El juez Thomas Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, Estados Unidos, rechazó el viernes la petición del expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006) de denegar su extradición a causa de un tecnicismo legal, por lo que el proceso judicial sigue adelante.
En su resolución, a la que tuvo acceso la agencia EFE, el magistrado determinó que "el lenguaje simple del tratado (de extradición entre Perú y Estados Unidos) no parece que imponga límites técnicos a la manera cómo el Estado presenta cargos contra una persona".
Así, Hixson tumbó la última línea argumental de la Defensa de Toledo, que sostenía que los artículos I y IV del tratado exigen que Perú haya presentado cargos de manera formal para poder pedir la extradición de un acusado, y que eso no habría ocurrido.
"Con esta interpretación de lo que significa que se hayan presentado 'cargos en su contra', la Corte halla que sí se han presentado cargos contra Toledo y que esos documentos estaban incluidos en la petición de extradición", escribió el juez.
El magistrado también señaló que esa misma interpretación es la que han seguido los tribunales estadounidenses en otros casos parecidos con los tratados de extradición entre Estados Unidos y otros países.
En una vista celebrada de forma digital por la pandemia de Covid-19 unas horas antes este mismo viernes, Hixson ya se mostró escéptico sobre los argumentos del abogado del exmandatario, Graham Archer, y puso en duda tanto su interpretación del tratado de extradición como la validez de los precedentes, a los que este recurrió para justificar su postura.
"La jurisprudencia indica que la Justicia de Estados Unidos no debe entrar en valoraciones sobre los sistemas judiciales de otros países", dijo Hixson a Archer cuando este le pedía que determinara si Perú presentó formalmente o no cargos contra el exmandatario.
Pese al aparente rechazo del magistrado durante la audiencia, Archer se mostró muy beligerante en este campo e insistió en que "en los últimos tres años, todo lo que ha habido (contra Toledo) es una investigación" y en la idea de que las autoridades peruanas "emitieron una petición de extradición prematura".
Vistas las reticencias del juez con estos argumentos, el abogado llegó a adelantar que si este no les daba la razón —como finalmente ha ocurrido—, apelarían la decisión.
Al exmandatario peruano se le investiga por presuntamente haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú cuando aún era presidente. Toledo ha pasado los últimos años prófugo de la Justicia peruana en el área de la bahía de San Francisco, en Estados Unidos.
Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, Toledo recibió millonarios sobornos de Odebrecht mediante el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien supuestamente luego ingresó ese dinero a cuentas en Costa Rica, entre ellas de la empresa Ecoteva, fundada por la suegra del expresidente.
Maiman, quien reside en Israel, aceptó a fines del año pasado ser "colaborador eficaz" (delator premiado) de la Fiscalía peruana, tras haber declarado que prestó las cuentas de sus empresas para recibir unos 35 millones de dólares de Odebrecht destinados a Toledo.
Por ese motivo, el exgobernante está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, y desde febrero de 2017 tiene una orden de captura internacional y un mandato de 18 meses de prisión preventiva.
Tras haber pasado ocho meses en prisión en Estados Unidos, el juez permitió al expresidente salir de la cárcel y permanecer bajo arresto domiciliario desde el pasado marzo para evitar riesgos por la pandemia —Toledo tiene 74 años y es población de riesgo—. El día de su vista de extradición está fijado para el 11 de marzo del próximo año.