Las instituciones en Perú han tenido este 17 de junio un punto de inflexión. Por primera vez en la vida democrática de este país sudamericano, un presidente en ejercicio del poder acudió ante la Fiscalía, que le investiga por una trama de corrupción. Durante unas cuatro horas estuvo Pedro Castillo ante los fiscales que tratan de determina su papel en la asignación de obras públicas a cambio de sobornos.
Castillo, quien no cumple aun un año en el poder, protagoniza un nuevo capítulo de lo que parece ser una novela por entregas. El ex maestro y dirigente gremial del magisterio, que se juramentó como presidente de Perú el 28 de julio de 2021, ha establecido varios hitos en los pocos meses que lleva en el poder: varios gabinetes, incluso uno de ellos de escasas semanas, distintos intentos legislativos de apartarlo del cargo, así como renuncias virulentas de colaboradores que le apoyaron
El Gobierno de este fenómeno electoral de 2021, con un discurso de izquierdas que prometía grandes cambios estructurales, se ha enfocado en verdad en permanecer en el poder.
El fiscal general ha encontrado indicios de que el jefe de Estado encabezó una trama de corrupción. Castillo y su entorno se habrían beneficiado de otorgar de forma irregular la construcción de un puente por 62 millones de dólares. Tres señalados formaban parte del círculo de confianza y este trío huyó de la Justicia: el ex ministro de Transportes, Juan Silva; el ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco; así como un sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo.
A lo largo de esta semana e incluso este viernes, tras estar largas horas ante la Fiscalía, Castillo ha reiterado que no existen pruebas que le involucren a él directamente en un caso de corrupción. "Nosotros no hemos metido la mano para robar", arguye el mandatario. Varios empresarios involucrados en este caso están actualmente en disposición de colaborar con la Justicia peruana para reducir sus sanciones.
La Fiscalía activó una investigación desde el año pasado al conocerse que Karelim López, involucrada en varias tramas del fujimorismo, había realizado visitas a una casa en Lima en la cual el propio Castillo y su equipo más cercano despachaba como jefe de Estado en las primeras semanas de su gestión.
A juicio del veterano periodista de investigación Gustavo Gorritti, el presidente Castillo no tiene formación, ni idea de lo que es un gobierno, ni conocimiento ni horizonte de quién es quién en la política peruana.
Esto ha constituido una seria limitación, reflejada en los zigzagueantes 11 meses de Castillo en la presidencia de Perú, sin haber podido avanzar en sus promesas de campaña y con un notable desgaste en materia de su valoración pública.
Según una encuesta de Ipsos Perú para América TV, difundida este 13 de junio, apenas 23% de los peruanos consultados apoya al mandatario, y en contrapartida un 70% que rechaza su gestión. En relación con la investigación de la Fiscalía, 60% de los encuestados se manifestó a favor de que se determine el papel de Castillo en la trama de corrupción ya descrita.
Karelim López, por otro lado, también figura en los registros de visitas de Palacio de Gobierno y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en los días previos a que el Consorcio Puente Tarata III (formado por las empresas H.B, Tapusa y Termirex) ganara la licitación para construir el millonario puente en la amazónica región San Martín.
Castillo aseguró, por su parte, que había concurrido a la Fiscalía en "un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la Justicia". Se desconoce lo testificado por el presidente y tampoco existe precisión sobre qué pasos dará la Fiscalía tras tener este testimonio.
El diario limeño Perú 21, entretanto, señaló que durante la audiencia de tutela de derechos que solicitó la defensa del presidente, que buscaba anular la investigación en su contra, el fiscal anticorrupción Samuel Rojas aseguró que existen declaraciones donde se señala que Karelim López le habría entregado dinero directamente al jefe de Estado.
Según la Constitución peruana, un presidente en ejercicio solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, por impedir las elecciones, o por impedir el funcionamiento del Congreso y los organismos electorales. Es por esto que este caso, que incluye tanto la decisión de la Fiscalía como la actuación de Castillo, que finalmente optó por colaborar con otro poder público, abre una ruta llena de incertidumbre sobre qué acarrearía, a fin de cuentas, la culpabilidad del presidente, en caso de que sea demostrada.
"El proceso ante la Fiscalía, me temo, forma parte de una suerte de estrategia que busca minar la credibilidad de Castillo, para tener como un siguiente paso una nueva votación en el Congreso para destituirle declarándole incapacitado para ejercer la presidencia", comenta a DIARIO DE CUBA una diplomática europea radicada por largos años en Lima.
"Se están sumando muchos frentes, ya no es sólo la oposición en Lima de fujimoristas y otras fuerzas de derecha, es también el malestar de sus bases de apoyo que no ven una actuación coherente de Castillo con los postulados de izquierda que le llevaron al poder. Su Gobierno es sencillamente ineficiente", resume esta diplomática el contexto que envuelve al Gobierno peruano, que en seis semanas cumplirá el primero de sus cinco años de mandato.
Casi todo el mundo concuerda en que los politicos son basura, pero que trabajo les cuesta entender algunos que la izquierda rima con m...da.
Cómo si no hubiera sido absolutamente obvio que el tipo era un penoso payaso que ni remotamente se prestaba para tal puesto y que iba a poner a Perú en el ridículo. Pero no, había que actuar, otra vez, a lo letrinamericano, porque tal gente ni aprende ni escarmienta.
Lo mejor para Perú es la pronta dimisión del presi sombrerudo.
Se solicitan payasos para los circos. Castillo tendrá empleo cuando renuncie. Se ve muy friki con ese sombrerón.
Ahora, hablando en serio, la Constituyente es el camino para hacer en Perú lo mismo que Chávez en Venezuela. Otro país que se va a jorobar si no quitan a Castillo de la presidencia.