La dinámica política en Venezuela dio un rápido vuelco. Tras una numerosa y pacífica jornada electoral del 28 de julio, en la que se evidenció un entusiasmo ciudadano por el cambio democrático, la respuesta gubernamental fue, en primer lugar, desconocer esta voluntad popular, al anunciar unos resultados inverosímiles, y luego activar una represión masiva de las voces ciudadanas a partir del mismo 29 de julio.
En cuestión de horas, con lo que la oposición ha denunciado como un fraude, Venezuela pasó de la votación a la represión. Ese es el tema central de esta emisión de Los Puntos a Las Íes, programa semanal de DIARIO DE CUBA, conducida por nuestro corresponsal en América Latina, Andrés Cañizález, y que contó con Carmen Beatriz Fernández, profesora de la Universidad de Navarra (España) y una reconocida experta en elecciones y comunicación política de América Latina, así como con el periodista y defensor venezolano de derechos humanos Oscar Murillo, quien es el actual coordinador general de Provea, una de las históricas entidades no gubernamentales de Venezuela.
Para Fernández, el meollo de la crisis política e institucional de Venezuela, en su nuevo capítulo tras las elecciones del 28 de julio, radica en la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) a brindar en su sitio en internet información auditable, que permita una verificación del resultado dado por ese organismo.
En un segundo boletín con resultados, Elvis Amoroso, presidente del CNE, sostuvo que el gobernante Nicolás Maduro obtuvo el 51,95% de los votos, mientras que el candidato de la opositora Plataforma de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, alcanzó el 43,18%. Sin embargo, una semana después de las votaciones no se han presentado actas que reflejen tal resultado, ni tampoco existen pruebas del presunto hackeo informático al sitio web del ente oficial denunciado por el oficialismo.
Fernández considera valido el resultado que ha ofrecido el comando de campaña opositor, que ha reunido más del 80% de las actas, a pesar de las distintas trabas impuestas a sus testigos y activistas. Según el conteo opositor de votos, que puede verificarse ya que las actas se escanearon y son de libre acceso en internet, González Urrutia obtuvo el 67% de los votos y Maduro el 30%. Fernández considera que tal resultado sí es verosímil y comprobable.
Fernández recordó además que ese resultado es coherente con las proyecciones de las encuestadoras más serias del país, así como con las encuestas a boca de urna (exit poll) que hicieron otras firmas, incluso extranjeras.
Para la experta en elecciones, lo sucedido en Venezuela es probablemente el fraude más abierto que se haya registrado en un proceso electoral en América Latina. A su juicio, resulta llamativa la decisión del Gobierno de Maduro de proseguir con el proceso electoral, es decir, de no impedir las elecciones antes del 28 de julio, para luego acudir al fraude cuando todos los ojos del mundo estaban sobre Venezuela.
Fernández, como Murillo, una en materia electoral y otro en el campo de derechos humanos, consideran que será crucial el papel de la comunidad internacional. Para poder documentar el fraude electoral será necesario una auditoría internacional independiente; mientras que en relación con la represión que ha cobrado vidas de nuevo en las calles de Venezuela, será determinante una actitud vigilante de otros países para condenar tales hechos y respaldar a las organizaciones locales que documentan los excesos.
Murillo resaltó que aunque el Gobierno de Maduro había dado señales contradictorias sobre su respuesta al resultado electoral, la magnitud de la represión ha terminado siendo sorprendente. En 2017 fueron detenidas más 4.000 personas en tres meses de protestas, mientras que en dos días (29 y 30 de julio) fueron apresadas más de 1.000 personas, según la propia Fiscalía General, un ente afín al poder ejecutivo.
Provea, y esto lo ratificó Oscar Murillo, ha denunciado que a muchos de los detenidos tras las elecciones de este 28 de julio se les incomunica, no se les permite escoger sus abogados y además centenares de ellos han sido traslados a prisiones alejadas del lugar de residencia de sus familias.
