El vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, pidió el viernes a la Justicia del país solicitar una orden de captura internacional contra la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, destituida en agosto pasado por decisión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), reportó EFE.
"Exhortamos al Poder judicial y a nuestro valiente fiscal, Tarek William Saab, a solicitar la captura internacional de esta prófuga de la justicia para que responda por las atroces muertes que provocó su actuación cómplice junto a la derecha venezolana en el fallido golpe del año pasado", dijo Tareck el Aissami ante la ANC.
El Ejecutivo acusa a Ortega de planear junto a la oposición venezolana y a gobiernos extranjeros un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.
Este mismo viernes, la exfiscal denunció en la Corte Penal Internacional (CPI) a Maduro y a dos altos funcionarios del Gobierno por "masacrar" al grupo del exagente Óscar Pérez, fallecidos en enero en un operativo policial.
El que también fuese ministro de Interior señaló el viernes que "el papel" de la titular del Ministerio Público durante las protestas antigubernamentales del año pasado en aquella "conspiración" fue su "inacción deliberada".
El vicepresidente indicó que "la señora" que mantuvo una "infame conducta" puede "responder a muchas de estas interrogantes" que surgieron el año pasado durante las protestas antigubernamentales.
En agosto pasado la entonces fiscal fue apartada de su cargo por la plenipotenciaria ANC y puso en su lugar a Tarek William Saab, un chavista que estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo.
La ANC tomó esta decisión tras ser informada por el Tribunal Supremo de que Ortega Díaz había sido suspendida "para su enjuiciamiento, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo".
El mismo día, a la exfiscal se le congelaron sus cuentas, se le inhabilitó para ejercer cargos públicos, y se le prohibió salir del país.
Estas acciones llevaron a Ortega Díaz a no reconocer las decisiones del Supremo por estar compuesto por magistrados "ilegítimos" que ella misma impugnó por supuestas irregularidades en sus nombramientos.
A finales de agosto el Gobierno de Colombia informó de la llegada de Ortega Díaz en un "vuelo privado".
Entre las denuncias que ha efectuado ya fuera de Venezuela, Ortega Díaz ha relacionado al presidente del país, Nicolás Maduro, y al "número dos" del chavismo, el oficialista Diosdado Cabello, de vínculos corruptos con la empresa brasileña Odebrecht.
Denuncia ante la CPI por la muerte de Óscar Pérez
Mientras, Ortega Díaz acudió el viernes a la CPI para ampliar la denuncia que presentó el pasado noviembre contra el Gobierno venezolano por "masacrar" al grupo del antiguo policía Óscar Pérez.
Ortega se reunió durante casi dos horas con personal de la CPI y llevó pruebas que demostrarían que tanto el exagente Pérez como sus compañeros, muertos en enero pasado, "estaban rendidos" y habían "negociado su entrega", dijo Ortega a EFE.
En este contexto explicó que, conforme al artículo 18 de la Ley de La Fuerza Armada, solo el presidente de Venezuela puede "movilizar al Comando Estratégico Operacional (CEO), con el fin de realizar una operación como ésta".
Ortega también apuntó como corresponsables de esa operación al jefe del CEO, Remigio Ceballos Ichaso, y al director de la Policía Nacional, Carlos Pérez Ampueda, a los cuales pidió procesar por crímenes de lesa humanidad junto a Maduro.
La denuncia devuelve a la escena el caso de Pérez, quien se hizo conocido en julio de 2017 cuando, en medio de las protestas antigubernamentales que dejaron más de 100 muertos en Venezuela, lanzó varias granadas desde un helicóptero de la Policía científica contra el Tribunal Supremo y, junto a algunos militares, se rebeló contra Maduro.
El 15 de enero, los servicios de inteligencia venezolanos encontraron a Pérez y a su grupo escondidos en una casa de El Junquito, en el municipio Libertador, al oeste de Caracas.
El propio Pérez retransmitió por las redes sociales cómo un agente del CEO que lideraba la operación le comunicaba su intención de detenerlo, mientras el expolicía lo animaba a unirse a su causa.
Según el Gobierno de Venezuela, el ataque armado a la vivienda se debió a que los insurgentes comenzaron a disparar a miembros del comando, pero Ortega lo negó el viernes tajantemente y dijo que fue el CEO el que asaltó la vivienda, hirió a los insurgentes y finalmente "los remataron" con "tiros de gracia".
"Fue un despliegue militar y policial exagerado" en el que intervinieron "más de 500 agentes" y se utilizaron "helicópteros, lanzacohetes, granadas y fusiles", afirmó Ortega.
En la operación murieron Pérez y seis de sus compañeros, mientras que otras cinco personas fueron detenidas.
En la acción también perdieron la vida dos efectivos de la Policía Nacional y cinco resultaron heridos, de acuerdo con el Gobierno de Venezuela.
La exfiscal de Venezuela aseguró que su oficina sigue trabajando desde Bogotá, donde han entrevistado a "víctimas y testigos" y se han recabado "elementos que sirven para corroborar los hechos" investigados.
Algunas de las pruebas obtenidas se habrían recopilado gracias a filtraciones provenientes del actual Ministerio Público de Venezuela, indicaron a EFE fuentes cercanas a la exfiscal.
La Fiscalía de la CPI anunció en febrero de este año la apertura de un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores.
Desde su repentina salida de Venezuela por la frontera con Bogotá, el perfil público de Ortega se ha hecho internacional, con reuniones con autoridades europeas y latinoamericanas.
Ortega negó hoy que tuviera en el horizonte comenzar una carrera en la política venezolana como eventual candidata presidencial.