Los miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron el lunes nuevas sanciones contra ocho dirigentes nicaragüenses responsables del deterioro democrático y la represión contra la oposición, incluida la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.
Las restricciones individuales buscan castigar a responsables "de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua", señaló el Consejo de la Unión Europea en un comunicado.
Con esta nueva tanda de sanciones se eleva a 14 el número de dirigentes nicaragüense en la lista negra europea. Las personas afectadas están sujetas a la inmovilización de bienes, a la prohibición de poner fondos a su disposición y una prohibición de viajar a la UE, subrayó el reporte de Europa Press.
De esta forma, la UE responde a la "espiral represiva" en Nicaragua, según describió el propio Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, tras la ola de detenciones de candidatos, activistas, periodistas y empresarios en el país, que ya mira a las elecciones presidenciales de noviembre.
El dictador Daniel Ortega, al que Borrell criticó haber optado "por la vía de la confrontación", todavía no aparece en la lista de sancionados, aunque se estrecha el cerco sobre su figura tras las sanciones contra la vicepresidenta y primera dama y al hijo de ambos, Juan Carlos Ortega, director de un canal de televisión oficialista.
Los Veintisiete también sancionaron, entre otros, al presidente de la Asamblea de Nicaragua, Gustavo Eduardo Porras; la fiscal general Ana Julia Guido de Romero; y el dirigente de la Policía Nacional, Juan Antonio Valle. A todos ellos les atribuye un papel relevante en la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática.
La situación política en Nicaragua se ha deteriorado aún más en los últimos meses. La deriva autoritaria de Ortega se ha evidenciado con la detención de periodistas, activistas y opositores, incluyendo varios candidatos presidenciales.
Además, el bloque europeo denunció el uso político del sistema judicial para excluir a candidatos e inhabilitar a partidos de la oposición, medidas que dañan la credibilidad del proceso, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OEA y la UE.
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