"La operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente", afirmó este lunes en un comunicado la dirección del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.
La guerrilla justifica así el atentado con un coche bomba, realizado la semana pasada, que acabó con la vida de 20 estudiantes de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional y causó una gran conmoción en el país suramericano.
El atentado llegó tras meses de estancamiento en las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la cúpula guerrillera.
Unos diálogos que, iniciados en Quito en febrero de 2017, estuvieron a punto de desembocar en un cese al fuego bilateral indefinido a pocos días de que Juan Manuel Santos dejara la presidencia.
Sin embargo, desde que Iván Duque asumiera el poder, en agosto del año pasado, los diálogos han quedado en punto muerto.
El nuevo mandatario se ha visto atenazado entre el ala dura de su propio partido, el Centro Democrático, que percibe como una claudicación del Estado el diálogo con los guerrilleros, y la presión de una amplia capa de la sociedad colombiana favorable a una salida negociada del conflicto, postura que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional (en particular, de la Unión Europea).
Negociaciones de paz estancadas
La postura de Duque ha sido la de no volver a la mesa de negociaciones hasta que el ELN entregue a todos los secuestrados y cese de forma unilateral las acciones militares, si bien la guerrilla procedió en dos ocasiones a la entrega de militares y policías detenidos en los departamentos de Chocó y Arauca y declaró una tregua navideña.
A su vez, el ELN ha experimentado un auge en los últimos años al apoderarse de ciertos territorios y fuentes de recursos (narcotráfico, minería ilegal) anteriormente controlados por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Una situación que le da margen para no plegarse a las exigencias del Gobierno. Aun así, dada la imposibilidad de superar a las fuerzas del Estado, el ELN se encuentra ante la misma disyuntiva que en su momento se hallaron las FARC: terminar como un grupo criminal cuyo quehacer se reduciría al manejo de economías ilícitas, o negociar una salida del conflicto que le permita integrarse en la vida política del país e influir en su agenda.
En este sentido, como lo explica en una entrevista a la BBC León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, el reciente atentado se inserta en una lógica de legitimación de su fuerza: "el ELN necesita mostrar los dientes para conquistar más poder para negociar o seguir haciendo la guerra".
Y esto a sabiendas de que la reacción del Gobierno puede ser implacable. Según Valencia, la apuesta de la guerrilla sería de todo o nada: "están quemando las naves, con la idea de que de aquí salen con una negociación en la que le arrancan al Estado muchas concesiones o se hacen matar".
Algo que se aviene con la exhortación al presidente Duque, en el comunicado de la guerrilla, a enviar una delegación a La Habana para retomar los diálogos de paz.
Por ahora, el mandatario colombiano levantó la suspensión de las órdenes de captura del equipo negociador del ELN que supuestamente está en Cuba y pidió al Gobierno de Miguel Díaz-Canel su extradición inmediata.
El régimen cubano, garante y anfitrión de las reuniones, condenó el atentado, pero aseguró que respetará los protocolos firmados para caso de ruptura.
Y es que las medidas tomadas por Duque implican de hecho el desconocimiento de los protocolos de las negociaciones de paz, los cuales estipulan que las partes contarán con 15 días a partir del anuncio del quiebre de las conversaciones para "planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN".
El plazo se vence, por tanto, el 2 de febrero.
Dichos protocolos también establecen que el procedimiento de retorno quedaría acordado con los países garantes, así como con los delegados del Gobierno y de la guerrilla.
Un equilibrio difícil
La decisión del Ejecutivo colombiano de desconocer los protocolos ha desatado una viva polémica, debido a la fuerte polarización existente en el país respecto a los acuerdos de paz con las FARC y a las negociaciones con el ELN.
Mientras el Gobierno se escuda sosteniendo que ningún protocolo puede amparar al terrorismo, sus detractores señalan que no es la primera vez que unas negociaciones de paz se ven suspendidas y que en las anteriores ocasiones (1992, 2002, 2007) los protocolos siempre fueron respetados.
En dos casos la suspensión se dio justamente por actos de violencia cometidos por los guerrilleros. Así, los diálogos que el Gobierno de César Gaviria emprendiera en Tlaxcala (México), en 1992, con las guerrillas de las FARC, el ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL), se vieron interrumpidos tras el secuestro y muerte en cautiverio de un exministro a manos del EPL.
De igual modo, el proceso de paz de San Vicente del Caguán, entre las FARC y el Gobierno de Andrés Pastrana, quedó frustrado después del secuestro de un senador por parte de la guerrilla.
Más allá de estos precedentes, lo más espinoso es un asunto jurídico que podría acarrear una situación embarazosa en el plano internacional.
Como señala en el diario colombiano El Tiempo la experta en relaciones internacionales Sandra Borda, el documento firmado es "un compromiso de Estado y no solo de un gobierno, porque fue respaldado por representantes de otros Estados".
El Gobierno colombiano estaría enviando el mensaje de que "los compromisos del Estado colombiano no son confiables" y en un futuro se habrá perdido credibilidad para que otros países "entren a mediar".
Según Borda, el hecho de que "el detonante fuera un ataque terrorista por parte del ELN no justifica que el Estado se salte sus compromisos".
Cómo actuar ante el ELN cobra además especial relevancia en un contexto marcado por la creciente tensión entre los países de la región y el régimen de Venezuela.
Es sabido que el ELN tiene parte de sus bases en territorio venezolano con el aval del Gobierno de Nicolás Maduro. Para este las acciones del ELN resultan en la práctica un modo de mantener la inestabilidad en el territorio vecino. La guerrilla socavaría de antemano en la zona fronteriza cualquier tipo de operación por parte del Estado colombiano si el recrudecimiento de la relación entre ambos países lo exigiese, y esto incluiría desde un embargo económico hasta un enfrentamiento armado.
No en balde, después del pedido de extradición a La Habana, el Gobierno de Colombia está exigiendo a Venezuela que aclare si hay cabecillas del ELN en su territorio y, de ser así, que proceda a su captura y entrega.
Visto de ese modo, Iván Duque debe actuar tomando en consideración una diversidad de factores no fácilmente conciliables entre sí.
Es decir, no perder credibilidad ante los países garantes de las negociaciones y pocos sospechosos de brindar respaldo a movimientos armados, tales como Noruega y Chile, o ante los miembros del grupo de apoyo (Alemania, Italia, Holanda, Suecia y Suiza). A la vez, presionar a países como Cuba y, sobre todo, Venezuela, ambos también garantes de los diálogos desarrollados hasta ahora, con el fin de que cesen de dar cobijo a grupos que alteran la inestabilidad de Colombia.
Por último, diseñar una respuesta que logre reducir al mínimo el margen de acción del ELN sin cerrar las puertas a una resolución pacífica del conflicto.