El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, acordó este martes citar al fiscal general, Tarek William Saab, para que declare sobre el informe de la ONU en el que se acusa a las autoridades de maltrato sistemático y generalizado a miles de manifestantes y detenciones arbitrarias en los últimos meses, reporta EFE.
La Asamblea Nacional que no detalló para cuándo fue citado Saab, también acordó transcribir el debate que se realizó sobre el informe de la ONU para que sea añadido a la documentación presentada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
La diputada y presidenta de la Comisión Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano, fue la encargada de abrir el debate y presentar varios casos, "que son ejemplo de la violación a derechos humanos", durante las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron el pasado 1 de abril.
"Nosotros hemos querido evidenciar con rostros, con historias verdaderas lo que ha sido la violación de derechos humanos en Venezuela", dijo Solórzano, que indicó que su comisión también lleva un informe en el que suman 137 fallecidos durante las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde el 1 de abril pasado.
En el debate, la ciudadana Zulimar Patricia Villegas, madre de César David Pereira Villegas (un joven que murió durante estas manifestaciones) recordó que su hijo fue "asesinado" por una metra (canica) disparada por un policía, que aseguró no ha sido aún presentado ante tribunales, y por ello pidió justicia.
Otro de los casos presentados ante el Parlamento fue el de Eleazar Guerrero, padre de Alí Guerrero, que detalló que su papá "fue secuestrado" por tres hombres vestidos de blanco "santeros", y pasados tres días tuvieron conocimiento de que se lo habían llevado funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
El joven aseguró que su padre fue presentado ante tribunales militares y que ha sido víctima de "tratos crueles e inhumanos".
Por su parte la diputada Adriana Pichardo expresó que en el país hay "620 presos políticos" y que la mayoría de ellos también ha sufrido tratos crueles.
"Hoy más de 18 presos políticos tienen boleta de excarcelación desde hace más de seis meses (...) y que simplemente sus custodios, mayoritariamente me refiero al Sebin, se niega a ejecutarlas", agregó al tiempo que denunció la práctica de la desaparición forzosa.
El pasado 8 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de maltratar y torturar de forma "generalizada y sistemática" a manifestantes y detenidos durante las protestas que iniciaron en abril y de detener de forma arbitraria a al menos 5.000 personas, muchas de las cuales sufrieron "torturas" durante su arresto o reclusión.
En cuanto a la tortura, entre los métodos denunciados por los testigos a la ONU figuran descargas eléctricas; palizas con cascos y porras mientras los detenidos estaban esposados; la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados; asfixiarlos con gases; y amenazarlos con la muerte (y en algunos casos con violencia sexual) a ellos y a sus familiares.
La Constituyente ordena cesar los juicios de civiles en cortes militares
La Asamblea Constituyente que rige Venezuela dispuso que la justicia militar cese los procesos contra civiles detenidos durante recientes protestas contra el presidente Nicolás Maduro, para que pasen a tribunales ordinarios, reporta AFP.
Acogiendo un pedido de Maduro en tal sentido, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció este martes que se dará inmediata ejecución a la solicitud.
"Hemos recibido una comunicación del presidente (...) solicitando que sean declinados los casos llevados ante la jurisdicción militar, sean declinados ante la jurisdicción ordinaria", dijo Rodríguez durante una sesión del órgano que redacta una nueva Carta Magna.
La asambleísta dijo que la Comisión de la Verdad (parte de la Constituyente que legisla con poderes absolutos) será la encargada de ejecutar la petición del mandatario.
Rodríguez justificó lo ocurrido hasta el momento. Dijo que la justicia militar tuvo que "suplir de forma heterodoxa" a la Fiscalía por la "inacción e inactividad" de este organismo, frente a la violencia en las manifestaciones opositoras iniciadas el 1 de abril.
Según la ONG Foro Penal, unas 400 personas están privadas de libertad por órdenes de cortes marciales, de un total de 655 que fueran presentadas desde que comenzaron las protestas.
Algunos fueron acusados por supuestos ataques a guarniciones militares, agresiones a uniformados o saqueos.
"Si los civiles van a los tribunales que les corresponde no debe ser porque lo decida una Constituyente ilícita, sino porque eso es lo que pauta la Constitución. Se les han violado sus derechos humanos", declaró a la AFP Gonzalo Himiob, director de Foro Penal.
La organización no gubernamental cifra en más de 600 los "presos políticos" en Venezuela.
La oposición ha denunciado que la Constituyente de Maduro se eligió de manera "fraudulenta" y solo busca perpetuar al mandatario en el poder.
La primera decisión de esa poderosa asamblea, el 5 de agosto, fue destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, quien rompió con Maduro al denunciar que decisiones del máximo tribunal (acusado de servir al Gobierno) constituían una "ruptura del orden constitucional".
La Constituyente juramentó en su reemplazo al exdefensor del Pueblo, Tarek William Saab, chavista.
Ortega, la entonces fiscal, había advertido de la ruptura del orden constitucional en Venezuela y le había recriminado a Maduro haber convertido el país en un Estado policial.
La que fuera titular del Ministerio Público imputó durante las protestas a varios mandos y efectivos militares y policiales por supuestas violaciones de los derechos humanos durante su labor de contención de las manifestaciones.