Los primeros meses de la nueva Presidencia de Ecuador han estado marcados por la ruptura estrepitosa entre el antiguo mandatario, Rafael Correa, y su sucesor, Lenín Moreno. ¿Cómo se explica este brusco deterioro de las relaciones entre las principales figuras del partido en el poder, Alianza País (AP)?
Una primera razón de este enfrentamiento radicaría en la necesidad para el nuevo mandatario de marcar un perfil propio. Ya durante la campaña electoral Moreno insistía en que era el candidato de AP, no de Correa.
Y para avalar su independencia, pocos días después de la toma de posesión emprendió una serie de gestos simbólicos: reunirse con los líderes de la oposición, devolverle la sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), confiscada por el Gobierno anterior.
Moreno enviaba así un mensaje conciliador a la opinión pública ecuatoriana, en contraste con la pugnacidad que caracterizara a su antecesor.
En ese sentido también se contempla la decisión de dejar sin funciones a su vicepresidente, Jorge Glas, salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht. O bien el anuncio de un plan de austeridad en la Administración Pública que comprende, por ejemplo, la reducción de los salarios de los altos funcionarios, de los viáticos o incluso de la publicidad estatal.
Nueva hoja de ruta
Con estas medidas el presidente ecuatoriano intenta trazar una nueva hoja de ruta en que la transparencia y la lucha contra la corrupción y la ineficacia en la gestión pública jugarían un papel clave.
Pero también habría en ellas la voluntad de despejar un margen de acción propia, atenazando (o desmontando) los componentes que, dentro de las estructuras del Estado, respondiesen al antiguo mandatario.
No en balde Moreno despidió a los jefes de los medios públicos, considerados cercanos a Correa. Y buscará, mediante una consulta popular, suprimir la posibilidad de una reelección indefinida, introducida a fines de 2015 en la Constitución para permitir probablemente la candidatura de Rafael Correa en las elecciones de 2021.
Así pues, el presidente actual ha ido esbozando una agenda que se distancia de la anterior en lo que serían dos caras de una misma moneda, transparencia y conciliación. Como bien apuntara Aminta Buenaño en El Telégrafo, Lenín Moreno "no quiere heredar enemigos", sino "restablecer condiciones para volver a dialogar con grupos discordantes".
La economía como punto clave
Ahora bien, la necesidad de atenuar la polarización que ha escindido en los últimos años el tablero político ecuatoriano viene dada por la situación económica que enfrenta el país.
La coyuntura actual está dominada por una caída de las exportaciones, la bajada del precio del petróleo, la contracción del sector de la construcción y un aumento de la deuda pública.
Esta subida del endeudamiento, que Moreno achaca al Gobierno de Correa, se debe a la necesidad de paliar a la vez la pérdida de competitividad de las exportaciones ecuatorianas, a raíz de la apreciación del dólar (moneda que rige la economía del país andino), y el descenso del precio de las materias primas en el mercado mundial (sobre todo del petróleo, principal fuente de riqueza de Ecuador).
La semana pasada, Lenín Moreno anuncio un conjunto de medidas económicas destinadas a reactivar la economía. Continuando la política económica de AP, ha procurado no afectar a los sectores más pobres de la población, evitando un "paquetazo" (es decir, un alza de precios de la gasolina, el gas, la electricidad).
En cambio, ha centrado su plan de estímulo en la eliminación de impuestos para las pequeñas y medianas empresas y en la repatriación de los capitales depositados en el extranjero. Además, para suplir la escasez en las arcas del Estado, ha aplicado un leve aumento en el impuesto a la renta de las grandes sociedades y los altos salarios.
La necesidad de aglutinar
El Gobierno ecuatoriano sabe que está jugando con el reloj en contra. Si no se produce el esperado repunte de la economía interna y si no hay un incremento sostenido del precio del petróleo, se le hará difícil mantener la política expansiva y redistributiva que ha caracterizado la gestión de AP desde su llegada al poder.
Esta ha significado un descenso de los índices de pobreza y un desarrollo considerable en la red de infraestructuras (carreteras, universidades, hospitales, hidroeléctricas, etc.).
A la vista planearía entonces una reestructuración de la deuda, lo cual afectaría la capacidad del Estado para seguir siendo el principal motor de la economía nacional. Además dejaría al Gobierno en una postura delicada, debiendo sufragar sus políticas mediante recortes en los gastos públicos, algo que socavaría el edificio social que ha levantado el país en los últimos años.
Otra posibilidad sería acudir a una reforma fiscal que propicie una mayor contribución por parte de las clases pudientes, que apenas tributan un 3% de su renta (por debajo de la media regional, que se sitúa en un 5%). La primera opción desencadenaría fuertes conflictos sociales, la segunda acarrearía un recrudecimiento de la lucha con la oposición.
En cualquier caso, Lenín Moreno deberá desplegar un fuerte arsenal de persuasión para enfrentar estos retos.
Como bien destaca el politólogo ecuatoriano Felipe Burbano en The New York Times, la buena marcha de la gestión de Moreno dependerá de si logra mostrar que se puede llegar a acuerdos a través del diálogo sin abandonar las políticas defendidas por su electorado "como la redistribución del ingreso, la autonomía del Estado frente a los grupos de poder y una activa política social".
A lo cual habría que añadir la capacidad de mantener a su partido unido y no debilitado en una guerra entre bandos correístas y morenistas, pues no es de descartar que la oposición más feroz surja de sus propias filas.
Moreno se enfrenta a un mandato que le exigirá dotes de equilibrista.