El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) por dos años más, después que sus observadores afirmaran que en ese país se han cometido crímenes de lesa humanidad.
La resolución sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela aprobada el viernes fue liderada por Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay, y obtuvo 19 votos a favor, cinco en contra y 23 abstenciones.
A favor de la prórroga del mecanismo estuvieron Brasil, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Islas Marshall, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, República de Corea, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
Solamente Bolivia, China, Cuba, Eritrea y Venezuela votaron en contra, reseñó La Voz de América.
El más reciente informe de la Misión, presentado a fines de septiembre último, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron "crímenes de lesa humanidad" y señaló a Nicolás Maduro como cabecilla de planes de represión contra la disidencia.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, rechazó el proyecto de resolución, lo calificó de "hostil iniciativa" y adelantó que "entorpecerá las relaciones de cooperación y asistencia técnica" de Caracas con la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU (ACNUDH).
"El proyecto de resolución puede incidir negativamente en los procesos de diálogo entre los principales actores políticos del país e incluso constituye un triste mensaje para la comunidad de naciones, en un momento en el cual Caracas es sede de importantes conversaciones de una paz regional tan anhelada", dijo Constant durante el debate.
La Habana, estrecha aliada de Caracas, rechazó el "uso de mecanismos de derechos humanos para incentivar una política de hostilidad contra el pueblo y el Gobierno venezolanos".
No obstante, varios países, entre ellos Paraguay, insistieron durante el debate en que es necesario que el Consejo continúe abordando la situación de los derechos fundamentales en Venezuela y subrayó que, aunque la resolución reconoce que el Estado venezolano "ha dado pasos razonables" en la dirección correcta, los desafíos "son enormes".
Por su lado, la delegación de México se abstuvo argumentando las gestiones que realiza el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador "a efecto de mantener las negociaciones políticas para albergar los diálogos de paz entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria" de la oposición.
La Misión fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y ejerció durante dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014, pero fue prorrogado hasta septiembre de 2022.
El proyecto de resolución L41, aprobado el viernes, fue copatrocinado por 48 países y manifiesta preocupación por las "continuas y graves violaciones y transgresiones de los derechos humanos" en Venezuela y respalda la prorrogación del mandato de la Misión "con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas".
Además, insta al Estado venezolano a liberar "inmediatamente" a todos los presos políticos y a todas las personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, dando prioridad a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
También solicita al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que siga vigilando la situación de los derechos humanos en Venezuela, informando al respecto y proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla.
En noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y a principios de este año el fiscal de es organismo, Karim Khan, anunció que acordó con Maduro la instalación de una oficina en el terreno.
En abril pasado, la Fiscalía de la CPI notificó que pedirá a la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal que autorice la reanudación de su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Khan argumentó que Venezuela no "adjuntó material de respaldo" y, en cambio, se refirió a los "nueve informes que había presentado previamente a la Fiscalía desde 2020 durante el examen preliminar de la situación". Actualmente, se espera que el fiscal introduzca la solicitud formal para la continuación de la investigación.
