La sentencia emitida el jueves pasado por la Audiencia Nacional ha caído como un bombazo en el escenario político español.
Según afirma, entre el grupo del empresario Francisco Correa y el Partido Popular (PP) "se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública."
No cabe duda de que el fallo de lo que se conoce como el caso Gürtel –la colusión entre el grupo Correa y el PP– ha terminado por hacer trizas la ya maltrecha reputación del partido en el poder: demuestra no solo la corrupción estructural de la organización, así como su financiación ilegal (vía una contabilidad paralela), sino que le niega credibilidad al testimonio del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Esto no es sino la consecuencia lógica de dos legislaturas, desde noviembre de 2011, marcadas por una sucesión ininterrumpida de escándalos de corrupción que implican al oficialismo.
Así, en estos momentos, como destaca Soledad Gallego-Díaz en El País, "están imputados cuatro exministros, seis expresidentes de comunidades autónomas, cinco expresidentes de Diputación, cinco parlamentarios nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas, tres extesoreros nacionales del partido, y hasta 800 concejales y cargos menores. Y el propio presidente figura en una lista de políticos que, posiblemente, han cobrado sobresueldos ilegales de su partido".
Hasta ahora los principales dignatarios del partido se habían pertrechado en un cinismo a toda prueba, arguyendo que las repetidas acusaciones de corrupción eran una "trama contra el PP", que no estaban al tanto de los tejemanejes por los que se inculpaba a su organización o bien que eran cosas del pasado...
Una actitud propia de quienes han hecho del Gobierno una punta de lanza para la defensa de su propia cuadrilla.
El partido ante todo
Y es que el Gobierno de Mariano Rajoy ha usado todos los recursos a su disposición para obstaculizar el trabajo de la Justicia en los más de 50 procesos judiciales que afectan a su partido: nombró a un fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, para frenar a los fiscales encargados de los casos de corrupción en los que estuviesen imputados dirigentes políticos y empresarios afines, ascendió a puestos clave a jueces allegados, votó una ley que establece límites máximos de seis o 18 meses para la instrucción de sumarios y bloqueó en el Congreso las comisiones de investigación sobre las tramas de corrupción que implican al PP.
Y, con el mismo afán, ha intervenido sistemáticamente en los medios de comunicación estatales para manipular la información a su favor.
Aun así, no logró detener las investigaciones del caso Gürtel. Estas comenzaron en 2009 y han ido desde entonces revelando una enorme trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa.
Este había establecido un conglomerado de negocios cuyo fin era lucrar con fondos públicos, en particular en las comunidades de Madrid y Valencia. Para obtener ventajas en la contratación pública acudía al soborno de funcionarios y políticos.
Por otra parte, durante el proceso también salió a luz la existencia de una contabilidad paralela que habría servido durante años a la financiación ilegal del PP.
El fallo de la Audiencia Nacional supone, por lo tanto, un varapalo para el partido oficialista. En efecto, las condenas han sido durísimas: Francisco Correa y el extesorero del partido, Luis Bárcenas, han sido sentenciados a 51 y 33 años de cárcel respectivamente.
Además, el Partido Popular ha recibido una multa de 245.000 euros por participar a título lucrativo en la trama, al igual que la exministra de sanidad Ana Mato (27.857 euros).
Juego a varias bandas
No es casual pues que el PP se encuentre en la mirilla del resto de las fuerzas políticas. Sin embargo, su supervivencia parece, por ahora, garantizada por la división de sus rivales.
Así, el viernes, un día después de que se conociera la sentencia de la Audiencia Nacional, el Partido Socialista (PSOE) se apuró en registrar una moción de censura. Este procedimiento constitucional permite al Congreso de los Diputados retirar la confianza al presidente del Gobierno y forzar su dimisión. Además, establece que el grupo parlamentario que la presenta debe proponer un candidato alternativo a la Presidencia.
El registro de la moción de censura le impide al Ejecutivo convocar elecciones hasta que no se haya votado el procedimiento, que se debatirá a partir de este jueves en el Congreso.
La prisa del PSOE se explica por dos razones. Primero, recuperar algo de iniciativa política después de años sumido en luchas intestinas que han paralizado al partido.
Y, segundo y más importante, evitar unas elecciones en las que no iría con las de ganar —las últimas encuestas lo daban en cuarto lugar detrás del PP, mientras Ciudadanos (Cs) iba viento en popa, seguido de lejos por Unidos Podemos—.
Para que la moción de censura prospere se necesita el voto de la mayoría absoluta del Congreso, es decir 176 escaños. Por ahora, el PSOE solo cuenta con el apoyo de Podemos, sumando ambos 151 votos.
Para alcanzar el cómputo indispensable, los socialistas bien podrían dirigirse a las bancadas nacionalistas vasca y catalana.
Pero el Partido Nacionalista Vasco (PNV) está ante todo a la espera de que, a medianías del mes de junio, el Senado ratifique los presupuestos de 2018, los cuales respaldó la semana pasada tras lograr sacarle al PP una tajada jugosa para el País Vasco. Por tanto, no es seguro que apoye una iniciativa que ponga en peligro sus réditos presupuestarios.
En cuanto a los catalanes, los socialistas han dejado claro que no van a negociar nada con los independentistas. Algo que pone a estos ante una decisión delicada: dar sus votos a cambio de nada o mantener en el poder a sus peores enemigos.
Queda Cs. El registro de la moción de censura lo priva de una convocación inmediata de elecciones en las que saldría probablemente vencedor. Por el momento, buscará negociar con el PSOE que se convoquen elecciones lo antes posible a cambio de su apoyo. Una jugada que, dado el escaso fuste electoral de los socialistas en estos momentos, parece poco factible. Sobre todo porque Cs ha insistido en que no votará la moción si se mantiene Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, como candidato a la sustitución de Rajoy.
La otra opción que baraja Cs es, si fracasa la moción de censura socialista, presionar al presidente del Gobierno para que convoque elecciones para este otoño. En caso de que Mariano Rajoy persista en aferrarse al poder, entonces Cs intentaría pactar otra moción de censura con el fin de entronizar a un candidato independiente que proceda a la convocación de elecciones este mismo año.
Mariano Rajoy suele convertirse, con sus enrevesadas tautologías, en el hazmerreír de la prensa y las redes sociales españolas.
No obstante, una de sus máximas revela lo que será quizás su lucha por la supervivencia en los próximos tiempos: "Hay que saber decir que sí, saber decir que no, mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo y tener fortaleza en las circunstancias difíciles."