El denominado Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua rechazó este sábado una Ley de Amnistía, propuesta y aprobada por los legisladores sandinistas en tiempo récord, que absuelve de responsabilidad a quienes han cometido delitos en el marco de la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos.
"No aceptamos ninguna amnistía. Daniel Ortega busca la amnistía para encubrir sus crímenes cometidos por policías y paramilitares del régimen", denunció ese Comité en una declaración, indicó EFE.
Ese Comité, conformado por familiares de las personas encarceladas en el marco de la crisis, acusó al Gobierno de Ortega de querer "esconder la verdad" con esa amnistía y que su demanda es de justicia, verdad, reparación y no repetición.
Entre otros, ese grupo explicó que rechaza enérgicamente la Ley "porque nuestros hijos no son culpables de ningún crimen".
"Demandamos que se investiguen los crímenes cometidos contra manifestantes pacíficos, cuyos asesinatos aún siguen en la impunidad y no quieren ser investigados por el Estado de Nicaragua", exhortó.
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó este sábado con carácter urgente esa Ley que concede "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha".
La legislación, aprobada con los 70 votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) un día después de haber sido propuesta por el gobierno, permitiría también liberar a manifestantes arrestados en las protestas, a los que la administración del presidente Daniel Ortega llama "terroristas".
"Estamos ante un acto de soberanía que busca la paz y la reconciliación (...) Nos duele tener que amnistiar a asesinos confesos de policías, a torturadores", dijo durante el debate de la norma el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN en el Parlamento.
La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias.
Por tanto, según la Ley, las autoridades competentes no comenzarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias.
Asimismo, las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de la entrada en vigor de la Ley, deberán obtener su libertad de forma inmediata.
La norma cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, exceptuando aquellos regulados en tratados internacionales de los que Nicaragua es Estado parte.
La iniciativa ha sido rechazada por la oposición nicaragüense bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social.
También porque la Ley está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales se trató de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.
Según la oposición, con esa amnistía el Ejecutivo lo que pretende es liberar de acusaciones legales "a su gente", entre los que mencionan a la Policía Nacional y a los civiles armados que con las fuerzas de las armas levantaron los bloqueos en las vías que había instalado la oposición entre mayo y julio del año pasado para presionar al Gobierno.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia que ha dejado cientos de muertos es el Gobierno de Ortega, que a mediados de 2018 se valió de policías y fuerzas "parapoliciales" con armas de guerra, para atacar a civiles.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresó en una nota de prensa el viernes su preocupación por la legislación, ya que "podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de derechos humanos" cometidas en las protestas.
El Gobierno ya excarceló a 521 "presos políticos", pero aún están en prisión 182, según el Comité de Familiares de Presos Políticos. Producto de las protestas, más de 325 personas murieron, en su mayoría, manifestantes opositores, según organismos de derechos humanos.