El opositor venezolano Leopoldo López, bajo arresto domiciliario, negó el domingo haber participado en reuniones para una negociación con el Gobierno, como aseguró el presidente, Nicolás Maduro, reportó la AFP.
"Bien sabes @NicolasMaduro que no he asistido a ninguna reunión. Estoy preso injustamente, primero en una cárcel militar, ahora en mi casa", señaló López en mensajes de Twitter escritos por su esposa, Lilian Tintori.
Más temprano, Maduro había asegurado en su programa semanal de televisión que el dirigente había tomado parte en encuentros para un diálogo entre el Gobierno y la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
"El señor Leopoldo López, inclusive en su condición de penado, ha asistido a reuniones", afirmó el gobernante, sin precisar las fechas de esas citas.
A López, preso desde febrero de 2014, le fue concedida una medida de arresto domiciliario el pasado 8 de julio, como parte de la cual tiene prohibido hacer declaraciones públicas.
"Aun con el riesgo de hacerlo, he decidido comunicar mi posición clara ante ustedes y la comunidad internacional", añadió el político, quien manifestó su disposición a dialogar "sin manipulaciones".
La justicia le revocó a López la casa por cárcel el 1 de agosto, pero se la restituyó cinco días después con un fallo que restringe sus intervenciones, según la defensa.
López fue detenido en febrero de 2014 y cumple una condena de casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos ese año.
El Gobierno venezolano y la MUD iniciaron el pasado miércoles en República Dominicana contactos para sentar las bases de una negociación.
Sin embargo, según Maduro, las partes mantienen contactos de tiempo atrás. "Si contara el número de reuniones entre marzo de 2016 en República Dominicana y 2017, pudiéramos decir más de 100", sostuvo.
Delegados del Ejecutivo y de la oposición celebraron un fallido diálogo a fines de 2016 con el auspicio del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Maduro criticó al presidente del Parlamento, de mayoría opositora, Julio Borges, delegado de la MUD para los actuales acercamientos, porque expresó el sábado que éstos no constituyen un diálogo formal sino solamente contactos exploratorios. Borges "mintió descaradamente (...) Es evidente que hay un diálogo formal".
Para iniciar negociaciones, la oposición demanda la garantía de que habrá elecciones presidenciales a fines de 2018, como ordena la ley. "Las elecciones a presidente de la República serán el último trimestre del año que viene", sostuvo Maduro.
La MUD exige además la liberación de unos 600 "presos políticos", entre ellos López. Los delegados se reencontrarán en Santo Domingo el 27 de septiembre.
En un inusual gesto de acercamiento en medio de las turbulentas relaciones entre Washington y Caracas, el gobernante venezolano agradeció el domingo al presidente estadounidense, Donald Trump, el "apoyo al diálogo".
"EEUU, en el comunicado oficial que saca el Departamento de Estado habla de negociaciones, que es el concepto que ellos le dan, negociaciones, yo lo llamo como es: diálogo", dijo Maduro en su programa dominical, precisó un reporte de Reuters.
"Le agradezco al presidente Donald Trump el apoyo al diálogo nacional", añadió.
Washington considera que el país sudamericano vive una dictadura, y a fin de presionar por un cambio, Trump firmó el mes pasado un decreto que prohíbe a las empresas de su país hacer negocios que permitan financiar al Gobierno venezolano o a la petrolera estatal PDVSA.
Trump también mencionó una "posible opción militar" en Venezuela, "en caso de ser necesario".
La oposición venezolana informa de la muerte de un concejal preso y culpa al Gobierno
El partido político opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) informó el domingo de la muerte de su concejal Carlos Andrés García, quien se encontraba encarcelado desde diciembre de 2016, y responsabilizó al Gobierno de su fallecimiento al denunciar que no permitió que recibiera atención médica, reportó EFE.
En una serie de mensajes publicados en la red social Twitter, PJ dijo que García "fue detenido ilegalmente por los cuerpos de seguridad" que le sembraron "una suma de dinero en efectivo" en el marco de unas protestas que se registraron en diciembre de 2016 en el estado Apure (oeste).
Según medios locales, García se encontraba recluido en la sede regional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, Inteligencia), después de que funcionarios de este cuerpo de seguridad allanaran su vivienda.
"Estando detenido ilegalmente a Carlos Andres le dio un ACV (Accidente Cerebro Vascular) y le fue negado cualquier tipo de atención médica", aseguró el partido, que además afirmó que "solo fue trasladado a un centro de salud cuando ya no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud".
Además, denunció que hace dos días le habían otorgado "casa por cárcel" y que la orden "no fue ejecutada por los cuerpos de seguridad".
"Denunciamos al mundo que la muerte de Carlos Andrés es responsabilidad del Gobierno y se suma a violaciones de derechos humanos", agregó PJ.
Esta denuncia por parte de PJ, en el que milita el líder opositor Henrique Capriles, surge cuando el Gobierno venezolano está en el ojo del huracán de una serie de audiencias internacionales que pretenden determinar si hay motivos para denunciarle ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violar derechos humanos.