La candidata presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar la inhabilitación que le impide competir para ocupar cargos de elección popular.
Sin avisar a medios de comunicación y luego de días evadiendo responder si acudiría al Supremo, la líder antichavista optó por apegarse a último minuto a este proceso de revisión de inhabilitaciones acordado entre el régimen y el mayor bloque antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cuyas solicitudes eran recibidas hasta el viernes, reportó EFE.
A su salida del TSJ, Machado declaró ante un pequeño grupo de periodistas que, tras su presentación en el tribunal, "ahora está la pelota del lado" del dictador venezolano, Nicolás Maduro, a quien le corresponderá, dijo, decidir si cumple con lo pactado con la comunidad internacional para garantizar elecciones "limpias" en 2024.
"Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no cumple con los acuerdos que ha asumido con actores de la comunidad internacional. El régimen tiene terror de medirse, están buscando excusas para impedir contarse conmigo", sostuvo.
Asimismo, recordó que su inhabilitación, impuesta por la Contraloría en 2015 y vigente hasta 2030, no le ha sido notificada, por lo que, en su caso no pidió recurrir un documento en concreto, debido, insistió, a su inexistencia.
"Como no hay notificación de inhabilitación, yo no voy a recurrir ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación, diciendo que no hay inhabilitación (...) nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para que hayan elecciones limpias y libres", remarcó.
Machado arrasó en las primarias opositoras del 22 de octubre, cuando recibió el 92,35% de los votos, por lo que espera medirse en los comicios del segundo semestre del próximo año contra el chavismo, cuyo candidato no ha sido oficializado, pese a que se da por hecho que Maduro buscará su tercer mandato.
"Venezuela tiene una gran esperanza al final de este año 2023, porque esto lo hemos ido construyendo siempre con base a la verdad, y es con la verdad que vamos a lograr liberar a nuestro país", dijo Machado.
"Yo tengo clarísimo cuál es mi mandato, que lo vamos a cumplir, pero aquí no hay excusas, no hay excusas para que se salgan de la ruta electoral", aseveró. "Nuestra fuerza está en la gente. Mi legitimidad está en la gente. El mandato que yo recibí fue el 22 de octubre y estoy habilitada por los venezolanos", enfatizó.
Y finalizó: "Nosotros estamos dedicados y concentrados a hacer nuestra parte y lo mío es organización ciudadana, movilización y un gran acuerdo nacional".
Estados Unidos celebró la decisión de Machado en un mensaje en la red social X de su Embajada en Venezuela, que opera en Bogotá, después de la ruptura de relaciones entre Caracas y Washington en 2019 por el desconocimiento de la Casa Blanca a la reelección de Maduro un año antes, en unos comicios que el grueso de la oposición denunció como un fraude.
"Aplaudimos a María Corina Machado y a los otros candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inhabilitaciones", publicó la sede diplomática. "Ahora corresponde a los representantes de Nicolás Maduro demostrar su compromiso con unas elecciones competitivas e inclusivas", agregó.
El pasado 30 de noviembre, el TSJ anunció que daría luz verde a un procedimiento mediante el cual las decenas de políticos inhabilitados en el país pudiesen solicitar revisiones de las medidas que les impiden ejercer cargos públicos.
El máximo órgano del Poder Legislativo instruía a los interesados en esta revisión introducir un "recurso contencioso administrativo" y una "solicitud de amparo cautelar" en un plazo de 15 días, que vencía el viernes.
El anuncio se hizo en las últimas horas del plazo que había otorgado Estados Unidos para que Caracas mostrara avances tanto en el proceso de retiro de inhabilitaciones como en la liberación de presos políticos, dos condiciones pactadas en Barbados para que el Departamento del Tesoro levantase las sanciones contra la industria petrolera venezolana.
