El Servicio de Inteligencia de Venezuela (SEBIN) allanó este miércoles la vivienda de la exfiscal Luisa Ortega Díaz en Caracas, horas después de que el recién designado fiscal Tarek Saab, pidiera la privativa de libertad de su esposo, el diputado Germán Ferrer, a quien el Gobierno acusa de liderar una red de extorsión, reporta EFE.
"En este momento el Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este Gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Vzla", informó Ortega Díaz a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.
En este momento el Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este Gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Vzla
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 16 de agosto de 2017
El constituyente y dirigente oficialista Diosdado Cabello denunció al diputado Germán Ferrer, a dos fiscales del Ministerio Público y a una exdirectora de esa dependencia de supuestamente dirigir desde 2016 una red ilícita que habría recibido más de seis millones de dólares de empresas vinculadas al sector petrolero y otras áreas, según informa AP.
Cabello consignó en el Ministerio Público los "originales" de seis cuentas que supuestamente abrieron Ferrer y los otros implicados en la filial de Bahamas de la sociedad suiza de servicios financieros UBS.
El sucesor de Ortega Díaz, Tarek William Saab, anunció que pedirá al Tribunal Supremo de Justicia la captura de Ferrer para que la Constituyente, controlada por el oficialismo, comience el proceso de retiro de su inmunidad parlamentaria para enjuiciarlo.
Al ser consultado por The Associated Press si este proceso podría alcanzar a la fiscal destituida, Saab expresó que se investigará a "las personas que aquí están mencionadas. Ellos deberán aportar suficiente información que nos lleve a la verdad de todo eso. ¿Lo debía o no debía saber la esposa del diputado Germán Ferrer que es la exfiscal?", inquirió.
Cabello pidió a la Fiscalía General la prohibición de salida del país de Ferrer y del resto de los acusados, el congelamiento de sus activos y el inicio de un proceso judicial.
Horas después de las declaraciones, miembros de la policía política acudieron a la residencia de Ortega Díaz y Ferrer para realizar un allanamiento a la vivienda, que está ubicada en el norte de la capital.
"De esta forma es que el Gobierno de (Nicolás) Maduro y Cabello pretenden acabar con nuestra lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos", escribió Ortega Díaz en su cuenta de Twitter al rechazar el allanamiento a su apartamento, acción que consideró como una "venganza" del Gobierno.
Su esposo negó categóricamente que la firma que figura en documentos presentados por la Fiscalía para incriminarle sea la suya, y pidió que se compare con su rúbrica para demostrarlo.
"Qué indignación. Mostrando firmas que no he hecho en documentos que no resisten la más mínima prueba. Reto a que comparen lo que él presenta con una firma original mía para desenmascararlo por inmoral", dijo Ferrer al medio local Punto de Corte.
Llamó "cínico y mentiroso" al fiscal Saab, denunció el "neofascismo" del Gobierno venezolano y apeló a "la solidaridad del venezolano de bien".
El esposo de la exfiscal es parlamentario del Frente Democrático Bolivariano, un grupo de diputados chavistas escindido recientemente del bloque oficialista por disconformidad con el rumbo tomado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La Comisión de la Verdad investigará a los líderes opositores que convocaron protestas contra Maduro
La "Comisión de la Verdad" de Venezuela investigará a los líderes opositores que convocaron a protestas contra el presidente Nicolás Maduro entre abril y julio, dijo este miércoles la presidenta del grupo, la excanciller Delcy Rodríguez, abriendo la posibilidad de encarcelarlos, informa Reuters.
La también presidenta de la polémica y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente agregó que igualmente se abrieron investigaciones contra los parlamentarios que enviaron cartas a bancos e instituciones instando a que no dieran financiamiento al Gobierno por considerarlo una "dictadura".
"Hemos decidido abrir una investigación a los responsables de la convocatoria y la organización de estos hechos violentos", dijo Rodríguez durante la instalación de la "Comisión de la Verdad", conformada por 13 miembros, tres de los cuales deben ser designados por el Congreso, de mayoría opositora.
La Comisión, integrada en su mayoría por simpatizantes del oficialismo, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) la lista de los postulantes a los comicios regionales de octubre para determinar si alguno está incurso en hechos que hayan afectado "la paz y la tranquilidad", agregó.
En los últimos días, el Poder Judicial condenó a cinco alcaldes opositores acusándolos de no haber impedido que manifestantes antigubernamentales cortaran el tránsito en las calles de sus municipios.
'Encarcelar a cualquiera'
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y la propia oposición política aseguran que la "Comisión de la Verdad" solo busca desarticular a los adversarios de Maduro.
De hecho, los principales líderes de oposición desconocieron días atrás a la Comisión por considerar que "un órgano político no puede atribuirse funciones judiciales".
"La pregunta es si esta es la paz que está buscando: Crear una ley que le otorgue a él y a su obediente Poder Judicial el poder para encerrar a los opositores durante 25 años", dijo Tamara Taraciuk, directora de investigaciones de Human Rights Watch en Venezuela.
"La propuesta lleva un lenguaje vago que les permitiría encarcelar a cualquiera por casi cualquier cosa", agregó.
Un 75% de los venezolanos perdió un promedio de 8,7 kilos de peso en 2016
Se calcula que unos 25.000 venezolanos cruzan a diario el Puente Internacional Simón Bolívar hacia Colombia. Muchos ingresan por unas cuantas horas para trabajar o intercambiar productos en el mercado negro, buscando artículos caseros que no pueden encontrar en Venezuela, reporta AP.
Pero cada vez con mayor frecuencia, llegan a la frontera de 2.200 kilómetros (1.370 millas) de largo para comer en una de media docena de instalaciones que ofrecen un plato de comida a venezolanos pobres.
"Nunca pensé que iba a decir esto", manifestó Erick Oropeza, de 29 años, un exempleado del ministerio de Educación de Venezuela que recientemente comenzó a cruzar el puente todos los días. "Pero actualmente estoy más agradecido con lo que ofreció Colombia en tan poco tiempo, que con lo que pude recibir en Venezuela durante la mayoría de mi vida allá".
Las ciudades en la frontera con Colombia, como Cúcuta, se han convertido en testigos de primera mano de la creciente crisis humanitaria de Venezuela derivada del caos político que vive la nación y de su economía al borde del colapso.
De acuerdo con un sondeo reciente, alrededor del 75% de los venezolanos perdió un promedio de 8,7 kilos (19 libras) el año pasado.