La Administración de Donald Trump solicitó el jueves 8 de mayo a la Corte Suprema de EEUU que le permita poner fin al permiso humanitario conocido popularmente como parole, que benefició a cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
La apelación de emergencia pide a los jueces que eliminen una orden de un tribunal inferior que mantiene las protecciones legales para más de 500.000 personas que entraron legalmente en ese país amparados en una norma adoptada por la anterior Administración de Joe Biden.
Según la Casa Blanca, la decisión de la corte del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EEUU, que falló contra la anulación del parole, interfiere indebidamente en la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional.
"El tribunal de distrito ha anulado una de las decisiones de política migratoria más importantes de la Administración", escribió el procurador general, John Sauer, citado por la agencia de noticias AP.
La orden de la jueza Indira Talwani, en Boston, le prohibió a la Administración Trump poner fin anticipadamente al estatus legal temporal de los inmigrantes. Su fallo de mediados de abril se produjo poco antes de que los permisos de los beneficiarios fueran cancelados, exponiéndolos a una posible deportación.
Talwani, quien fue nombrada por el presidente demócrata Barack Obama, declaró que los inmigrantes en el programa que están legalmente en Estados Unidos ahora enfrentan la opción de "huir del país" o quedarse y "arriesgarse a perderlo todo". Indicó que la explicación del Gobierno para terminar el programa se basaba en "una interpretación incorrecta de la ley".
El caso es el último de una serie de apelaciones de emergencia que la Administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración.
Trump prometió durante la campaña deportar a millones de personas que están en el país ilegalmente. Su Administración también ha buscado desmantelar políticas de la Administración demócrata de Biden, que creó nuevas vías para que las personas vivan legalmente en Estados Unidos, generalmente por dos años y con autorización de trabajo.
Biden utilizó el permiso humanitario más que cualquier otro presidente, empleando una autoridad presidencial especial en vigor desde 1952. Los beneficiarios del parole incluyeron a más de 500.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que volaron a Estados Unidos con patrocinadores financieros en permisos de dos años desde finales de 2022, con autorización para trabajar.
Los defensores de esa política han calificado el movimiento de la Administración Trump para terminar el programa como "sin precedentes" y argumentaron que violaba la normativa federal.
Esta misma semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció "una oportunidad histórica" para que los inmigrantes irregulares que decidan autodeportarse usando la aplicación rebautizada como CBP Home reciban tanto asistencia para regresar a casa como financiamiento.
En un comunicado de prensa, el DHS informó que los inmigrantes que decidan salir del país voluntariamente recibirán 1.000 dólares. Aclaró que el dinero les será pagado una vez la aplicación confirme el retorno al país de origen.
El texto describe la autodeportación como una "manera digna de salir de EEUU", mediante la cual los inmigrantes irregulares evitarían ser arrestados. Señala además que, incluso con el pago de esa suma a los inmigrantes, el uso de CBP Home reducirá los costos de las deportaciones en un 70%.
De acuerdo con el comunicado de prensa, un inmigrante hondureño que ingresó a EEUU durante la Administración Biden ya usó el programa para reservar un pasaje de regreso a su país. Otros vuelos habrían sido reservados para la presente semana y la siguiente.
