Hay 52.000 cadáveres sin identificar en fosas comunes y servicios forenses en México, así como 95.000 desaparecidos registrados, informó el jueves la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en un panorama que las autoridades califican como de "crisis forense".
Según dijo el subsecretario Alejandro Encinas, la entidad estatal está en diálogo con legisladores y entidades federativas para crear el Centro Nacional de Identificación Humana, que debería conseguir revelar la identidad de las personas muertas, la mayoría de ella asesinadas.
Al hacer un balance de la atención en materia de derechos humanos en los tres años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Encinas anunció que para avanzar en este proyecto se firmó un convenio con el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Universidad de Innsbruck para homologar los procesos de identificación de muestras complejas, porque en México existen los equipos necesarios para hacerlo.
"De ahí la importancia de hacer un replanteamiento de los servicios forenses. Estamos, con la autorización del presidente, discutiendo con el Congreso. Lo haremos con familiares de víctimas, la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana para atender el rezago y establecer mecanismos de identificación masiva", explicó, según el periódico mexicano Milenio.
Según el funcionario, la SEGOB ha realizado 2.200 jornadas de búsqueda en 28 estados y 314 municipios, a un costo de más de 1.247 millones de pesos. Los recursos se han utilizado, entre otras cosas, para construir tres centros de identificación humana y cinco centros de resguardo temporal de cuerpos.
"Uno de los ejes fundamentales de la política emprendida ha sido establecer relación de atención y respuesta a familiares de las víctimas. Existen muchos agravios, hay una profunda indignación frente a la capacidad de respuesta del Estado. En segundo lugar, fortalecer las capacidades institucionales de todo el Estado mexicano", agregó.
"Desde el inicio de este Gobierno hemos asumido plenamente nuestra responsabilidad, reconociendo una crisis humanitaria y de violación de los derechos humanos que, lamentablemente, se profundizó ante las ausencias y omisiones del Estado para enfrentar esta situación", apuntó Encinas.
