Un juez federal bloqueó el intento de la Administración de Donald Trump de poner fin al estatus legal de más de 8.400 familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes (titulares de la llamada green card) que se trasladaron a Estados Unidos desde siete países de América Latina, reportó Reuters.
La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, Indira Talwani, emitió el sábado por la noche una orden judicial preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional poner fin al parole humanitario concedido a miles de personas procedentes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Estas personas habían sido autorizadas a entrar en Estados Unidos en virtud de programas de reunificación familiar mediante parole, creados o actualizados durante la Administración del presidente demócrata Joe Biden.
Desde que Donald Trump sucedió a Biden, su Administración ha intensificado la aplicación de la política migratoria, con un presupuesto de 170.000 millones de dólares asignado a las agencias de inmigración hasta septiembre de 2029, una cifra histórica.
En el marco de los programas de reunificación familiar, los ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes podían solicitar ser patrocinadores de familiares en esos siete países, lo que les permitía residir en Estados Unidos mientras esperaban la disponibilidad de sus visados de inmigrante.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el pasado 12 de diciembre que pondría fin a estos programas, al considerar que eran incompatibles con las prioridades de control migratorio de Trump y que habían sido utilizados de forma indebida para permitir que "extranjeros mal evaluados eludieran el proceso tradicional de parole".
La cancelación estaba prevista inicialmente para el 14 de enero, pero Talwani emitió una orden de restricción temporal que la bloqueó durante 14 días mientras evaluaba si dictar una medida cautelar de mayor alcance, como finalmente ocurrió este sábado.
La jueza afirmó que el Departamento, dirigido por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, no aportó pruebas que respaldaran sus preocupaciones sobre fraude ni evaluó si los afectados podían regresar de manera viable a sus países de origen, donde muchos habían vendido sus viviendas o abandonado sus empleos.
"La secretaria no pudo ofrecer una explicación razonada del cambio de política de la agencia sin reconocer estos intereses", escribió Talwani, designada por el presidente demócrata Barack Obama. "En consecuencia, no hacerlo fue arbitrario y caprichoso”.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.
El fallo se produjo en el marco de una demanda colectiva impulsada por defensores de los derechos de los inmigrantes, que impugna el retroceso más amplio de la Administración respecto al parole temporal concedido a cientos de miles de migrantes.
Anteriormente, Talwani había bloqueado en este mismo caso el fin del parole para unos 430.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, pero el Tribunal Supremo levantó esa orden, que posteriormente fue revocada por un tribunal de apelaciones.
