Tras arrestarlo el pasado 1 de junio, el régimen cubano mantiene incomunicado en prisión al humorista Eduardo Ceballos, creador del canal Despingovery Channel, a quien impone "obstáculos para ejercer sus derechos", denunció el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) en su perfil de Facebook.
Su madre, Marieta Pérez, denunció en un video publicado por el comunicador Ernesto Morales que las autoridades represivas del régimen no le han permitido ver a Ceballos, a pesar de que inicialmente dijeron que esta visita podría producirse el 8 de junio.
Tras su traslado a la prisión Combinado del Este, en La Habana, el pasado 5 de junio, Ceballos solo ha podido realizar una llamada telefónica a sus familiares. Además, Pérez denunció que las autoridades penitenciarias le impidieron entregarle artículos esenciales para su estancia en prisión.
"Fuimos ignorados, peloteados", dijo, y reafirmó que carece de "información clara" sobre la situación de su hijo. No obstante, Cubalex publicó que "la familia fue notificada de una presunta acusación por 'invasión a propiedad militar', una figura que no existe ni en el Código Penal ordinario ni en el Militar".
En este caso, detalló Cubalex, "se han incumplido las garantías del Artículo 129 de la Ley del Proceso Penal al mantenerlo detenido sin una instructiva de cargos formal, lo que genera una indefensión absoluta y obstaculiza la designación de un abogado defensor".
"Su aislamiento forzado viola el Artículo 130 de la Ley del Proceso Penal. Esta falta de supervisión judicial crea un entorno idóneo para ejercer mecanismos de coacción física o psicológica", agregó.
Resaltó, asimismo, que "la detención de Eddy Ceballos es una persecución penal infundada. A través de un proceso opaco y el uso de castigos crueles como el aislamiento, el régimen intenta criminalizar la libertad de expresión para desviar la atención sobre su propia incapacidad en la custodia de sus instalaciones".
"Los hechos denunciados violan estándares internacionales relativos al derecho de las personas privadas de libertad a mantener contacto con sus familiares, recibir visitas, acceder a artículos básicos para su bienestar y ser protegidas contra situaciones de incomunicación", detalló el CDPC, y destacó que "la detención de una persona por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión genera serias preocupaciones en materia de derechos humanos".
Al propio tiempo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la detención de Ceballos y urgió a las autoridades cubanas "a garantizar sus derechos, incluido el respeto a la libertad de expresión".
La ex presa política Yunaykis Linares Rodríguez permanece en huelga de hambre tras ser arrestada
Entretanto, tras ser arrestada de forma violenta la semana pasada en el contexto de una protesta pacífica contra los apagones, la ex presa política del 11J Yunaykis Linares Rodríguez permanece en huelga de hambre y sed en la estación policial de El Capri, en La Habana, denunció el CDPC.
"Su situación genera seria preocupación por los riesgos inmediatos para su vida e integridad física", subrayó la organización, y enfatizó que "las posibles represalias por documentar abusos desde la celda apuntan a vulneraciones de los derechos a la libertad personal, la libertad de expresión y las garantías de las personas privadas de libertad".
El CDPC hizo hincapié en que "las autoridades tienen la obligación de garantizar acceso a atención médica independiente, monitorear su estado de salud y protegerla de represalias por denunciar violaciones de derechos humanos, como la golpiza recibida durante su arresto y traslado a la unidad policial y su encierro en un calabozo con numerosos hombres".
"Estoy golpeada, me asfixiaron; el policía venía tapándome la boca y la nariz para torturarme", dijo Linares Rodríguez en un video compartido por el grupo de asesoría legal Cubalex.
Si bien Linares Rodríguez fue excarcelada en 2025 en el contexto de las negociaciones entre el régimen cubano y el Vaticano, "su situación es especialmente preocupante porque permanece bajo libertad condicional, lo que aumenta el riesgo de que sea revocada y vuelva a prisión", indicó el grupo de asesoría legal, al tiempo que recordó que la condena dictada por el régimen contra la ex presa política fue de ocho años de prisión por su participación en las protestas del 11J.
