El Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, nombrado por la mayoría opositora del Parlamento, condenó este miércoles a 18 años y tres meses de prisión al presidente Nicolás Maduro por corrupción en el caso Odebrecht, reportó AFP.
La Corte halló "comprobada la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales" y ordenó que el mandatario cumpla la pena en el centro de detención de Ramo Verde, en el estado venezolano de Miranda, dijo el magistrado Rafael Rommel-Gil en Bogotá.
Además, el tribunal paralelo, cuyas decisiones desconoce el Gobierno venezolano, impuso el gobernante una multa de 25 millones de dólares por corrupción propia y de 35.000 millones por legitimación de capitales, así como una inhabilitación política por el tiempo de la pena. También solicitó una orden de captura internacional.
La Sala Plena del tribunal paralelo dictó la sentencia en un recinto del Congreso colombiano, donde desde la mañana escuchó la acusación de la fiscal general destituida Luisa Ortega Díaz, quien huyó de Venezuela en agosto de 2017 tras ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo y con suprapoderes.
"Odebrecht resultó beneficiada con innumerables adjudicaciones de infraestructura que se tenían proyectado hacer en Venezuela", se "pagaron y no concluyeron", dijo Ortega durante el juicio.
Desde Caracas, el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, desestimó la decisión. "¿Están en Colombia diciendo que pueden condenar al presidente de Venezuela y Nicolás sigue siendo el presidente? Dios mío", dijo desde su programa de televisión semanal.
En mayo, magistrados exiliados en Miami habían "suspendido" a Maduro de su cargo por este caso.
El abogado de oficio del mandatario venezolano, Andrés Lindo, aseguró que no se debía condenar a Maduro por unos contratos "que nunca firmó" y en los que "el deber de vigilancia" competía a otras entidades.
"Eventualmente podría hablarse de algún tipo de responsabilidad administrativa, quizá. De responsabilidad penal, no", afirmó.
El 9 de abril, los 13 magistrados principales y 20 suplentes de la corte paralela —exiliados en Colombia, Chile, Estados Unidos y Panamá— solicitaron al Parlamento venezolano que autorizara el enjuiciamiento de Maduro por presunta corrupción relacionada con la trama internacional de sobornos de Odebrecht.
El legislativo avaló el juicio, aunque todas sus decisiones son consideradas "nulas" por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano en ejercicio, que es señalado de servir a Maduro.
La Policía detiene una marcha de personal médico en Caracas
Decenas de policías detuvieron este jueves la marcha de trabajadores del sector salud de Venezuela que intentaban dirigirse desde el hospital J.M de los Ríos en Caracas hacia el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, para exigir mejoras salariales y dotación de materiales y medicinas, informó EFE.
La movilización, encabezada por un niño en silla de ruedas acompañado con su madre, fue retenida a pocos metros de su salida por decenas de policías que custodian la ruta que seguirían los manifestantes.
Con consignas como "¿Cuál, cuál, cuál revolución si en los hospitales no tenemos ni algodón?", decenas de manifestantes rechazaron las políticas gubernamentales que, consideran, no responden a las necesidades de la población.
Distintos gremios de la salud llevan más de 50 días en un paro indefinido, como medida de protesta ante la grave crisis que vive el sector a causa de la falta de insumos y los bajos sueldos que devengan los profesionales.
Los trabajadores insisten en que quieren "salarios dignos" que al menos permitan cubrir la canasta básica alimentaria, que en junio alcanzó los 654.214.674,03 bolívares, o 163,15 dólares, según la tasa de cambio que se utilice.
Venezuela, el país con mayores reservas petroleras en el mundo, atraviesa una grave crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos, medicinas, repuestos de maquinarias y vehículos y hasta dinero en efectivo.