El Gobierno de Ecuador y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, entraron este jueves en rumbo de colisión tras la apertura de las audiencias en una acción de protección solicitada por los abogados de este, que ha levantado ampollas en el Gobierno de Lenín Moreno por considerarlo una muestra de desagradecimiento, reportó EFE.
Seis años después de haberse protegido bajo el paraguas del Estado ecuatoriano, al australiano le parecen improcedentes una serie de disposiciones con las que sus anfitriones quieren regularizar su estancia, dado que no ven en el horizonte una solución al caso y que él ha rechazado la alternativa de entregarse a la Justicia británica.
"Resulta paradójico que se interponga una acción de protección contra el Estado que lo protege. ¡Es ilógico!", dijo a EFE el viceministro de Relaciones Exteriores, Andrés Terán, para quien el activista y sus abogados están actuando con "irresponsabilidad".
El protocolo que ha generado la disputa, y que ha llevado a los abogados de Assange —encabezados por el exmagistrado español Baltasar Garzón— a presentar en Quito una acción de protección constitucional, consta de una treintena de artículos.
Incluyen normas básicas de higiene —incluida la de su gato—, visitas, protocolos de salud de emergencia y acceso a comunicaciones, descritas por Terán como "normas de convivencia que no afectan a sus derechos".
Para el procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo, que este jueves describió meticulosamente el espacio que la embajada le ha destinado (dormitorio, oficina, baño exclusivo y espacios comunes), estas normas garantizarán tanto la convivencia como sus derechos.
"Cualquier actividad del señor Assange interfiere si no es llevada dentro de los márgenes de convivencia armónica de los que habla el protocolo", explicó al recordar que se trata de una misión diplomática que brinda servicios a todo tipo de visitantes, y en la que trabajan seis personas.
Descrito hace meses por el presidente Lenín Moreno como "una piedra en el zapato", el ahora también ecuatoriano Assange exige a los tribunales que impidan la aplicación del protocolo.
Las audiencias se iniciaron este jueves por videoconferencia, aunque fueron suspendidas hora y media después por problemas de comunicación.
A juicio de Terán, todo el proceso, que ha sido dirigido contra el ministro de Exteriores, José Valencia, es una "manipulación de la imagen del país", una "irresponsabilidad" hacia el "Estado democrático que le ha acogido".
Insistió en que está asilado en una embajada y que, por tanto, Ecuador no tiene que "consensuar absolutamente nada" con él.
"Está (allí) por su propia voluntad y (..) tiene que sujetarse a las reglas que imponga el país asilante. ¡Es tan simple como eso!", subrayó.
Por el momento, el fundador de WikiLeaks ha rechazado de plano recibir el mencionado protocolo —que entró en vigor el 13 de octubre— y también la contraseña para tener acceso a internet, que Ecuador le cortó en marzo.
En una rueda de prensa, Crespo abundó en "la regla básica del asilo internacional", que es "no interferir en asuntos de política del Estado asilante o que puedan poner en peligro la relación del Estado asilante con otros estados".
A Assange le cortaron el acceso a internet por pronunciarse, entre otras cuestiones, sobre asuntos políticos ecuatorianos, las elecciones en EEUU y sobre la crisis secesionista en Cataluña, España.
La falta de comunicación, aseguran ambas fuentes, no ha tenido ningún impacto en su derecho, por ejemplo, a ver a sus abogados, como sugirió su letrado local Carlos Poveda.
"Que Poveda no haya tenido contacto con él no significa que Assange no haya tenido contacto con sus abogados. Poveda es uno de sus abogados", recordó Terán.
Según los registros, entre junio y octubre de este año el activista recibió 92 visitas, entre ellas "las de sus abogados", aseguró Crespo.
El procurador reveló, además, que el protocolo se le ofreció como alternativa al rechazo de una propuesta para entregarse a las autoridades británicas, con garantías de que no sería extraditado y teniendo en cuenta que solo cumpliría hasta seis meses de cárcel por violar su libertad condicional.
El australiano se refugia en esa embajada desde 2012, cuando era requerido por las autoridades suecas debido a las acusaciones de dos mujeres por presunta violación, que él negaba, causa que ya está archivada.
Aun así, sigue bajo asilo por temor a que, si sale, sea deportado a EEUU, donde presume que podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos confidenciales.
Preguntado por EFE sobre si la violación del protocolo, o la misma acción de protección, podría provocar "consecuencias", Terán respondió que "por supuesto", aunque subrayó que la terminación del asilo es ya una "decisión política".