El proceso de obtener la residencia en EEUU por matrimonio ya no protege de la deportación

Estar en el proceso de obtener la residencia permanente en EEUU por matrimonio no constituye una protección frente a una orden de deportación, aclaró el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) este jueves en un comunicado de prensa sobre la actualización de su manual para reforzar el control sobre las solicitudes de cónyuges de estadounidenses.

"Las peticiones de visas de inmigrante basadas en la familia fraudulentas, frívolas o no meritorias erosionan la confianza en las vías basadas en la familia para obtener el estatus de residente permanente legal (LPR) y socavan la unidad familiar en Estados Unidos", señaló la agencia.

Las nuevas directrices están en vigor desde el 1 de agosto, pero aplican a las peticiones pendientes y aquellas presentadas durante o después de la fecha de publicación de la guía.

Una de las actualizaciones del manual más preocupantes para muchos inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses es que haber solicitado la residencia, también llamada green card, por el vínculo matrimonial no elimina la posibilidad de ser deportado.

Antes de que la guía fuera actualizada, un peticionario de residencia casado con alguien de EEEUU podía ser expulsado, excepcionalmente, por ejemplo, si la persona tenía antecedentes penales.

Ahora, USCIS puede emitir una Notificación de Comparecencia (NTA) en cualquier momento del proceso, si se considera que el solicitante es expulsable.

Esto afectaría principalmente a inmigrantes que carezcan de estatus legal en el momento de presentar la solicitud, pero también podría aplicar a solicitantes que hayan ingresado de manera irregular, a personas con sus visas estadounidenses vencidas o con estatus de protección temporal cancelados y a los llamados Dreamers (inmigrantes indocumentados que llegaron a EEUU siendo niños, llevados por sus padres, y no tienen estatus migratorio legal).

La nueva guía además someterá los matrimonios de inmigrantes con ciudadanos estadounidenses a un examen más exhaustivo.

Ello obliga a los funcionarios de inmigración de EEUU a revisar con mayor profundidad: el historial migratorio del solicitante; la existencia de peticiones anteriores, tanto por parte del mismo peticionario hacia otras personas como del beneficiario con otros cónyuges.

Asimismo, serán sometidas a escrutinio las uniones en las que uno o ambos cónyuges era menor de 17 años en el momento del matrimonio y en las que existe una diferencia de edad de diez años o más.

Anteriormente, la inspección de estos matrimonios quedaba a discreción del funcionario a cargo. Lo mismo ocurría con la decisión de entrevistar a los cónyuges. Estas entrevistas también son obligatorias desde el 1 de agosto, incluso si la documentación es consistente y no existen motivos para dudar de la autenticidad de la relación.

En casos de matrimonios celebrados en circunstancias inusuales, como que el inmigrante esté en un proceso de deportación, las entrevistas serán más largas y con preguntas encaminadas a detectar inconsistencias en las versiones de ambos cónyuges. Se prevé que duren hasta dos horas.

USCIS destacó que se valorarán pruebas presentadas por la pareja que demuestren que la relación es real, especialmente cuentas bancarias conjuntas, contratos de alquiler o propiedad firmados por ambos, actas de nacimiento de hijos comunes que incluyan los nombres de ambos padres, y declaraciones juradas de familiares y amigos asegurando que el vínculo es genuino.

Ante la ausencia o la insuficiencia de evidencias de ese tipo, el funcionario encargado puede emitir una Solicitud de Evidencia (RFE) o incluso una Notificación de Intención de Denegar (NOID), lo que prolongaría el proceso.

Uno de los resultados previsibles de la mayor rigurosidad en los exámenes que establece la guía actualizada de USCIS es que en cada caso los funcionarios tendrán que invertir más tiempo y el sistema se ralentizará.

Hasta junio, la agencia estadounidense acumulaba más de 2,4 millones de peticiones. De ellas, 1,9 millones esperaban resolución hacía más de seis meses.