Un juez chileno condenó el martes a cinco agentes de la dictadura de Augusto Pinochet en dos casos por la desaparición de dos opositores en los años 1974 y 1976, según informaron fuentes judiciales, reportó EFE.
En el primer caso, el juez especial Mario Carroza condenó a cinco años y un día de presidio al brigadier Miguel Krassnoff Marchenko, el coronel de Gendarmería (Servicio de Prisiones) Orlando Manzo Durán y al suboficial Basclay Zapata Reyes por la desaparición del fotógrafo Óscar Castro Videla, detenido el 16 de agosto de 1974.
Los tres condenados están actualmente en prisión, cumpliendo sentencias que suman varios centenares de años, tras ser declarados culpables en varias decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
El juez en la investigación logró determinar que Castro Videla, de 40 años y militante del Partido Socialista, fue detenido en su casa, hasta donde llegaron los agentes junto a Luz Arce, miembro también del Partido Socialista que, doblegada por la tortura, se había convertido en colaboradora de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet.
Castro Videla fue llevado a "Londres 38", un centro de torturas y exterminio situado en pleno centro de Santiago, donde fue visto por varios prisioneros que lograron sobrevivir y después trasladado a otro recinto, situado en el municipio de Ñuñoa, donde luego se perdió su rastro.
En el segundo caso, el juez condenó a cinco años y un día de prisión a los mismos Krassnoff y Zapata, además del brigadier Pedro Espinoza y el coronel Carlos López Tapia por el secuestro de María Galindo Ramírez, cometido el 18 de julio de 1976.
De 26 años y secretaria de oficio, María Galindo militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que combatió la dictadura.
Fue detenida en la vía pública y llevada después a "Villa Grimaldi", un sitio de tortura y exterminio, donde fue vista por otros prisioneros e hizo amistad con un guardia, quien testificó en el juicio sobre los tormentos a que fue sometida hasta que se perdió su pista, un tiempo después.
En ambos casos, el juez acogió las demandas civiles presentadas por familiares de las víctimas y condenó al fisco a pagar indemnizaciones por el daño moral causado.