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Argentina

Senadores oficialistas piden desaforar a Cristina Fernández para que vaya a prisión

La Justicia argentina resuelve que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado por denunciar a la expresidenta.

Buenos Aires

Un grupo de senadores oficialistas argentinos presentó este viernes una solicitud para votar el desafuero de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), también miembro de la Cámara Alta, lo que permitiría su ingreso en prisión, como ordenó el juez que investiga su supuesto encubrimiento de terroristas, reporta EFE.

El pasado diciembre, el juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento y la prisión preventiva (que no puede hacerse efectiva por su condición de senadora) de la exmandataria, al considerar que el memorándum que Argentina firmó con Irán en 2013 para juzgar de manera conjunta el atentado a la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994 tenía como finalidad proteger a los sospechosos de ese país.

El magistrado solicitó en ese momento que el Senado despojase de sus fueros a Fernández de Kirchner y, según confirmaron fuentes del frente gobernante Cambiemos a EFE, varios legisladores pidieron debatir y votar la medida la próxima semana.

Esta solicitud llega poco antes de que finalice el plazo que establece la ley de respuesta al pedido del juez, que acusó a la expresidenta de los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado.

Fernández ha sostenido que el pacto firmado con Irán buscaba avanzar en la investigación del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos, y cuyo juicio no podía proseguir según la ley argentina en ausencia de los sospechosos, que gracias al acuerdo podrían ser interrogados.

El memorándum comenzó a ser investigado por el fiscal Alberto Nisman, quien fue asesinado en 2015, un crimen del que aún se desconocen los responsables.

El pedido de la votación para el desafuero coincide con una resolución de la Justicia argentina en la que se asegura que la muerte de Nisman fue "consecuencia directa" de haber denunciado a Cristina Fernández, y otros miembros de su Gobierno.

"Se ha logrado acreditar 'prima facie' que Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA", dijo en su dictamen la Cámara Federal de Buenos Aires.

El más alto tribunal penal argentino remarcó que, según las pruebas reunidas en el caso, que sigue en la fase de instrucción, el homicidio resultó posible "a partir del despliegue de una correlativa logística" que debió contar con la "cohesión de diversas voluntades orientadas a la concreción con éxito del plan urdido".

Tras conocerse el fallo, se han registrado varias reacciones tanto a favor como en contra.

"Con una semana tremendamente negativa para el Gobierno en materia de tarifas, leyes, marchas, vetos, recortes, etc... hoy viernes la Cámara Federal saca una resolución incongruente para ocupar espacio en la tapa de los diarios con Nisman y apagar el incendio", escribió en Twitter Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, actual senadora, quien insiste en que el Ejecutivo de Mauricio Macri impulsa una persecución judicial contra ella.

Los magistrados de la Cámara Martín Irurzun y Leopoldo Brugli, que emitieron su resolución para resolver recursos presentados por imputados en la causa y por la madre de Nisman, Sara Garfunkel, avalan la investigación del juez de instrucción de la causa, Julián Ercolini.

Ercolini, con base en las pruebas recopiladas por la Fiscalía, ya apuntó en noviembre pasado a la hipótesis del homicidio.

Para avanzar en las extrañas circunstancias de la muerte del fiscal, hallado con un tiro en la cabeza en el baño de su apartamento de Buenos Aires, el Ministerio Público encargó en 2017 a una junta de peritos hacer una reconstrucción de los hechos, en la que se estableció que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron en su casa a Nisman.

Según la Cámara, las "evidencias físicas directas", como la posición del cuerpo y la proyección hemática que presentaban ambas manos, así como los peritajes y los testimonios que se refieren a la actividad desarrollada por la víctima, conforman "el cuadro indiciario" que "habilita concluir" que Nisman "fue asesinado".

En el caso están solamente procesados los cuatro policías de la Policía Federal encargados de la seguridad del fiscal, por incumplir su deber de protegerlo, y el asesor informático de Nisman, Diego Lagomarsino, acusado de ser "partícipe primario del homicidio".

Este reconoció que prestó al fiscal el arma que lo mató porque el propio procurador se la pidió para proteger a sus hijas por miedo a que pudieran hacerles algo.

Hasta ahora, la Justicia no ha logrado determinar los autores del homicidio, por lo que la Cámara Federal encomendó avanzar en la instrucción "con miras a la completa y cabal determinación de los responsables".

Al momento de morir, el procurador llevaba casi 20 años participando de la investigación del atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo terrorista chií Hezbolah.

En su acusación a Fernández, presentada solo cuatro días antes del deceso y que tenía previsto detallar en el Congreso en la siguiente jornada, Nisman aseguraba que, a cambio de mejorar la relación comercial con Irán, el Gobierno pretendió encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos exaltos cargos de ese país, a través de un acuerdo bilateral firmado en 2013 que fue oficialmente presentado como único medio de esclarecer el atentado.

Desde que abandonó el poder a finales de 2015, Fernández ha sido objeto de cinco procesamientos (instancia a la que se llega tras la acusación de un juez) y es investigada por más casos.

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