"Únicamente no seré candidato si me muero", declaró el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una carta leída ante decenas de miles de simpatizantes, este miércoles, poco antes de que se presentara oficialmente su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre próximo.
El Partido de los Trabajadores (PT) ha decidido así continuar el pulso con la Justicia al registrar a Lula como candidato presidencial ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), pese a que la ley inhabilite a todo condenado en segunda instancia a postularse a la presidencia del país.
Lo cual es justamente el caso de Lula, sobre quien pesa una sentencia de 12 años de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
Este forcejeo, como pistoletazo de salida a la campaña presidencial, es sintomático de lo que se avecina: las elecciones generales más inciertas desde la restauración de la democracia, en 1985, en el gigante suramericano.
En octubre los brasileños están llamados a elegir no solo la presidencia, sino también todos los escaños de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado, así como la totalidad de las gobernaciones.
Panorama sombrío
Estos comicios se celebran en un periodo particularmente sombrío. Después de haber atravesado una profunda recesión, entre 2014 y 2016, la economía brasileña se muestra aún balbuciente: el crecimiento económico es débil, los salarios están estancados y el poder adquisitivo ha mermado.
Además, el país ha padecido en los últimos tres años un aumento continuo de los índices de violencia. En 2017, por ejemplo, se registraron 63.880 homicidios, es decir un promedio de 175 personas asesinadas por día, y alrededor de 60.000 violaciones.
Por primera vez, desde el fin de la dictadura militar, el orden en ciertas ciudades ha sido puesto bajo el mando del Ejército. Es lo que ha sucedido en Río de Janeiro, desde que el presidente Michel Temer decretó la intervención militar en el estado carioca para poner freno a la inseguridad.
A esto se le suma el descrédito en que ha quedado sumida la clase política en su conjunto. Tan solo en el caso de Petrobras están siendo investigados 415 políticos pertenecientes a 26 partidos (de un total de 35) en 21 Estados (de los 26 que cuenta el país).
Entre ellos hay cinco exmandatarios: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Temer también aparece implicado, pero la Constitución impide que sea procesado por hechos anteriores a su mandato.
Una campaña presidencial de suspense
En este contexto no es de sorprender que en las encuestas despunte la candidatura de Jair Bolsonaro, rondando el 17% de las intenciones de voto.
Este exmilitar ha logrado gran resonancia en el electorado masculino de clase media con un discurso en el que abundan los exabruptos racistas, machistas y homófobos, reivindicando el legado de la dictadura militar y soluciones radicales para los problemas de seguridad como la castración química de los violadores, el uso de la tortura y el porte de armas.
No obstante, pese a un desempeño notable en las redes sociales, Bolsonaro no está respaldado por una maquinaria suficientemente robusta como para sustentar una campaña que tenga impacto en todo el territorio nacional y en el conjunto de los estratos sociales.
Su formación política, el Partido Social Liberal (PSL), no cuenta entre los pesos pesados de la política brasileña y hasta ahora se ha mostrado incapaz de tejer alianzas que potencien su baza electoral.
Otra candidata con proyección es la ecologista y evangelista Marina Silva, de la Red de Sostenibilidad (REDE), a quien los sondeos atribuyen un 10% de las preferencias. Silva ha sido candidata a la presidencia en 2010 y 2014, quedando ambas veces en la tercera posición. También ha ostentado el cargo de ministra de Medio Ambiente (2003-2008).
A su favor juega una imagen de independencia y de probidad, además del eco que encuentra en el electorado evangelista, un sector cada vez más pujante en la política brasileña.
Aun así, la coalición de REDE con el Partido Verde resulta demasiado modesta para sacar ventaja en la carrera de fondo presidencial.
Quienes sí tienen a disposición unas aplanadoras políticas son Geraldo Alckmin y Henrique Meirelles.
El primero, gobernador de San Pablo entre 2001 y 2006 y entre 2011 y 2018, es el representante del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y cuenta con el apoyo de las principales federaciones industriales y de empresarios.
El segundo es el candidato del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), del presidente Michel Temer. También goza del visto bueno de los mercados por su desempeño como ministro de Economía (2016-2018) y presidente del Banco Central (2003-2010).
Sin embargo, el hecho de disponer de las vastas redes clientelares de sus respectivos partidos, los más influyentes del tablero político brasileño, los convierte en la encarnación misma del vilipendiado establecimiento político.
Algo que se traduce, por lo pronto, en un estancamiento en los sondeos: Alckmin no logra rebasar un 4%, mientras Mirelles apenas supera el 1%.
Por último, queda la gran paradoja de este inicio de campaña: es más que probable que Lula, quien sobrevuela todas las encuestas, acaparando entre un 30% y un 40% de las intenciones de voto, quede finalmente inhabilitado.
Por tanto, la decisión del PT de inscribirlo como candidato es una apuesta por sacar el mayor rédito posible a su inmensa popularidad.
Por una parte, deja en manos del TSE la decisión de vetar su candidatura, ganando así tiempo para usar aún la marca registrada del exmandatario durante la campaña.
Por otra parte, mediante los mítines electorales y continuas movilizaciones, busca conseguir que la casi segura inhabilitación de Lula se traduzca en una ola de indignación que propicie una masiva transferencia de votos al número dos de su candidatura, el exalcalde de San Pablo, Fernando Haddad.
La primera vuelta será el 7 de octubre. El TSE tiene hasta el 17 de septiembre para anunciar su decisión sobre la candidatura de Lula da Silva.