Desde que las organizaciones internacionales vienen registrando la violencia de género, El Salvador ostenta el triste récord de figurar, junto con Honduras, entre los países del mundo más peligrosos para las mujeres.
DIARIO DE CUBA entrevista a Morena Herrera, activista de la Colectiva Feminista, una organización de la sociedad civil que trabaja en distintos ámbitos con el fin de cambiar la situación de la mujer en el país centroamericano.
¿Cómo definiría la condición de la mujer en la sociedad salvadoreña?
La realidad salvadoreña está marcada por la desigualdad entre hombres y mujeres. Y para la mayoría de las mujeres esta desigualdad de género se combina con otras situaciones de desigualdad socioeconómica, debido a los altos niveles de pobreza.
Además, hay un alto porcentaje de mujeres que sostienen solas a sus familias, porque hay una irresponsabilidad masculina generalizada tanto en el aspecto económico como en el de los cuidados.
Por tanto, estamos hablando de una condición caracterizada por la precariedad y el riesgo social.
¿Cómo afecta a las mujeres el fenómeno de las maras, las violentas pandillas que asolan las ciudades del país?
Ante todo hay que señalar que el fenómeno de las maras concierne a sectores sociales que han sufrido una gran exclusión socioeconómica. Es decir, que es fruto de la injusticia social.
Dicho esto, para las mujeres las pandillas representan una amenaza, porque son grupos con una cultura sumamente misógina, que se refleja en el odio y la violencia hacia las mujeres, ya sea en el interior de las propias pandillas o bien en relación con la población circundante.
Por ejemplo, son habituales los secuestros de mujeres, con frecuencia adolescentes, para ser esclavizadas sexualmente durante un tiempo por las pandillas. Muchas de ellas, al ser liberadas, están embarazadas y se ven obligadas a tener esos hijos, ya que en El Salvador el aborto está penalizado de forma absoluta. Pero también porque los mareros las amenazan para que no aborten.
Incluso es frecuente la maternidad impuesta. Es decir, que las pandillas fuerzan a mujeres, que están bajo su control o vigilancia, a cuidar o a criar niños que no son suyos.
Al parecer la trata de personas, y en particular de mujeres, es un problema acuciante en estos momentos en El Salvador. ¿Cuáles son los factores que potencian esta situación?
El problema de la trata se potencia en el país por la situación angustiante que vive gran parte de la población, debido a la exclusión y la falta de perspectivas socioeconómicas. En ese sentido, los circuitos de la migración ilegal propician que muchas mujeres terminen atrapadas en redes de tráfico de personas y sean explotadas sexualmente.
Pero también contribuye a ello la tolerancia que existe en la sociedad hacia los abusos y las violencias sexuales. Recientemente fue sobreseído el caso de unos empresarios y un presentador de televisión acusados de comprar servicios sexuales de menores.
Y esto repercute en la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente de las adolescentes, ante las redes de servicios sexuales.
Otro elemento que influye en este fenómeno es la ineficacia institucional. Volviendo al ejemplo anterior, el hecho de que unos abusadores sexuales puedan beneficiarse de un sobreseimiento judicial refleja que la Fiscalía no realiza correctamente las investigaciones en los pocos casos que se logran denunciar.
Entonces se puede decir que el fenómeno de la trata se ve potenciado por la conjunción de precariedad económica, tolerancia social e ineficacia institucional.
El Salvador tiene una legislación sumamente restrictiva respecto al aborto. ¿Qué consecuencias trae esto? A corto plazo, ¿qué posibilidades hay de una flexibilización en la materia?
Desde el cambio del Código Penal en 1997 el aborto está restringido de forma absoluta. Esto tiene graves consecuencias. Por ejemplo, aun en embarazos con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, las mujeres no tienen la posibilidad de decidir la interrupción. Tampoco cuando su embarazo es producto de una violación.
Así, en estos momentos, el suicidio es la primera causa de muerte materna en mujeres adolescentes. Lo cual indica que existe un problema gravísimo, debido a la falta de alternativas.
La conformación de la nueva Asamblea Legislativa, como resultado de las elecciones de marzo de este año, ha dejado un panorama poco favorable para una flexibilización de la ley. En el conjunto del arco político hay poco compromiso con este asunto.
No obstante, gracias al esfuerzo conjunto de organizaciones sociales, de intelectuales, periodistas y medios de comunicación más progresistas, se ha hecho una labor para que la sociedad salvadoreña empiece reconocer las dimensiones del problema.
Y esto obviamente tiene repercusión en las instituciones. Por ejemplo, hay diputados y diputadas, de todos los partidos políticos, que han flexibilizado su posición. No son mayoría, pero sí una base que puede permitir que se inicie un diálogo parlamentario para que esta situación, que afecta gravemente los derechos de las mujeres, cambie.
No será un cambio a corto plazo. Debido a las relaciones de chantaje que mantienen las jerarquías eclesiásticas con los partidos políticos en contextos electorales, y al escaso compromiso de la clase política al respecto, es poco probable que la Asamblea Legislativa aborde este tema antes de las próximas elecciones presidenciales.
¿Qué temas y qué tipo de acciones prioriza la Colectiva Feminista?
La Colectiva se centra en varios aspectos, en los que intenta promover cambios sustanciales a partir de una óptica feminista: la despenalización del aborto, la lucha contra violencia de género, el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, la protección integral para las defensoras de derechos humanos, la justicia ambiental, la participación ciudadana y las políticas para la igualdad.
Por lo general, nuestra labor consiste en el apoyo a las mujeres en todos estos temas, buscando también que haya una concientización de los problemas.
En el caso de la violencia de género, por ejemplo, acompañamos a las mujeres a que denuncien los hechos y presionamos para que el sistema judicial cumpla su misión. O bien, respecto a la autonomía económica, colaboramos con otras organizaciones para facilitarles a las mujeres el acceso a fuentes de financiamientos y a bienes productivos, que les permitan generar ingresos propios.
En el tema ambiental hemos incluso implementado programas que vinculan la cuestión del agua a la equidad de género en sistemas comunitarios. También promovemos la agroecología como estrategia para una alimentación sana de las familias y, en la medida de lo posible, con excedentes para el mercado.
Y, siempre que es posible, trabajamos con las instituciones públicas, pero desde una perspectiva crítica. Esto significa que colaboramos con las instituciones, pero al mismo tiempo les exigimos que cumplan su papel y denunciamos cuando no lo están haciendo.
¿Cuáles son las principales dificultades con las que se enfrentan?
Lamentablemente, en estos tiempos nos enfrentamos a una precarización de las condiciones de seguridad de las mujeres defensoras de derechos humanos. Y eso hace que nos estemos moviendo, en la región, a situaciones similares a la de los años 70.
Es decir, hay instituciones y grupos de poder que consideran la defensa de los derechos como una amenaza. Por lo tanto, muchas mujeres activistas están siendo actualmente objeto de persecución y de represión.
Y es algo que se está dando en toda la región. Por eso articulamos esfuerzos con mujeres en Honduras, Nicaragua, Guatemala y México.
Aquí en El Salvador hace poco mataron a una defensora de derechos ambientales.
El caso más sintomático ha sido el asesinato en Honduras, hace dos años, de la ecologista Berta Cáceres. En algunos sectores sociales se pensaba que Berta era intocable, por todo el reconocimiento internacional que tenía. Pero no fue así y la mataron.