El presidente electo Jair Bolsonaro reclutó este jueves al juez Sergio Moro como el próximo ministro de Justicia de Brasil, sumando a su equipo una figura emblemática de la lucha contra la corrupción, una de sus principales banderas de campaña, reportó AFP.
El ministerio de Justicia absorberá, bajo el mando del magistrado que ganó fama al frente de la Operación Lava Jato, a la cartera de Seguridad Pública, que fue creada en febrero para tratar de coordinar los esfuerzos de los estados en el combate contra el crimen organizado.
"El juez federal Sergio Moro aceptó nuestra invitación para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. ¡Su agenda anticorrupción, anti-crimen organizado, con el respeto de la Constitución y las leyes, será nuestro norte!", tuiteó Bolsonaro.
O juiz federal Sérgio Moro aceitou nosso convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua agenda anti-corrupção, anti-crime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis será o nosso norte!
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 1, 2018
"Después de una reunión personal en la cual se discutieron políticas para esa cartera, he aceptado la honrosa invitación", indicó por su lado Moro, que fue recibido durante casi dos horas por Bolsonaro en su residencia en Barra de Tijuca, zona oeste de Rio de Janeiro.
"La perspectiva de implementar una fuerte agenda contra la corrupción y contra el crimen organizado, respetando la Constitución, la ley y los derechos, me han llevado a tomar esta decisión", agregó Moro, de 46 años.
La actuación de Moro, un juez de primera instancia de Curitiba, está identificada con la Operación Lava Jato, que desde 2014 puso al descubierto una vasta trama de sobornos pagados por constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos en la estatal Petrobras.
Sus sentencias llevaron a la cárcel a figuras como el ejecutivo Marcelo Odebrecht (expresidente de la constructora Odebrecht) y al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril cumple una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La defensa de Lula, que siempre denunció un sesgo político en las decisiones de Moro, pidió la absolución del líder de izquierda en otro caso (relacionado con la compra de un terreno por Odebrecht para construir el Instituto Lula en Sao Paulo), alegando que la integración de Moro al gobierno de Bolsonaro demostraría que su cliente es víctima de "lawfare" (uso de las leyes con fines de persecución política).
Moro indicó que ya no celebraría audiencias judiciales, "para evitar controversias innecesarias".