"Ni corrupto ni ladrón", fue el eslogan de Jimmy Morales durante la campaña que le permitió llegar a la presidencia de Guatemala en enero de 2016.
Un mensaje que cobra particular resonancia en un país que ostenta, según la ONG Transparencia Internacional, el cuarto lugar en corrupción en América Latina y cuyo inoperante sistema judicial permite que más del 90% de los delitos queden impunes.
Esta situación es la que dio origen a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en diciembre de 2006, por medio de un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala.
La CICIG actúa como un órgano independiente auspiciado por la ONU, con financiamiento europeo y estadounidense, en el que más de un centenar de investigadores y agentes colaboran con el Ministerio Público para identificar y desmantelar las estructuras ilegales que operan en el seno de las instituciones guatemaltecas.
Desde su puesta en funcionamiento, la CICIG ha contribuido al enjuiciamiento de empresarios, militares de alto rango y políticos. A tal punto que en 2015, con el respaldo de manifestaciones multitudinarias, las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG lograron la destitución y el procesamiento judicial por contrabando del presidente Otto Pérez Molina.
No obstante, la situación sigue siendo preocupante. En una entrevista concedida el año pasado al diario español El País, el juez colombiano Iván Velásquez, a cargo de la CICIG desde 2013, deploraba la falta de medios que adolece el Ministerio Público: "Con lo que tienen ahora es imposible frenar la corrupción. Los fiscales necesitarían 15 años para responder a los casos que tienen acumulados hasta enero de 2016, pero si solo se dedicaran a ellos. En ese tiempo se habrían cometido otros 15.000 casos nuevos. En las condiciones actuales la lucha contra la impunidad no va a triunfar por los exiguos recursos del sistema de Justicia".
La presión del poder
A la carencia de recursos se añade la obstrucción sistemática desde el poder a las investigaciones más sensibles. Así, en las últimas semanas, Jimmy Morales anunció que su Gobierno no renovará el mandato de la CICIG, que vence en septiembre de 2019, y vetó el regreso al país de Iván Velásquez, quien estaba en una gira de trabajo en Washington.
La embestida presidencial coincidió con el visto bueno dado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a que el Congreso iniciara un antejuicio contra Morales. Por ello, a fines de octubre una comisión parlamentaria deberá presentar un informe en el pleno del Congreso, recomendando si se debe o no retirar la inmunidad al mandatario.
Esto es el resultado de las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG y de su demanda de que se despoje a Morales de la inmunidad con el fin de procesarlo por un presunto financiamiento electoral ilícito estimado a dos millones de dólares.
Un incordio más para el presidente, ya que su hermano y su hijo están desde hace más de año y medio bajo arresto domiciliario por fraude.
Justamente, a raíz del enjuiciamiento de sus familiares, Morales ya había intentado deshacerse de Velásquez, ordenando su expulsión del país el año pasado. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la decisión e instó al mandatario a no obstaculizar el trabajo de la CICIG.
La decisión de Morales de no permitir el regreso del juez colombiano se presenta, por lo tanto, como un desacato flagrante de la prescripción de la CC.
Perspectivas sombrías
Los pasos de la presidencia respecto a la CICIG parecen perseguir un doble objetivo. Por una parte, ajustar cuentas con el órgano que ha puesto sus presuntas irregularidades y las de su entorno bajo la lupa de la Justicia. Y, por otra, "apuntalar un sistema demasiado erosionado" donde imperan "la corrupción y la impunidad", como señala un editorial de Prensa Libre.
En este sentido, es de preocupar la iniciativa legislativa actualmente analizada en el Congreso, e impulsada por el oficialismo, cuyo objetivo es dejar exclusivamente en manos del Poder Legislativo la facultad de sopesar las solicitudes de levantamiento de inmunidad de los cargos electos, eliminando la mediación de la CSJ.
Según el analista Haroldo Shetemul, "la reforma a todas luces inconstitucional eliminaría los pesos y contrapesos del sistema político". De este modo, "el Congreso se convertiría en una especie de Santa Inquisición para utilizar el antejuicio como arma política contra sus adversarios".
Mientras tanto, por orden del presidente, importantes efectivos del Ejército han prestado respaldo a las fuerzas policiales so pretexto de velar por el orden en las manifestaciones en protesta contra la corrupción que se han sucedido a diario esta semana.
Una señal alarmante, en un país con instituciones democráticas en ciernes y precarias, ya que daría a entender que la presidencia está dispuesta a tomar las medidas más drásticas para contener las presiones de la calle y de la Justicia.