Dos semanas después de su elección a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro ha comenzado a perfilar su gobierno según los ejes centrales de su campaña: recuperación económica, seguridad, lucha contra la corrupción.
Así, el rubro económico estará a cargo de Paulo Guedes, quien dirigirá un nuevo superministerio en el que se agruparán a partir de ahora las carteras de Hacienda, Industria y Planificación.
Guedes, un economista de corte neoliberal, ha anunciado que apostará por una política de privatizaciones en el sector público (petróleo, electricidad, correos, etc.), una reforma fiscal que reducirá los impuestos a las grandes fortunas bajo el supuesto de que las inversiones dependen esencialmente de esta franja pecuniaria y la sustitución del sistema de pensiones de reparto por otro de capitalización, siguiendo el modelo implantado en el Chile de Pinochet donde trabajó durante un periodo.
Habrá que ver cómo se concretará este paquete de medidas y, por ende, cómo se dirimirán las posibles tensiones en el entorno de Bolsonaro, sobre todo en lo que concierne las privatizaciones,ya que los militares brasileños, uno de los pilares del nuevo mandatario, proceden de una tradición proteccionista y estatista que hizo del Estado, durante la dictadura (1964-1985), uno de los actores clave de la economía del país.
La cuestión de la seguridad
La seguridad, otro de los temas de peso durante la campaña electoral, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. No es de sorprender pues el país registró en 2017 un récord de 64.000 homicidios.
En este sentido, las figuras que prometen mano dura contra la delincuencia están en auge.
Prueba de ello es la elección, como gobernadores de Río de Janeiro y de San Pablo respectivamente, de Wilson Witzel y de Joao Doria.
El primero llegó a proponer en plena campaña la conversión de navíos en cárceles y la apertura de cuevas para encerrar a criminales. El segundo prometió que apenas asumiera la gobernación la policía empezaría a "tirar para matar".
Por su parte, el nuevo ministro de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, quien propugna una mayor participación del Ejército para poner orden en las calles, es partidario de que se acuda a francotiradores para eliminar a delincuentes armados, aun cuando no haya enfrentamiento con las fuerzas del orden.
Estas propuestas están en consonancia con la idea de Bolsonaro de reformar la ley para acabar con las investigaciones a policías involucrados en muertes violentas durante el cumplimiento de sus funciones –y que suman el 8% de los homicidios en el país–.
Más allá de la factibilidad de este tipo de propuestas, lo significativo es que los dos estados más importantes del país están en manos de seguidores del nuevo mandatario en la cuestión de la seguridad. Y esto no es poca cosa, puesto que, debido al modelo federal, son los gobiernos estatales los responsables de las políticas carcelarias y de la seguridad pública.
Una designación controvertida
Todo lo anterior debería facilitar la colaboración con el otro superministro, Sergio Moro, encargado de velar por la Justicia y la Seguridad Pública.
Al anunciar su nombramiento, Jair Bolsonaro dijo que tendría carta blanca para combatir la corrupción y el crimen organizado. "Será como una especie de comisario, un soldado que va a la guerra sin miedo de morir".
La designación de Sergio Moro, el juez encargado de las investigaciones que condujeron al encarcelamiento del expresidente Lula Da Silva, ha suscitado una oleada de críticas en la oposición.
Según sus detractores, retrospectivamente la actuación de Moro adquiere visos de parcialidad. No solo por el hecho de que la condena de Lula repose sobre elementos que parecen endebles, sino por ciertas decisiones tomadas durante la campaña. Por ejemplo, hizo pública una declaración de Antonio Palocci, exministro de Lula (de 2003 a 2006) y de Dilma Rousseff (en 2011), en la que este acusaba al expresidente de estar al tanto de todas las corruptelas de Odebrecht y de Petrobras durante su mandato.
Las revelaciones de Palocci, que no están sustentadas en ninguna prueba, fueron publicitadas poco antes de la primera vuelta sin que Moro ofreciera explicaciones de las razones procesales que motivaban esta decisión.
Por si fuera poco, el vicepresidente electo, Hamilton Mourão, reveló que a Moro se le había ofrecido el puesto hacía ya algunas semanas.
¿Antes o después de la salida a la luz de las declaraciones de Palocci?, preguntan en la oposición, temiendo que la lucha contra la corrupción pase a ser una cruzada contra el Partido de los Trabajadores (PT) y sus allegados en lugar de seguir investigando al conjunto de la clase política.
Por lo pronto, los abogados de Lula han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir su libertad por la "pérdida de la imparcialidad" de Sergio Moro.
Otro punto de inflexión en la agenda de Bolsonaro es la política exterior. En lugar del tradicional viaje a Argentina, sus primeros desplazamientos oficiales como presidente serán a Chile, EEUU e Israel, lo cual augura una relegación a un segundo plano del MERCOSUR –el bloque económico que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay–.
De hecho, aunque luego se disculpara, Paulo Guedes declaró que el MERCOSUR "no es una prioridad".
Además, el viaje a Israel se aviene con la decisión de Bolsonaro de trasladar la embajada brasileña de Tel-Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos de EEUU.
Y ello a pesar de que el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel viole la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condena la anexión de Jerusalén oriental, declarándola una violación del derecho internacional.
A diferencia de sus predecesores, Bolsonaro ha anunciado su intención de congelar, cuando no de romper, las relaciones con Cuba y Venezuela por sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
De realizarse esto sería un vuelco en el equilibrio regional. Así, a la hegemonía bolivariana de los primeros lustros del siglo sucedería el predominio de un consenso liberal y de derechas en el que pesarían ante todo Brasil, Chile, Argentina y Colombia.
Sin embargo, la condena de los regímenes cubano y venezolano se contrapone a las intenciones de "seguir haciendo negocios con todo el mundo sin distinción ideológica". Una declaración hecha por Bolsonaro para anunciar el encuentro esta semana con el embajador de China, dado que el país asiático es el primer socio comercial de Brasil.
Por lo tanto, no es de excluir que este pragmatismo sea lo que determine la política exterior brasileña bajo el nuevo presidente.