El número de rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se negaron a desmovilizarse y a unirse al acuerdo de paz con el Gobierno es muy preocupante, dijo este martes el defensor del pueblo, que calcula que pueden ser unos 800, el doble de las estimaciones iniciales de las Fuerzas Militares, reporta Reuters.
A comienzos del año, el Ejército estimó en 400 los desertores de las FARC, algo más de un 5% de los 7.000 combatientes que dejaron las armas tras el acuerdo de paz firmado a finales del 2016.
En total, más de 11.300 integrantes de las FARC entre combatientes, auxiliadores y presos están en proceso de reincorporación a la sociedad, después de que el grupo entregó las armas a las Naciones Unidas y conformó un partido político.
"Me preocupan las disidencias y me preocupan nuevos grupos que están únicamente dedicados a cuidar cultivos, a comprar hoja de coca para hacer todos los procesos hasta venderla en el exterior", dijo en una entrevista con Reuters el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret.
"Nosotros estamos muy preocupados por las disidencias de las FARC. Realmente, la cifra de 400 podría ser el doble por las informaciones que tenemos de los mecanismos de monitoreo", sostuvo Negret en su oficina del centro de Bogotá.
La firma del acuerdo de paz (negociado durante unos cuatro años en Cuba) entre el Gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y las FARC, ha permitido reducir la violencia del conflicto armado más extenso de América Latina que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
Pero algunos comandantes y guerrilleros de estructuras dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal en zonas selváticas y montañosas se han declarado disidentes.
Una fuente de alto nivel de un organismo de seguridad dijo a Reuters que el número de combatientes que retomaron las armas asciende a 1.000, procedentes de 23 frentes de los más de 80 que tuvo la guerrilla en el país de 50 millones de habitantes.
Reuters conoció el martes un comunicado del tercer frente de las FARC en el que declaró su desacuerdo con el pacto de paz y anunció una "retoma militar" de las zonas que había desalojado el grupo.
"Nosotros como combatientes no entendemos cómo nuestros camaradas negociaron nuestros ideales, metas y logros revolucionarios por las comodidades que brindan las elites del Estado y unos cuantos dólares", dijo el comunicado en poder de un organismo de seguridad.
Negret, el máximo directivo de la institución del Estado que es independiente del Gobierno y promueve la defensa de los derechos humanos, admitió que los cultivos de hoja de coca y los millonarios recursos que genera el tráfico de cocaína es el principal aliciente para que aumenten la disidencia y otros grupos armados ilegales.
Durante décadas, los rebeldes financiaron su lucha armada con recursos del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.
A medida que aumenta el número de disidentes, las batallas por territorios comienzan a recrudecer con las bandas criminales dedicadas al narcotráfico que intentan ocupar los espacios dejados por las FARC, que culminaron a finales de junio la entrega de más de 8.000 armas a la ONU.
Pese a que la sociedad colombiana está dividida entre quienes apoyan y rechazan el acuerdo de paz y la reinserción de los combatientes, el Gobierno y el grupo avanzan en la implementación del pacto.
Bajo los términos del acuerdo, el partido político que surgió de las FARC podrá participar en las próximas elecciones y tendrá diez escaños en el Congreso hasta 2026, aun si no consigue los votos necesarios.