición de entrada (en sus territorios) y la congelación de activos a Delcy Rodríguez y al resto de las 68 personas vinculadas al régimen de Venezuela sancionadas por la Unión Europea deben permanecer vigentes hasta que rindan cuentas por sus accione", añadió la agrupación de periodistas.
"Hoy, de nuevo, la sociedad, los periodistas y los decisores políticos españoles tienen una oportunidad histórica de posicionar a España como puente entre Europa e Hispanoamérica, recordando que detrás de cada sanción hay familias destrozadas que claman justicia", concluyó.
Delcy Rodríguez está en la lista de sancionados de la UE desde 2018, cuando el bloque le impuso la prohibición de entrar en territorio comunitario y la congelación de sus activos, entre otras medidas. Sin embargo, en 2023 le fue concedido un permiso extraordinario para que viajara a Bruselas a la reunión de la UE con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En ese momento coincidió con el presidente español, Pedro Sánchez.
Antes de esa visita en 2023, Rodríguez hizo una polémica visita secreta a España en 2020, en la que, según fuentes gubernamentales, no salió del aeropuerto, pero se habría reunido allí con ministros del Gobierno español, dando origen a un escándalo en la política de Madrid conocido como "Delcygate".
Durante ese viaje, que fue vendido por La Moncloa como una "escala técnica", Rodríguez ofreció a empresarios españoles ―al reunirse con el exministro José Luis Ábalos, procesado por corrupción― la venta fraudulenta de 104 barras de oro venezolano por 68,5 millones de dólares, de acuerdo con una investigación de El Confidencial.
