Bukele vuelve a cargar contra las ONG y revive un proyecto de ley para controlarlas

A los continuos ataques verbales y señalamientos contra organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, el presidente de El Salvador dio un paso adelante para controlar el financiamiento internacional de la sociedad civil y el periodismo independiente en este país centroamericano, al revivir un proyecto de ley que intentó impulsar sin éxito en 2021.

A diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, en este momento el llamado bukelismo tiene un control prácticamente absoluto de la Asamblea Legislativa con lo cual se da por descartado que su anuncio, este 13 de mayo, de una nueva propuesta de Ley de Agentes Extranjeros avance sin contratiempos y termine siendo aprobada por el Parlamento salvadoreño, por lo general plegado a la política de Nayib Bukele luego de que su partido Nuevas Ideas se impusiera ampliamente en las elecciones parlamentarias de 2024.

De un total de 60 legisladores, el partido de Bukele cuenta con 54 y otros dos partidos minoritarios apoyan, usualmente, la agenda del presidente. Los dos partidos que protagonizaron la dinámica política de El Salvador, tras los acuerdos de paz de 1992, son prácticamente inexistentes hoy. El conservador Arena quedó con dos escaños, mientras que el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, apoyado largamente por el régimen de Fidel Castro, no obtuvo representación legislativa.

Con tal escenario parlamentario, tras conocerse el anuncio de Bukele se espera la aprobación de este proyecto de ley, que de inmediato generó rechazo y cuestionamientos.

Según el mandatario, la ley tiene como objetivo "transparentar" los fondos provenientes del exterior, combatir la evasión fiscal y prevenir el lavado de dinero. La propuesta de Bukele incluye un impuesto del 30% sobre cualquier donación internacional que reciban organizaciones civiles en El Salvador, incluyendo los medios de prensa independientes.

Una vez que se apruebe la ley, y de acuerdo con lo anunciado por Bukele, las personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento extranjero estarán obligadas a registrarse como "agentes extranjeros" ante el Ministerio de Gobernación.

Además del registro, se pondrá en práctica un impuesto del 30% sobre cualquier donación internacional, con el argumento de que estos fondos podrían estar ligados a actividades que desestabilizan al país o financian actos ilícitos.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Bukele señaló que la ley busca proteger los intereses del pueblo salvadoreño y evitar que "gobiernos extranjeros" o actores externos intervengan en los asuntos internos.

La reintroducción de la Ley de Agentes Extranjeros en 2025 ha reavivado la discusión que tuvo lugar en 2021, cuando el mismo Bukele intentó que se aprobara su proyecto, que establece controles oficiales sobre la sociedad civil y tendría impacto directo en entidades defensoras de derechos humanos y medios de prensa críticos con el Gobierno.

Juan Pappier, de Human Rights Watch, sostiene que la ley impulsada por Bukele sigue el modelo de regímenes autoritarios como los de Nicaragua, Venezuela y Rusia, donde legislaciones similares han sido usadas para clausurar ONG y perseguir a periodistas

Loida Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), advirtió que la ambigüedad de los términos usados por el oficialismo en El Salvador permitiría al Gobierno, al aprobarse la ley, interpretar de manera arbitraria qué actividades son "políticas" o "desestabilizadoras".

Para Robles, una dimensión que se verá afectada es la asistencia internacional a proyectos que brindan servicios esenciales a la población vulnerable.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha denunciado que la ley podría funcionar como una mordaza para los medios independientes, especialmente aquellos que dependen de cooperación internacional, como El Faro y Revista Factum.

Este 13 de mayo, una protesta vinculada a un conflicto de tierras en la Cooperativa El Bosque fue señalada por el presidente Nayib Bukele como manipulada por ONG y grupos de izquierda "globalista" para desestabilizar su Gobierno. Y fue en respuesta, según su narrativa, que tomó la decisión de enviar a la Asamblea Legislativa este proyecto de Ley de Agentes Extranjeros.

En noviembre de 2021, el Ministerio de Gobernación presentó un proyecto similar que generó una fuerte controversia. Aquella propuesta, también llamada Ley de Agentes Extranjeros, exigía el registro de organizaciones y personas que recibieran fondos del exterior, imponía un impuesto del 40% sobre las donaciones y prohibía actividades que el Gobierno considerara "políticas" o que "alteraran el orden público".

La iniciativa de 2021 fue ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos, medios independientes y la comunidad internacional. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunciaron que la ley buscaba silenciar a la prensa independiente y a la sociedad civil.

En el debate que generó el proyecto en 2021, organizaciones locales como Cristosal, FUNDE y El Faro, fueron señaladas directamente por legisladores oficialistas como posibles objetivos de la ley, acusadas de recibir fondos para desestabilizar al Gobierno.

La presión internacional, liderada entonces por EEUU y la Unión Europea, junto con la movilización de la sociedad civil salvadoreña, logró frenar entonces la aprobación de la ley.

Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han instado al Gobierno salvadoreño a no aprobar la ley, argumentando que viola estándares internacionales de derechos humanos y restringe la libertad de expresión y asociación.