La "paz total" se repetía incesante en los discursos del presidente colombiano Gustavo Petro cuando asumió el poder en agosto de 2022. Como una suerte de mantra repetía con frecuencia la frase. Así ocurrió en los primeros años de gestión, pero la "paz total" naufragó en este 2025 y esto lo simboliza la decisión de Petro de bombardear campamentos de las disidencias de la FARC.
El mandatario de izquierdas, en la recta final de su gobierno, asumió el poder con la promesa central de que negociaría simultáneamente con todos los grupos armados para acabar con medio siglo de conflicto. Sin embargo, próximo ya a concluir su mandato, ha terminado recurriendo a la fuerza letal que tanto criticó en opositores anteriores, exponiendo el fracaso notable de su bandera central de gobierno.
Petro ordenó el pasado 10 de noviembre una ofensiva militar con bombardeos aéreos contra campamentos del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, en el departamento del Guaviare, en el corazón de Colombia. La operación, que inicialmente dejó al menos 19 disidentes muertos según balance oficial del Ejército, y hasta 25 neutralizados con capturas y sometimientos posteriores, se centró en estructuras dedicadas al narcotráfico y actividades criminales bajo el mando de Iván Mordisco.
El nombre real de Iván Mordisco es Néstor Gregorio Vera Fernández, quien se unió a mitad de los 90 a la que entonces era la guerrilla más antigua de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Iván Mordisco fue comandante en la estructura de las FARC hasta la firma del tratado de paz en La Habana, en 2016, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.
Como otros comandantes de entonces se negó a entregar las armas y volver a la lucha política civil, en vista de la metamorfosis que habían vivido las otrora guerrillas que pasaron a ser entidades criminales, cebadas en el narcotráfico y la extorsión.
El anuncio de Petro fue contundente: "Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares".
Horas después, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, detalló que se trataba de una "contundente operación ofensiva" contra "estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco", acusadas de extorsionar comunidades y controlar rutas de narcotráfico en la Amazonia.
Este giro de 180 grados no es menor. Durante los primeros años de su gobierno, Petro suspendió bombardeos contra grupos armados, promovió ceses al fuego bilaterales y designó a disidentes como Mordisco como "gestores de paz", otorgándoles un estatus que la oposición denunció como legitimación de criminales.
La "paz total", inspirada en el acuerdo de 2016 con las FARC, buscaba diálogos simultáneos con el ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Sin embargo, la realidad impuso su peso: incumplimientos reiterados, atentados como el de Cali en agosto de 2025 que dejó siete muertos, y el crecimiento del EMC en un 20% entre 2024 y 2025, hasta alcanzar cerca de 3.919 integrantes, según la Fundación Ideas para la Paz.
El Guaviare no es un escenario cualquiera. Esta región selvática fue parte de la zona de distensión concedida por el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) a las FARC para negociar la paz, un área de 42.000 kilómetros cuadrados que incluía municipios como San Vicente del Caguán y Calamar.
Aquel proceso, iniciado con optimismo en 1999, terminó en fracaso rotundo en 2002 tras el secuestro de un avión comercial por las FARC y la silla vacía del entonces mítico líder guerrillero Manuel Marulanda Vélez en la inauguración de los diálogos. Pastrana ordenó entonces la reconquista militar con bombardeos incluidos, marcando el fin de una concesión que las FARC usaron para rearmarse y expandir el narcotráfico.
Dos décadas después, Petro ha terminado por repetir este patrón: tolerancia inicial que fortalece a los grupos, seguida de una respuesta armada tardía y reactiva.
Para los observadores el paralelismo resulta inevitable y pone en evidencia la ingenuidad de una estrategia, como la seguida por Petro, que subestimó la naturaleza criminal de estas estructuras otrora guerrilleras y hoy devenidas en crimen organizado, según el portal especializado InSight Crime.
El Gobierno del conservador Iván Duque, predecesor del Gobierno actual, dio por muerto a Iván Mordisco en un bombardeo en 2022, pero reapareció en 2023 anunciando negociaciones con Petro.
Sin embargo, en este momento, Petro lo acusa de abusar de la confianza, incumplir ceses al fuego y ordenar atentados, como el de Cali. "Mordisco decidió incumplir el proceso de paz firmado con Santos (en La Habana)", escribió el presidente tras el bombardeo.
En realidad, esta disidencia de las FARC originales denominada EMC nunca abandonó del todo la violencia, y la tolerancia inicial de Petro permitió su fortalecimiento.
Como telón de fondo, la paz total hace aguas no solo por este caso con Iván Mordisco, sino que la ausencia de avances con otros grupos agrava el panorama. Con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez los diálogos se atomizaron: escisiones como los Comandos de Frontera formaron la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que avanza en negociaciones, mientras Márquez, ausente desde 2024 por rumores de muerte o enfermedad, fue revocado como negociador en octubre de 2025.
Con el ELN, la histórica guerrilla de inspiración guevarista y con respaldo amplio del castrismo cubano por décadas, se acumulan reuniones y acuerdos parciales, pero persisten tensiones por secuestros y ataques, con suspensiones recurrentes. A esto se suma la diatriba pública que Petro ha sostenido con Antonio García, el principal referente del ELN.
La "paz total" de Petro, a nueve meses de que deje la Presidencia, no ha logrado un resultado pleno o consolidado en las diferentes mesas y procesos. En verdad se ha fragmentado en múltiples mesas sin avances sustanciales.
Sandra Borda, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, ha criticado la falta de marco jurídico claro y la sobreestimación de la voluntad negociadora de grupos narcotraficantes, argumentando que "las dudas sobre el alcance y soporte legal de cada negociación persisten, y fracasan porque no se pueden mantener indefinidamente sin un norte".
Este bombardeo en El Guaviare tras años de tolerancia simboliza una suerte de epitafio para una política que prometía transformar Colombia, pero que termina con Petro ordenando operaciones que él mismo condenaba y con grupos criminales que ven en los procesos de diálogo un mecanismo para ganar tiempo y expandirse, dado que el Estado deja de atacarlos.
