El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intervendrá el próximo lunes 11 de septiembre en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informaron a Efe fuentes del organismo multilateral.
La ONU ha recibido una nota verbal de la Misión Permanente de Venezuela ante el organismo en Ginebra confirmando que al mandatario venezolano le gustaría intervenir el lunes por la mañana, en lo que será el día de apertura de la trigésimo sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos, señalaron las fuentes.
El mandatario venezolano tendrá así la ocasión de explicar y defender ante la comunidad internacional su proyecto de Asamblea Constituyente, muy criticado tanto por la ONU como por EEUU, la Unión Europea (UE) y varios gobiernos latinoamericanos.
Maduro también podrá replicar al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, quien dijo el pasado 30 de agosto en una rueda de prensa que la democracia en Venezuela "está apenas viva, si es que sigue viva".
Asimismo, podrá dar su versión sobre las conclusiones de una investigación de la ONU sobre los "extensos abusos" cometidos en el país andino en el marco de las protestas antigubernamentales entre el 1 de abril y el 31 de julio, especialmente por parte de las fuerzas de seguridad y militarizadas.
En su informe, publicado en su totalidad a finales de agosto y del que se adelantaron resultados preliminares el día 8, la ONU detalla el uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas.
También informó de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra civiles y ataques contra periodistas, y ataques y restricciones contra opositores.
La ONU pedirá al Consejo de Derechos Humanos en la sesión que empezará el próximo lunes que considere tomar medidas para evitar un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela, ya sea en la forma de un mecanismo de supervisión, informes regulares o una comisión de investigación.
El Gobierno venezolano calificó el informe de "infundado" y "manipulado", y acusó a través de su embajador ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de comportarse "como una de las tantas ONG financiadas por intereses inconfesables, para satanizar —en nombre de los derechos humanos— a gobiernos y pueblos soberanos".
Igualmente afirmó que Zeid y su oficina se suman así "a la campaña intervencionista foránea", en referencia a EEUU, "que busca erosionar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de la Patria de Bolívar".
Según fuentes de la ONU, Venezuela será "el foco" de la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos y, aunque se sabe que algunos países como EEUU preparan una alusión en una de las reuniones plenarias, aún se desconoce si algunas naciones o grupos regionales promoverán una resolución sobre la crisis venezolana.
El fiscal venezolano acusa a su predecesora de convertir a la Fiscalía en una empresa
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, volvió a denunciar este lunes irregularidades que supuestamente encontró en el Ministerio Público (MP) después de la salida de su predecesora, Luisa Ortega Díaz, tras un periodo de confrontación con el Ejecutivo, reportó EFE.
El fiscal general aseguró que al asumir las riendas de la Fiscalía se encontró con "una realidad que supera la ficción", con un despacho convertido en "una compañía privada" que servía para una red de extorsión.
"La extitular del MP duró nueve años y medio, el tiempo suficiente para degradar lo que en la Constitución aparece como el símbolo de la justicia, y convertirlo en una compañía privada (...) para que se delinquiera en nombre de la justicia", dijo en una entrevista con el canal privado Televen.
Agregó que la fiscalía fue "degradada" de una manera "planificada con los meses y años" que Ortega Díaz se mantuvo al frente de la misma, que conforma parte del Poder Ciudadano de Venezuela.
Saab ascendió al puesto tras la destitución de Ortega Díaz, después de un procedimiento iniciado por el Tribunal Supremo de Justicia y concretado por la Asamblea Nacional Constituyente, un suprapoder controlado totalmente por afectos al Gobierno de Nicolás Maduro.
El ahora fiscal, que formó parte de la investigación que logró la salida de Ortega Díaz, ha denunciado en reiteradas ocasiones el funcionamiento de una "red de extorsión" operada por fiscales que pedían dinero a cambio de no formular delitos contra los implicados en investigaciones.
Esa acusación se hizo después de que la entonces fiscal general comenzara a denunciar la ruptura del orden constitucional de Venezuela por parte del Gobierno de Maduro y los poderes públicos al servicio de su Administración.
Saab aseguró que se han hallado pruebas de transacciones irregulares tasadas en moneda local, en bienes materiales y otras en moneda extranjera.
Asimismo, citó investigaciones que inició la Fiscalía y que fueron archivadas sin ninguna razón aparente por presuntos delitos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Entre ellas mencionó el caso de diez empresas investigadas por "el presunto desfalco, producto de sobreprecio en doce contratos, que pudieron haberle ocasionado al país un daño patrimonial superior a los 200 millones de dólares".
En sus últimos meses al frente del MP, Ortega Díaz comenzó a denunciar la implicación de altos cargos del Gobierno, entre ellos el propio presidente Maduro, en graves delitos de corrupción por vínculos con los casos de Odebrecht o la importación de alimentos, por miles de millones de dólares.
También denunció vehementemente la responsabilidad de los cuerpos de seguridad en la violación de derechos humanos durante la represión de las manifestaciones opositoras y en la muerte de buena parte de las más de 120 víctimas registradas en los meses de manifestaciones.
Actualmente Ortega Díaz, junto a su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer —requerido por las autoridades— se encuentra fuera de Venezuela y ha denunciado en varios países los supuestos delitos cometidos por el Gobierno de Maduro del que fue cercana hasta finales de marzo de este año.