El Gobierno colombiano ofreció este jueves una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos (unos 938.000 dólares) por información que permita la captura del exlíder de las FARC alias "Jesús Santrich", contra quien la Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura, reportó EFE.
El director de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa, informó en su cuenta en Twitter que se emitió la circular roja de Interpol con la cual se busca ubicar y capturar al congresista Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich".
El mensaje viene acompañado de un cartel de "se busca" con la fotografía de Santrich y la promesa de recompensa.
"Interpol acaba de expedir Notificación Roja en 194 países para localizar y detener con miras de extradición a Colombia a 'Jesús Santrich'. Toda nuestra capacidad operacional y de coordinación interagencial para lograr este propósito", escribió el general Atehortúa.
Las notificaciones rojas de Interpol se utilizan para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país o por un tribunal internacional.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió este jueves que "denunciará internacionalmente" a cualquier país que eventualmente esté protegiendo a Santrich y que no haga efectiva la circular roja de Interpol para su captura.
"Ningún país puede darle protección. Y si hay alguno que le esté dando protección, lo vamos a denunciar internacionalmente. Pero no podemos dejar que se burle de los colombianos", aseguró Duque en una entrevista con la Emisora del Atlántico, en la caribeña ciudad de Barranquilla.
El proceso contra Santrich y por el cual es pedido en extradición por EEUU es por un supuesto delito de narcotráfico cometido después del 1 de diciembre de 2016 cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre del ese año.
Sin embargo, en mayo pasado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió a Santrich la garantía de no extradición con el argumento de que las pruebas aportadas por EEUU eran insuficientes y el caso pasó a la Corte Suprema que debe definir su situación.
Santrich, que el 11 de junio pasado asumió el escaño en la Cámara de Representantes para el cual fue indicado por el partido FARC, dejó plantados a los escoltas de su esquema de seguridad oficial el pasado 29 de junio y desde entonces se desconoce su paradero.
Según el Gobierno, Santrich estuvo hasta ese día en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, situado en el departamento del Cesar (norte), donde desmovilizados de las FARC terminan de hacer su reincorporación a la vida en sociedad.
El martes pasado Santrich no acudió a una indagatoria para la que había sido citado por la Corte Suprema, que a raíz de esa ausencia ordenó su captura.
'Silla vacía'
El jueves la Procuraduría de Colombia (Ministerio Público) solicitó a la Cámara de Representantes que inicie el proceso para despojar de su escaño legislativo al exlíder de las FARC.
El proceso, denominado "silla vacía", es una figura legal que "imposibilita el reemplazo definitivo de miembros de corporaciones públicas contra quienes se profiera sentencia condenatoria" o "el reemplazo temporal en caso de emitirse orden de captura en su contra" como parte de procesos relacionados con narcotráfico, entre otros, recuerda la Procuraduría en su misiva.
Santrich es uno de los diez miembros de las FARC indicados por ese partido para ocupar un escaño legislativo, en este caso en la Cámara de Representantes, en virtud del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016.
La Procuraduría recordó que la sanción de la silla vacía "va dirigida tanto a quien corresponde" el escaño, en este caso Santrich, como "a los partidos y movimientos políticos", que en esta situación es el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en que se transformó esa antigua guerrilla.
El fundamento de la sanción se basa en "haber avalado o seleccionado a una persona a quien se le ha ordenado su detención" como parte de un proceso penal, puesto que "con dichos comportamientos se deslegitima la razón de ser, la naturaleza y fines de Estado".
"De esta manera se impide que algún miembro de una corporación pública pueda ser reemplazado", recoge la carta de la Procuraduría.
Agrega que esa norma "genera a todas las corporaciones públicas, entre ellas el Congreso, la obligación y el deber, en aquellos casos en que se den los elementos fácticos de la figura de la silla vacía, de no permitir el reemplazo del congresista que sea sujeto de orden de captura".