Las autoridades de Nicaragua expulsaron este viernes del país a un equipo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que acudía por invitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reportó EFE.
"Nicaragua acaba de expulsar al equipo de CEJIL del país cuando se dirigía a una reunión de la CIDH. Una vez más el Gobierno demuestra que no tiene ningún compromiso con los derechos humanos", denunció el organismo.
Ese equipo estaba compuesto por la directora del Programa para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, la abogada Paola Limón, y la portavoz, Francisca Stuardo, que llegaron a Nicaragua procedentes de Costa Rica, país a donde han huido más de 23.000 nicaragüenses.
Las tres representantes de la Comisión Interamericana fueron expulsadas a su llegada al aeropuerto internacional Augusto Sandino de Managua, indicó el organismo interamericano.
Tras la expulsión, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional denunció que el Gobierno de Nicaragua "no está dispuesto a permitir que se defiendan los derechos humanos".
"Parece ser que ésta es una práctica que se está haciendo sistemática para Nicaragua, y que demuestra que no están dispuestos al escrutinio internacional ni, por supuesto, a permitir que se defiendan los derechos humanos en el país", dijo Aguiluz, en teleconferencia, ya desde Costa Rica.
Explicó también que habían notificado al servicio de migración nicaragüense de su llegada "para ser transparentes, porque nuestro trabajo es legítimo".
"Nuestro trabajo es legítimo, es en defensa de los derechos humanos, en defensa de la democracia, lo hacemos en Nicaragua y en todos los países del continente, y lo vamos a seguir haciendo", agregó.
Nicaragua atraviesa por una crisis sociopolítica que desde las protestas que comenzaron en abril pasado contra las políticas del presidente del país, Daniel Ortega, han dejado entre 325 y 528 muertos, y al menos 558 "presos políticos", según defensores de derechos humanos locales.
El Gobierno nicaragüense reconoce 199 muertos y más de 200 detenidos, a los que considera como "terroristas" y "golpistas".
La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) responsabilizan al Gobierno de Nicaragua de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega, sin embargo, no reconoce esas acusaciones y sostiene que es víctima de un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido al creciente número de manifestantes muertos y prisioneros.