Más de 50.000 viviendas destruidas, alrededor de 250.000 severamente afectadas; la mitad de la población sin luz; carencia de agua potable en varias de las zonas damnificadas; un éxodo de 150.000 personas sobre una población de 3,5 millones de habitantes.
Diez semanas después del paso del huracán María, Puerto Rico sigue ofreciendo un paisaje desolador. ¿Cómo explicar una recuperación tan lenta?
Bien se puede decir que la magnitud del desastre ha dejado al descubierto los problemas estructurales (económicos y de infraestructura) de la isla caribeña. La conjunción de un Estado en bancarrota (y, por lo tanto, sin recursos en caso de emergencia), un sistema eléctrico vetusto y un alto porcentaje de construcciones informales, terminó por revelarse funesta.
Deterioro económico
Así, en mayo de este año el Estado Libre Asociado se declaró en quiebra con el fin de reestructurar una deuda de alrededor de 70.000 millones de dólares. Este endeudamiento insostenible se debe en gran medida a la recesión económica que asola al país desde 2006, año en que llegó a fin el régimen de exenciones fiscales que favorecía las inversiones de empresas estadounidenses en la isla.
El cese del dispositivo de incentivos había sido votado por el Congreso de EEUU en 1996, pero su desmantelamiento progresivo abarcó toda una década. Este proceso coincidió, además, con la entrada en vigor de tratados regionales de libre comercio (NAFTA, 1994) y CAFTA (2006, por sus siglas en inglés) que eliminaron el acceso exclusivo que tenía Puerto Rico al mercado estadounidense.
Esto se tradujo en una merma de la competitividad de la economía boricua, basada en el dólar y, por ende, sin posibilidades de efectuar una devaluación monetaria. Algo que no tardó en reflejarse en los índices económicos. Según el senador José Nadal, entre 2006 y 2015, el Producto Interno Bruto local se redujo en un 15,5% y el empleo total disminuyó en un 21%.
En ese mismo lapso, debido a la deterioración de la situación económica, 308.000 personas abandonaron la Isla —casi un 10% de la población—. Como es natural, señala Nadal, la baja actividad económica y la emigración masiva hacia Estados Unidos comenzaron a "provocar estragos en las finanzas públicas".
Los sucesivos gobiernos intentaron paliar el descenso de los ingresos mediante la emisión de deuda. Una estrategia insostenible a mediano plazo si no se compaginaba con una reactivación de la economía.
No en balde, en 2016, el Congreso estadounidense creó una Junta de Control Fiscal para atender los problemas cada vez más acuciantes de las finanzas puertorriqueñas. Esta intervención no pudo, sin embargo, evitar la bancarrota de comienzos de año.
Puerto Rico cuenta hoy con un tasa de pobreza del 45% y un desempleo del 12%.
Infraestructuras precarias
A la economía maltrecha se le suma el estado precario de las infraestructuras. Un ejemplo revelador de ello es que la compañía eléctrica de la isla, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se declaró en bancarrota este verano.
La falta de fondos de la firma, agravada por una gestión dudosa, ha imposibilitado la modernización de las anticuadas plantas eléctricas. Ya antes del huracán no era raro que los usuarios se viesen privados del suministro de electricidad. No es pues de sorprender el apagón generalizado en que vive desde entonces gran parte de la población.
Por otra parte, la construcción ilegal de casas ha significado un grave inconveniente en los últimos años. Ya en un editorial de septiembre de 2014, El Nuevo Día alertaba que el 34% de las nuevas viviendas reportadas carecía de autorización.
Semejante fenómeno suponía evidentemente un problema para la seguridad pública. Sin el aval de las autoridades competentes, era de sospechar que una proporción considerable de las construcciones informales no respetasen los criterios de emplazamiento y/o de solidez. El paso del huracán ha corroborado ese temor.
¿Una ciudadanía de segunda categoría?
Por último, está la inserción ambigua de Puerto Rico como Estado Libre Asociado dentro del sistema político estadounidense. Si bien los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, solo pueden votar en las elecciones presidenciales si residen en territorio norteamericano.
Además, la isla no posee en el Congreso una representación semejante a la de los demás estados, sino un simple comisionado residente en la Cámara de Representantes, que no tiene derecho a voto.
Una ecuación que sin dudas limita la influencia de Puerto Rico en la arena política federal. Y a la vez alimenta una percepción confusa en el resto de la población. Según datos de la BBC, apenas 54% de los ciudadanos estadounidenses sabe que los puertorriqueños también lo son.
Y esto probablemente se traduzca en la repuesta de las instituciones y de la población estadounidenses a la catástrofe en el Estado caribeño. Un estudio comparativo de CNN muestra la diferencia en los esfuerzos de ayuda y recuperación por parte de Estados Unidos ante, por una parte, los ciclones Harvey e Irma (en Texas y en la Florida respectivamente) y, por otra, el huracán María en Puerto Rico.
"En la isla, por ejemplo, hay menos personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Las donaciones de sus compatriotas estadounidenses también han sido mucho más reducidas".
Por si fuera poco, al visitar Puerto Rico dos semanas después del huracán (cuando solo había tardado cuatro días en poner los pies en Texas y en Florida), el presidente Donald Trump no solo declaró que esta no era una "verdadera catástrofe", sino que hizo gala de gestos desubicados como, por ejemplo, lazarles rollos de papel de cocina a los damnificados, como si jugara baloncesto.
Una imagen que refleja el desamparo actual de los habitantes de la isla.