Con el último aliento, el Gobierno de Michelle Bachelet interpuso ante la Justicia chilena una denuncia para que se investiguen los casi 30.000 testimonios sobre torturas cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), incluidos en dos informes oficiales que mantienen en secreto las identidades de las víctimas.
A un día del cambio de mando del pasado 11 de marzo, cuando Bachelet le entregó el poder a Sebastián Piñera, su subsecretaria de Derechos Humanos plasmó en tribunales la denuncia, según confirmó este viernes a la AFP una fuente del Poder Judicial, completando la ofensiva final de Bachelet para avanzar en temas pendientes sobre causas de derechos humanos.
"La denuncia involucra a los testimonios de la Comisión Valech I y II y fue aceptada por el ministro (Mario) Carroza", señaló una fuente del Poder Judicial.
Durante su Gobierno, Bachelet (víctima ella misma de tortura, al igual que su madre, y su padre que murió en prisión víctima de ellas) intentó sin suerte levantar el secreto de miles de testimonios recabados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como "Comisión Valech".
La reserva de identidad (por 50 años) permitió que muchos se atrevieran a revelar los detalles de las detenciones ilegales y torturas (incluyendo violaciones y uso de electricidad) perpetradas a miles de chilenos por el régimen de Augusto Pinochet, que en sus 17 años provocó la muerte a más de 3.200 personas.
La Comisión Valech —desarrollada durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006)— estableció reparaciones económicas para las vítimas y un plazo de 50 años para la reserva total de la identidad específica de cada testimonio.
Cuando en 2003 el informe fue entregado al presidente Lagos se realizó una sola copia precisamente para evitar filtraciones.
La decisión de presentar la denuncia judicial, se suma al proyecto de ley enviado la última semana de su Gobierno —pero conocido hace pocos días— entrega nuevas reparaciones económicas a víctimas y familiares de prisión política y tortura durante la dictadura de Pinochet.
Punta Peuco, un cierre fallido
Los derechos humanos se tornaron en la agenda de la presidenta socialista en la recta final de su Gobierno.
La decisión de cerrar Punta Peuco —una cárcel especial ubicada en las afueras de Santiago en la que cumplen condena un centenar de represores de la dictadura— transformó en una película de suspenso la última semana del gobierno de centroizquierda.
La "guerra interna" desatada por el tema llegó al límite cuando la mandataria firmó el decreto para cerrar el penal y su ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a aceptar la medida y permitir su materialización, según versiones del círculo cercano a Bachelet que no fueron confirmadas por sus protagonistas.
"Habiendo tenido cuatro años para legislar o para regular esta materia, no lo podíamos hacer (a última hora)", lanzó el ministro Campos a medios locales, intentando esquivar las acusaciones que recaían sobre sus hombros.
En los hechos, Punta Peuco sigue abierta y Bachelet selló su segundo mandato dejando pendiente una promesa realizada año y medio atrás ante una víctima de Pinochet, pese a que durante sus cuatro años de Gobierno intentó romper el entramado de leyes que impuso la dictadura.
Una reforma del sistema electoral, cambios en la tributación de impuestos y el avance en una ley educativa que busca instaurar a largo plazo la gratuidad universal fueron reformas que lograron avanzar.
Sin embargo, la promesa de desterrar la Constitución aprobada en dictadura quedó acotada a un impulso de última hora con el envío al Congreso de un proyecto de ley ya desterrado por el Gobierno de Piñera.