El gremio de periodistas en Venezuela ha recibido con alegría la excarcelación de 18 comunicadores este miércoles en Caracas, en la mayor acción de este tipo en la historia del chavismo. Se trata de la más numerosa excarcelación de periodistas venezolanos en una sola jornada, pero este simbólico hecho no oculta la realidad, la represión política aún no ha cesado.
Hasta la tarde de este miércoles el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportaba 18 excarcelaciones de un total de 24 casos de periodistas o comunicadores detenidos en Venezuela. Además de lo importante del número, ha sido llamativo que las salidas de prisión tengan lugar en horas del día, no como había sido la política anterior de excarcelaciones nocturnas.
Esta medida forma parte de un proceso anunciado por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez como un gesto para promover la "convivencia pacífica", pero que ha generado controversia por su lentitud, falta de transparencia y discrepancias en las cifras oficiales.
Antes de esta jornada que ha beneficiado a comunicadores, las organizaciones de derechos humanos solo habían verificado entre 70 y 80 liberaciones de presos políticos en total, muy por debajo de las 400 anunciadas por las autoridades, lo que subraya las persistentes violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en donde el año 2024 cerró con 1.082 presos políticos, de acuerdo con la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Para los gremios, la liberación de estos comunicadores representa un avance simbólico en un país donde la libertad de expresión ha sido sistemáticamente coartada bajo el régimen chavista. Aunque no constituyen actos de libertad plena, pues los excarcelados no pueden salir del país, deben presentarse de forma recurrente ante un juez y tienen prohibido hablar públicamente de sus casos.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra Roland Carreño, un veterano periodista y activista político de 60 años, cuya trayectoria ilustra las dificultades enfrentadas por la prensa crítica en Venezuela. Carreño se hizo rostro habitual en el país a partir de 2006 cuando hizo el primer talk show nocturno dedicado a la política en Venezuela. Esto lo convirtió en un referente de análisis incisivo hasta que el canal cambió su línea editorial bajo presiones del Gobierno de Nicolás Maduro en 2013.
Tras dejar la televisión, Carreño se unió al partido Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López, y se convirtió en coordinador nacional de operaciones. Su activismo lo llevó a ser detenido en dos ocasiones: primero en octubre de 2020, acusado de lavado de dinero, tráfico de armas y financiamiento al terrorismo en relación con la fuga de López a España. Pasó tres años en prisión.
Liberado en 2023 mediante acuerdos políticos en Barbados, fue detenido nuevamente en agosto de 2024 tras las controvertidas elecciones presidenciales, donde la oposición denunció fraude.
Otro caso destacado es el de Carlos Julio Rojas, activista y periodista comunitario detenido en abril de 2024, quien pasó más de 21 meses en prisión por cargos sin pruebas. Rojas, conocido por su trabajo en barrios populares de Caracas, simboliza la persecución contra voces locales que documentan protestas y desigualdades.
Luis López, periodista de La Guaira, fue liberado tras 19 meses de detención mientras cubría una manifestación; su caso resalta los riesgos para reporteros regionales.
Los gremios periodísticos, como el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el SNTP, celebraron estas liberaciones como un "paso importante", pero reiteraron que "informar no es delito" y exigieron la libertad plena de todos los detenidos por motivos políticos.
Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, comentó a DIARIO DE CUBA: "Que periodistas, activistas y luchadores sociales recuperen su espacio es vital para el tejido moral del país; por eso nuestro reclamo es firme, libertad plena para los detenidos arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela. Expresamos nuestro alivio por quienes regresan a casa y la preocupación por quienes aún permanecen tras las rejas".
El proceso se enmarca en un anuncio realizado hace una semana por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina, quien prometió un "número significativo" de excarcelaciones para fomentar la reconciliación tras la crisis postelectoral de julio de 2024.
Este martes, Rodríguez avivó la polémica al sostener que habían ocurrido más de 400 liberaciones desde diciembre de 2025, incluyendo 116 recientes. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan drásticamente con las verificaciones independientes. Dos ONG especializadas —Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón— no habían documentado ni 80 excarcelaciones hasta este martes, una cifra que dista mucho de los anuncios oficiales.
La discrepancia en las cifras no es un mero desacuerdo estadístico, sino un síntoma de la opacidad sistemática del régimen chavista, que ha utilizado las detenciones arbitrarias como herramienta de control social. El Gobierno no ha proporcionado listas oficiales de excarcelados, obligando a familiares y ONG a recopilar información a través de contactos directos. Esta falta de transparencia agrava el sufrimiento de las familias, muchas de las cuales han instalado carpas y colchones al aire libre frente a centros como El Helicoide, El Rodeo y la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana.
Marino Alvarado, abogado y activista de derechos humanos, ha denunciado repetidamente esta opacidad. En comentario para DIARIO DE CUBA, Alvarado destacó que las condiciones de detención constituyen un castigo adicional: incomunicación prolongada, negación de atención médica y restricciones a visitas familiares y legales, violando estándares internacionales.
Expertos y analistas atribuyen la lentitud y el bajo número de liberaciones —menos del 10% del total estimado— a divisiones internas en el chavismo, que han erosionado la cohesión del régimen tras la salida de Maduro. Una hipótesis, sostenida por observadores como Luis Carlos Díaz, periodista y activista, es que cada facción dentro del poder controla "sus" presos, lo que implica complejas negociaciones internas para cualquier liberación masiva.
Otra hipótesis apunta a una ralentización deliberada por parte de Diosdado Cabello, quien controla organismos de seguridad clave como el Ministerio del Interior y Justicia. Analistas como Felipe Galli y Enderson Sequera sugieren que Cabello, atrincherado en su facción, retrasa las liberaciones para desestabilizar a los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge), quienes lideran el Gobierno interino y negocian con EEUU.
Estas divisiones internas, exacerbadas tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas de ataque de EEUU, revelan un chavismo fracturado.
La excarcelación de estos 18 periodistas es un alivio parcial, pero subraya la urgencia de una liberación plena y sin condiciones, esencial para cualquier avance hacia la reconciliación en Venezuela.
