Que un exmandatario de un país, cuya clase política ha hecho de la corrupción un modo de vida, sea por fin condenado por ello debería ser recibido como una excelente noticia.
En el caso de Luiz Inácio Lula da Silva, sin embargo, la condena confirmada (y aumentada) por un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre ha de ser tomada con cautela. Según lo resumió el magistrado Joao Pedro Gebran Neto, relator del caso, el voto contra el expresidente se fundamenta básicamente en que los "indicios de culpabilidad de Lula son extremadamente elevados".
A falta de pruebas materiales, el tribunal de apelaciones se basó ante todo en las alegaciones de Leo Pinheiro, expresidente de la constructora que le habría asignado a Lula un apartamento de lujo a cambio de interceder a su favor.
No está aquí en duda la integridad de los jueces, pero es la cuerda floja en la que se sustenta su convicción lo que sigue alimentando la polémica en Brasil respecto a la culpabilidad del exmandatario.
De ahí la conclusión de Mario Cesar Carvalho al analizar el juicio en la Folha de Sao Paulo: "La brevedad con que el tribunal de apelaciones trató las cuestiones jurídicas más espinosas sugiere que, en vez de apaciguar el caso, las contestaciones irán en aumento".
Polarización
La decisión de la Justicia cae, desafortunadamente, en un momento en que la sociedad brasileña parece cada vez más polarizada entre defensores y detractores de Lula.
Estos últimos componen un bloque heterogéneo que va desde, por ejemplo, partidarios desilusionados del antiguo sindicalista, oponentes a la gestión del Partido de los Trabajadores (PT) durante sus años de Gobierno y defensores de la lucha contra la corrupción, hasta simpatizantes de la extrema derecha.
Los seguidores de Lula se quejan, por su parte, de una justicia desigual. Ya que notan cómo los líderes del PT terminan ya sea destituidos (Dilma Rousseff) o condenados (Lula), mientras que el Congreso blinda la inmunidad del oficialismo; en particular de Aécio Neves, excandidato presidencial del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y del actual mandatario y también presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Michel Temer, ambos acusados formalmente de corrupción.
Una percepción que, no obstante, tiende a pasar por alto que las investigaciones de corrupción de los últimos años han abarcado el espectro político en su conjunto y que prácticamente todos los partidos implicados han intentado de un modo u otro frenarlas.
Aun así, solo la condena de los principales implicados, independientemente de su pertenencia política, logrará atenuar la sensación de que la Justicia funciona de manera asimétrica.
Y ahora ¿qué?
La decisión de los jueces aleja a Lula de un retorno al poder. Por lo pronto, el PT mantiene la candidatura para las presidenciales de octubre. Su estrategia sería dilatar lo más posible la presencia de Lula en el escenario electoral, presentando recursos ya sea ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ, por las siglas en portugués) o el Tribunal Supremo Federal (STF). Y también intentando validar su candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Queda por ver el alcance de estos pasos, aunque la unanimidad del tribunal de apelaciones reduce drásticamente las expectativas de una posible revocación de la sentencia. De todos modos, lo fundamental aquí es ganar tiempo. Lo cual le permitiría a Lula, si finalmente ha de retirarse, alargar la campaña y en las postrimerías nombrar a un sucesor que se vea propulsado a la segunda vuelta (si no a la presidencia) por su ola de popularidad.
Sea cual sea el resultado final, como señala Celso Ming en O Estado de Sao Paulo, "la condena de Lula refuerza el hecho de que el PT necesita reinventarse". El partido de izquierda ha terminado reproduciendo las peores prácticas de la política brasileña, gangrenado por la corrupción y convertido en una máquina electoral.
Todo esto alejándose de los movimientos sociales que lo acompañaron en su ascenso al poder. Un descalabro que se refleja en su incapacidad de generar un nuevo liderazgo, algo que lo hace depender sobremanera de la figura de Lula.
Pero el descrédito del PT (al igual que el del PSDB y del PMDB) no solo es un problema para su base electoral, sino para la democracia brasileña en general. Son justamente los repetidos escándalos de corrupción y el corporativismo político el caldo de cultivo del extremismo.
En el caso de Brasil, el ascenso de la extrema derecha es más que preocupante. Y ello lo simboliza quien, según las encuestas, vendría detrás de Lula en la carrera presidencial, Jair Bolsonaro.
Este antiguo capitán del Ejército ha cimentado su éxito político a golpe de declaraciones misóginas, racistas y homófobas. En el impeachment de Dilma Rousseff le dedicó su voto al comandante Ustra, conocido torturador en épocas de la dictadura (1964-1985) y del que la propia Rousseff fue víctima.
Por si fuera poco, no escasean las manifestaciones a favor de una intervención del Ejército que ponga fin a la crisis política que atraviesa el país. Quizás fuera ello lo que alentara semanas atrás el exabrupto del general en activo Antonio Hamilton Martins Mourao: "si la Justicia no resuelve el problema político, compañeros del Alto Comando del Ejército entienden que una intervención militar podrá ser adoptada".
No hay que dramatizar. La democracia en Brasil no corre peligro en estos momentos. Pero semejantes bravuconadas muestran que no vive su hora más feliz.