El Consejo de la Unión Europea (UE) extendió "excepcionalmente" sus sanciones contra el régimen de Venezuela seis meses en vez de un año, como es habitual, al apreciar como un "paso positivo y necesario" el acuerdo entre el chavismo y la oposición para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.
"El Consejo acoge con satisfacción el acuerdo político liderado por Venezuela del 17 de octubre de 2023, en Barbados, que representa un paso positivo y necesario en la continuación de un proceso de diálogo integrador y hacia la restauración de la democracia en Venezuela", indicó el Consejo (los países) de la UE en un comunicado, citado por EFE.
En este contexto y en el marco de la revisión anual de sus medidas restrictivas, el Consejo decidió "acortar excepcionalmente de 12 a seis meses" el periodo para la próxima renovación, prevista por lo tanto para el 14 de mayo.
La prórroga de las sanciones se produjo a pesar de la petición de España de revisarlas tras los acuerdos alcanzados entre Gobierno y oposición en las negociaciones.
La UE recordó que está dispuesta a "dar pasos" y "considerar la flexibilización o la revocación" de las sanciones "en función de la evolución de la situación y de la aplicación de este acuerdo político".
También de los "los avances realizados" para la liberación incondicional de todas las personas detenidas "injustamente" y en favor de la libertad de expresión, incluida la de los miembros de la prensa; la independencia del proceso electoral y de las instituciones judiciales que permitan unas elecciones creíbles, integradoras, transparentes y democráticas, y el respeto de los derechos humanos y políticos.
El Consejo volverá así a evaluar estas sanciones dentro de seis meses, aunque "está dispuesto" a volver a tratar este asunto "en cualquier momento", sobre la base de "avances concretos, sostenibles y verificables" en relación con la situación en Venezuela.
Las medidas restrictivas impuestas por la UE a Venezuela incluyen un embargo de armas y de material para la represión interna, así como la prohibición de viajar y la congelación de activos de 54 personas.
Las medidas afectan, entre otros, a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y en relación con la última revisión, se ha eliminado de la lista negra a una persona fallecida.
Estas sanciones, en vigor desde noviembre de 2017, se impusieron en respuesta al "continuo deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela", recordó el Consejo, con vistas a "ayudar a fomentar soluciones democráticas compartidas" que aporten "estabilidad política al país y permitirle abordar las necesidades acuciantes de la población".
Las medidas "selectivas" son "flexibles y reversibles" y están diseñadas para no perjudicar a la población venezolana, aseguró el organismo.
Venezuela tiene previsto celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, como acordaron el Gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria el pasado octubre en Barbados, donde firmaron un "acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos", que contempla, entre otros puntos, la observación internacional.
En reacción, el Gobierno de Venezuela calificó de "arrogante e ilícita" la decisión de la Unión Europea. Caracas manifestó que con esta medida la UE reitera la continuidad de su política "injerencista en los asuntos internos de Venezuela, aplicando medidas degradantes, dañinas e injustas, que, en este caso, pretenden castigar a ciudadanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley".
El Gobierno que preside Nicolás Maduro aseguró que la democracia de las instituciones de esa nación es sólida y anunció que seguirá demandando el cese de esas medidas.
