La Asamblea Constituyente que rige Venezuela con poderes absolutos acordó este viernes por unanimidad arrogarse las competencias del Parlamento, controlado por la oposición.
En un decreto, la Constituyente, integrada solo por oficialistas, dijo que decidió "asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminecia de los derechos de los venezolanos", reportó la AFP.
Se trata de un paso esperado, que se produce luego de que la directiva del Parlamento (Asamblea Nacional) no acudió a una reunión a la que había sido convocada por la Constituyente, un órgano que los opositores tildan de ilegítimo y consideran un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en el país, reporta EFE.
Según la AP, el decreto también autoriza a la Constituyente a dictar actos parlamentarios en forma de ley, aunque no impide a los diputados continuar sesionando.
"Le daremos una lección histórica", dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, al criticar la decisión del Parlamento de no subordinarse al nuevo cuerpo.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional anunció en un comunicado que no comparecería este viernes ante la Constituyente, tal como lo hicieron en los últimos días los representantes de otros poderes, para lograr la ratificación en sus cargos.
"Rechazamos, desconocemos y no compareceremos ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nos sometemos a la vigencia de la Constitución de 1999", indicó el Parlamento en un escrito en el que acusó al nuevo cuerpo de actuar como un "poder de facto" y de ser la expresión de la "naturaleza hegemónica que pretende perpetuar a Nicolás Maduro".
En el comunicado, los diputados hicieron un nuevo llamado a las Fuerzas Armadas para "defender" a la Constitución.
La Constituyente, integrada por 545 miembros oficialistas, se instaló el 4 de agosto tras unas elecciones en las que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE, controlado por el Gobierno), participaron ocho millones de electores.
Los comicios fueron cuestionados por opositores y la empresa de tecnología informática Smartmatic, que provee servicios al CNE, que denunció manipulación de los resultados.