En El Salvador, el régimen de excepción fue decretado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, tras un fin de semana particularmente violento en el que más de 80 personas fueron asesinadas en tres días, un evento atribuido a las pandillas del crimen organizado.
La medida, inicialmente concebida como una respuesta temporal a la escalada de homicidios, suspendió garantías constitucionales claves como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el límite de 72 horas para la detención administrativa, que se extendió a 15 días y hasta dos años para investigaciones.
El régimen de excepción ha transformado profundamente el panorama de seguridad en el pequeño país centroamericano, pero al mismo tiempo le colocó en el centro del debate, en vista de las violaciones a los derechos humanos denunciadas por organizaciones nacionales e internacionales.
Según un informe reciente de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), al menos 427 personas han fallecido en cárceles salvadoreñas bajo custodia estatal en el contexto de esta medida.
El número de 427 muertes en prisión reportado por SJH este 14 de julio ha puesto en el centro del debate nuevamente las condiciones en las cárceles salvadoreñas bajo el régimen de excepción. Según la ONG, el 94% de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros, y todos eran personas procesadas sin condena, lo que evidencia una grave vulneración al principio de presunción de inocencia.
El SJH ha alertado que el número real de muertes podría superar las 1.000, pero sostiene que las autoridades estarían ocultando casos mediante juicios masivos que dificultan el seguimiento individual de los reclusos.
Desde su implementación, el régimen ha sido prorrogado en 40 ocasiones por periodos de 30 días, consolidándose como la principal estrategia del Gobierno para combatir la delincuencia. Según datos oficiales, más de 87.100 personas han sido detenidas bajo este marco, acusadas de pertenecer o colaborar con pandillas, aunque el propio Gobierno ha reconocido que al menos 8.000 de estos detenidos podrían ser inocentes.
Teniendo como telón de fondo las prórrogas consecutivas del estado de excepción desde hace algo más de tres años, el Gobierno de Bukele llevó adelante en breve tiempo la construcción de una megacárcel, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que según las autoridades fue diseñada para albergar a miles de reclusos en condiciones de máxima seguridad. Junto a esto, se han llevado adelante reformas del sistema judicial penal, como la aprobada en 2023, que permite juicios masivos por grupos de pandillas, eliminando procesos individuales.
El presidente Bukele y los representantes de otros poderes públicos que le son afines al mandatario defienden la política de seguridad llevada adelante. El Salvador cerró 2024 con 114 homicidios, cerca de un 26% menos que los registrados en el 2023, de acuerdo con datos divulgados el 1 de enero de 2025 por el fiscal general, Rodolfo Delgado. Hace una década atrás el país centroamericano llegó a contabilizar casi 7.000 homicidios en un año.
La drástica reducción de los crímenes ha consolidado la popularidad de Bukele, quien en febrero de 2024 comenzó su segundo periodo tras ser reelecto con el 82,76% de los votos, a pesar de que constitucionalmente en El Salvador está prohibida la reelección inmediata. El primer Gobierno de Bukele arrancó en febrero de 2019.
Pese a la popularidad del presidente, dentro y fuera de El Salvador, las voces de alarma de la sociedad civil están encendidas ante lo que denuncian como excesos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos humanos.
Ingrid Escobar, directora de SJH, ha denunciado que las muertes se deben principalmente a torturas, con un 48% de los casos atribuidos a muertes violentas, y a la negligencia médica, que representa un 33% de los decesos por falta de tratamiento para enfermedades preexistentes o adquiridas en prisión.
Entre los casos documentados por esta ONG, se encuentran historias como la de Rosa Avilés, una mujer de 76 años que murió en noviembre de 2022 y cuya familia no fue informada hasta tres meses después, cuando descubrieron que había sido enterrada en una fosa común.
Según Zaira Navas, abogada de Cristosal, estas muertes reflejan "una política deliberada para no proteger a las personas privadas de libertad". Hace dos meses, la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, al frente de la unidad anticorrupción de esta reconocida ONG, fue detenida y acusada penalmente de manejo irregular de fondos.
Cristosal ha documentado más de 3.600 denuncias de abusos, incluyendo violaciones y agresiones sexuales contra mujeres detenidas, y ha señalado que el régimen criminaliza a las personas más vulnerables, especialmente aquellas en zonas de pobreza. Amnistía Internacional, en tanto, ha denunciado que el régimen ha limitado el acceso a la Justicia, con detenciones basadas en criterios vagos como tener tatuajes o vivir en áreas controladas por pandillas.
Finalmente, el debate ha salido de la esfera de las ONG y el Gobierno. La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) ha sumado su voz a las críticas, pidiendo en mayo pasado de forma inédita la derogación del régimen de excepción. Los obispos argumentaron que, aunque la medida pudo ser necesaria inicialmente, su prolongación por más de tres años ha restringido libertades fundamentales y ha servido para perseguir a defensores de derechos humanos.
Donde c☻j☻n3s estaba esa "ong" cuando las maras y las guerrillas ñangaras desangraban el Pais?
La cuestión es ¿Cuántas muertes de ciudadanos inocentes se han evitado hasta ahora después de que Bukele haya metido en la cárcel a todos esos delincuentes?
Para los que critican a Bukele incluyendo el tal Pericoperez cuando dice que el CECOT es un campo de concentración, le digo que cuando las pandillas junto a lo corruptos de la extrema izquierda y derecha campeaban a sus anchas en El Salvador el país INTEGRAMENTE era un campo de concentración y tortura con asesinatos horribles que la mayoría del mundo incluyendo la ONU, las ONG y la Conferencia Episcopal del Salvador daban como "inevitables muertes colaterales" por lo cual si hubiera vivido en el Salvador en ese momento la llegada y acciones del Sr Bukele lo hubiera visto como un envio divino.
El asunto es francamente delicado. Bukele ha resuelto el problema de la delincuencia en El Salvador, algo para lo que tuvieron muchísimo tiempo los gobiernos anteriores y no lograron. A puro chingadazo, pero lo resolvió. O sea, respetando los derechos ciudadanos no se logra el objetivo (que es la paz y seguridad ciudadana), y violándolos, sí. La conclusión que obtendríamos si alimentáramos esos datos a una IA sin alma o sentimientos de humanidad, sería que los derechos ciudadanos no sirven de mucho si se los otorgamos por igual a los delincuentes y a los honrados. Entonces, habría que aceptar lo que pudiéramos llamar "las bajas colaterales"? El fin justifica los medios? Eso pone en ridículo a todo el tinglado legal de las democracias. Del carajo.
CREO QUE ESO ES UN CAMPO DE CONCENTRACION... NI LA ONU, OEA. CORTE INTERNACIOANAL FUNCIONA. CREO QUE SON ORGANIZACIONES COMPICE DE ASESINATOS.... COMO EN CUBA, RUSIA, KOREA DEL NORTE. VENEZUELA, NICARAGUA, GAZA. UCRANIA... LOS GOBERNANTES , Y MATONES DE ESTOS PAISES SON RECIBIDOS COMO HEROES... EN EL MUNDO... HASTA DIAZ CANEL EL PRESIDENTE NARCO DE CUBA VISITO NEW YORK FUE EN EL ANO 2023 PARA LA REUNION DE LA ONU, NADIE LO DETUVO POR COMETER CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD... FUE OTRA REUNION DE LA ONU,.. BLA, BLA,BLA, TODO SIGUE PEOR.....................
Solo en Brasil en una semana mueren más delincuentes que los asesinos en el hotel de Bukele , en carnavales casi 100 diarios.Claro el socialistoide autor con estaca en el ojo del" arco de triunfo "mira pajitas en ojos de la cabeza ajena.....