La Corte Constitucional de Colombia blindó hoy el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC el pasado 24 de noviembre por tres periodos presidenciales completos, es decir por 12 años.
El alto tribunal decidió sobre el acto legislativo 02 de 2017, que incorpora a la Constitución un nuevo artículo transitorio según el cual "las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido" en el acuerdo y lo declararon acorde a la ley, reportó EFE.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, destacó en su cuenta de Twitter que la decisión fue unánime, por lo que la corte "legitima y da estabilidad por tres Gobiernos al acuerdo de paz".
Por decisión unánime, la @CConstitucional legitima y da estabilidad por 3 gobiernos al #AcuerdoDePaz #LaPazAvanza
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 11 de octubre de 2017
Según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, eso implica que la corte decidió que "no reemplaza ningún pilar constitucional y tiene como propósito brindar estabilidad y seguridad jurídica" al acuerdo.
Para esa oficina, el anuncio "es una invitación a las autoridades y a la institucionalidad" a adoptar lo firmado en noviembre pasado con las FARC "como un referente de interpretación a la hora de ejecutar las leyes de implementación, y constituye una garantía jurídica para que los desarrollos normativos de la implementación sean fieles al espíritu" del acuerdo.
De este modo, los futuros Gobiernos y las instituciones del Estado tienen la obligación de cumplir y mantener los puntos del acuerdo.
En este sentido, el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, indicó a periodistas que con esta decisión la corte avala "esa garantía de estabilidad jurídica de los acuerdos", si bien hace "precisiones importantes" acerca de "interpretaciones posibles".
"El acuerdo no tiene en sí mismo valor normativo si no que requiere inclusión en la Constitución como se ha venido haciendo" en el Congreso, afirmó Guerrero.
El acuerdo de paz incluyó que más de 7.000 combatientes dejaran las armas para formar un partido político, además de complejos temas como acceso a la tierra para campesinos pobres, lucha contra el narcotráfico, justicia transicional, compensación a víctimas y desminado.