El Gobierno de México desvió 192 millones de dólares a empresas fantasma, compañías que no existen o carecen de actividad, entre 2013 y 2014, según una investigación conjunta del diario digital Animal Político y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada bajo el título de La estafa maestra.
En la trama estuvieron implicados 11 instituciones, ocho universidades y más de 50 funcionarios y entre los diferentes organismos públicos aparecen la Secretaria de Desarrollo Social, el FOVISSSTE —uno de los dos seguros sociales mexicanos—, el Registro Agrario Nacional, el Banco Nacional de Obras o Pemex.
De acuerdo con los investigadores, el esquema de desvío fue transversal al Gobierno de Enrique Peña Nieto y afectó, sobre todo, a la Secretaría de Desarrollo Social, entonces en manos de Rosario Robles y a Pemex, en los años de Emilio Lozoya y Juan José Suárez. También afectó al Banco Nacional de Obras, cuando estaba en manos de Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México.
En México, la Ley General de Adquisiciones obliga al sector público a licitar sus contratos de obras y servicios, pero también permite que obvie este paso si contrata con universidades. En vez de sacar a concurso una obra, firma un convenio con una universidad y esta se encarga. La universidad debe realizar al menos el 51% del servicio contratado.
En tal sentido, las pesquisas señalan que los organismos citados se valieron de este camino legal para armar un esquema de desvío de fondos multimillonario.
Las universidades firmaron en esos años 73 convenios con el sector público, acuerdos que les obligaban a prestar una serie de servicios que, en muchos casos, no se dieron. En vez de eso, se quedaban una comisión y subcontrataban con empresas. En muchos casos, según los investigadores, las empresas ni siquiera existían. Solo por intermediar, las universidades se habrían quedado 56 millones de dólares en concepto de comisiones, precisó un resumen del caso realizado por El País.
Estos 73 convenios derivaron en contratos con 186 empresas. De acuerdo al conteo de la investigación, 128 de las 186 tenían "lagunas legales". El Servicio de Administración Tributaria, SAT, declaró "fantasma" a 11 e investiga a nueve más por la misma razón.
Otras 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y diez más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad.
El total de las empresas (aunque el dinero desviado asciende a 192 millones de dólares) recibió 429 millones de dólares en contratos. Animal Político y MCCI consideran que todos los contratos violan la Ley General de Adquisiciones.
La investigación señala que en 2013, El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, destinó 12 millones de dólares para simplificar la burocracia de los créditos hipotecarios para aligerar el proceso de acceso al dinero de los empleados públicos.
El FOVISSSTE firmó cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta ahí todo legal. La universidad debería haber armado una propuesta para el organismo, pero en vez de eso, subcontrató parte de los trabajos con Interamericana de Negocios y Comercio, que se dedica, según su acta constitutiva, a la venta de zapatos.
También contrató a tres empresas, investigadas por el SAT por operaciones irregulares. Y a otras tres que no están registradas ante la Secretaría de Economía. En 2013, la Auditoria Superior de la Federación concluyó que no había pruebas de que los trabajos se hubieran realizado.
La compañía Petróleos Mexicanos (PEMEX) firmó 39 de los 73 convenios con seis universidades del sur de México. La paraestatal repartió decenas de millones de dólares entre los centros, que estos a su vez, después de agenciarse la comisión, transfirieron a empresas. Según la investigación, algunas ni siquiera existían.
La presunta trama de corrupción se habría inaugurado durante el Gobierno de Felipe Calderón y había seguido con el de Peña Nieto.