Este viernes, la Comisión Europea (CE) multó por valor de 6.678.000 euros a la empresa hotelera española Meliá por "operar con cláusulas que discriminaban entre los consumidores del Espacio Económico Europeo en función de su lugar de residencia", informó el diario El Mundo.
"La investigación de la Comisión mostró que Meliá había suscrito contratos con operadores turísticos que limitaban las ventas activas y pasivas de alojamientos hoteleros", informó, por su parte, la CE en un comunicado.
"En este momento del año, muchas personas están haciendo reservas para sus vacaciones de verano y buscando las mejores ofertas. Meliá impidió a los operadores turísticos ofrecer libremente alojamientos hoteleros en todos los lugares de Europa. Como consecuencia, los consumidores accedieron a ofertas distintas y precios distintos en función de su nacionalidad. Esta práctica es ilegal con arreglo a las normas de defensa de la competencia", explicó Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la CE.
A inicios de 2017, el ente europeo comenzó a investigar varias cláusulas de Meliá que discriminaban ilegalmente a los clientes en función de su nacionalidad o país de residencia.
En efecto, la CE concluyó que los contratos de la mayor hotelera española con operadores turísticos contenían una cláusula que validaba las reservas de clientes residentes en ciertos países concretos.
"Como consecuencia, los consumidores no podían visualizar todos los alojamientos disponibles o reservar habitaciones a los mejores precios con operadores turísticos de otros Estados miembros", explicó El Mundo.
Según la CE, Meliá privó a sus consumidores de la posibilidad de disfrutar de una gama más amplia de elección.
La empresa española, por su parte, logró una reducción del 30% del importe de la multa por haber colaborado con la CE durante sus investigaciones.
En las últimas semanas los directivos de Meliá también se colocaron en el medio de la polémica, después que el Gobierno de EEUU sancionara a toda la cúpula del grupo hotelero y les impidiera acceder a territorio estadounidense, por operar instalaciones turísticas cubanas que fueron construidas sobre terrenos expropiados por el régimen de Fidel Castro a sus dueños, tras el triunfo de la Revolución.
