La Caribbean Drydock Company S.A., empresa de astilleros enclavada en el pueblo capitalino de Casablanca, ha venido desatendiendo durante meses, según denunció uno de los trabajadores del dique sumergible, las múltiples quejas presentadas formalmente por estos, con motivo de los bajos salarios que reciben.
El dique, único de su tipo en el país, comprado a China en 2019 a un costo de 34 millones de dólares, aún no ha sido puesto en funcionamiento, según la fuente, debido a la pésima política de pago de la empresa.
"Los salarios que debemos recibir están regulados en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 69 de 2020, pero los jefes están burlando esa ley, colocándonos en cargos que no corresponden a las funciones que ejercemos, para así pagarnos menos", denunció el trabajador, que prefirió mantenerse en el anonimato.
La Resolución 45 del dicho instrumento jurídico, en su octavo resuelvo plantea que, para las dotaciones de los diques (exceptuando al capitán y al primer oficial), los salarios se homologan de acuerdo a lo regulado en la clasificación IX del grupo I. Una tabla en el anexo único del documento muestra claramente como los salarios establecidos para las dotaciones de los diques oscilan entre 5.810 y 7.310 pesos cubanos, prácticamente el doble de lo que cobran actualmente.
El ardid usado por la empresa ha sido no considerarlos como "dotación" o "tripulación" del dique. Un ejemplo fehaciente del perjuicio económico causado a estos asalariados es el caso del electrotécnico, que devenga actualmente un salario de 3.260 pesos, cuando la Gaceta Oficial fija su remuneración en 6.060 pesos.
"Muchos se han ido de la empresa, incluso los mejor preparados, decepcionados por lo mal que nos pagan. Esto también ha influido en el atraso del dique, que es un equipo grande, complicado de manejar y que, por tanto, requiere de una gran preparación para operarlo", dijo la fuente.
"La empresa nos prepara, nos da el asesoramiento, pero como no nos paga bien, a menudo tiene que volver a iniciar el proceso de capacitación cuando el personal se marcha en busca de mejores oportunidades", agregó.
También aclaró que tal situación no se hace extensiva al personal administrativo, el cual cobra en concordancia con lo estipulado en la Gaceta. "La Gerencia, los departamentos de Recursos Humanos, Economía, etc., todos ellos están cobrando prácticamente el doble que nosotros".
Otra de las violaciones que denuncia el trabajador es el impago o atraso en la remuneración por condiciones de peligrosidad, nocturnidad, antigüedad y doblaje de turnos.
"Hay un concepto, Condiciones Especiales, que no nos pagaban desde hacía nueve meses. El mes pasado, con todas las cartas que hemos estado enviando, comenzaron a pagarlo nuevamente, pero no se pusieron al día. Así que lo atrasado lo perdimos", explicó.
Las cartas enviadas por los trabajadores del dique han trascendido el marco de la gerencia de la empresa, llegando hasta GEMAR (Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario), e incluso hasta el Ministerio de Transporte. Sin embargo, los reclamos hasta el momento han sido desoídos.
En cuanto al dique, el operario explicó que pretenden ponerlo a funcionar en breve, pero que hay diversos factores que podrían entorpecer ese propósito.
"El equipo lleva bastante tiempo sin funcionar, así que la grasa que usa probablemente esté vencida. Habrá que reemplazarla y eso será un gasto enorme. Además, siempre está el riesgo de que algunos trabajadores se marchen y entonces habría que volver a iniciar todo el proceso de capacitación", advirtió.
Además de la ausencia de utilidades en un lapso de casi dos años y de las inversiones que habrá que hacer en lo adelante, el perjuicio ocasionado al país, pues no podemos olvidar que en teoría se trata de una empresa socialista, también incluye el deterioro del equipo por falta de uso y la pérdida de una parte de su vida útil.
"El factor de depreciación en la industria marítima cubana es de un 10% anual. Quiere decir que, al cumplirse los dos años, el valor de este dique será de un 20% inferior al coste original. Y recuerda que estamos hablando de millones de dólares. Si el dique continúa deteriorándose, entonces habría que comenzar a tener en cuenta su valor como chatarra", expresó al respecto el abogado Leonel Rodríguez Lima.
"El tiempo de explotación del dique es de 25 años. Ya ha pasado el 8% de ese tiempo. Es un absurdo total. Por ahorrarse unos cuantos miles de pesos cubanos, están dejando de ganar, e incluso perdiendo, millones de dólares. Eso es una chapucería. Es algo que no hubiera ocurrido cuando éramos una corporación con Curazao", subrayó la fuente.
Una empresa demandada en Miami
La actual Caribbean Drydock Company S.A. fue fundada en los años 90 bajo el nombre de Curaçao Drydock Maritimes, con capital de ese país caribeño y trabajadores cubanos.
Se afirma que la estrategia original fue burlar el embargo estadounidense, que impide anclar en puertos de ese país durante los próximos seis meses a cualquier embarcación que haya atracado en puertos cubanos.
A principios de los años 2000, por razones no esclarecidas públicamente, la parte holandesa se retiró de los astilleros de Casablanca, quedando La Habana con una deuda que, según explican algunas publicaciones, se debía a "trabajos de reparación de barcos cubanos". El monto del compromiso monetario no aparece especificado.
En 2006, tres obreros cubanos presentaron en Miami una demanda a la Curaçao Drydock por explotación de mano de obra en condiciones de esclavitud moderna. El Tribunal Federal del Distrito de Miami aprobó que la compañía los indemnizara con 80 millones de dólares.
En el proceso se pudo conocer que esos trabajadores fueron los únicos que habían logrado escapar de una especie de campo de trabajo forzado en Willemstad, Curazao, donde un grupo de 108 cubanos era explotado prácticamente sin remuneración, como forma de amortización de la mencionada deuda que el Gobierno de La Habana tenía con la compañía.
Documentos presentados demostraron que el gerente de producción del dique, ubicado en Willemstad, era Jesús Bequer Soto del Valle, sobrino de la esposa de Fidel Castro.
Los demandantes describieron las situaciones de extremo maltrato y explotación que habían sufrido a manos de la compañía, y caracterizaron a Soto del Valle como "un déspota, un nazi", cuya única preocupación era explotar a los obreros cubanos, sin que le importara poner en riesgo sus vidas.
Según detallaron diversos medios, entre ellos The Miami Herald, los trabajadores no recibían el salario estipulado de 6,90 dólares por hora, a pesar de que los tenían trabajando doble turno.
Otros testimonios reflejan, sin embargo, como el maltrato y la explotación no se redujo a aquel campo de trabajo ubicado en Curazao, sino que, en La Habana, en el propio astillero de Casablanca, se había impuesto un régimen que atenazaba el bienestar y la dignidad de los trabajadores.
Pablo, un extrabajador que vivió la experiencia de esos astilleros en la década de los 90, lo recuerda así: "Solo estuve tres meses en la compañía. En realidad, ni siquiera llegué a vencer el curso de capacitación para la plaza de pailero. El trabajo era extenuante y se vivía un nivel de estrés brutal. Los jefes abusaban de los de abajo con una impunidad tremenda. Pero no te podías quejar porque siempre estaba el chantaje de la divisa. Te podían quitar aquella estimulación que, si mal no recuerdo, no pasaba de 20 dólares".
A pesar de haber cambiado de nombre y de dueños, dos décadas después, en los astilleros de Casablanca continúa imponiéndose el mismo régimen de explotación, donde priman las malas condiciones laborales e injusticias, como en el caso que nos ocupa, que configuran otro posible caso de esclavitud moderna.
Se trata de una empresa y un país donde los explotados no cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para poner un caso de semejante relevancia ante los tribunales, como sucedió en Miami.
