Mientras La Habana no escatima espacio en los medios de comunicación que controla para difundir las resoluciones que presenta anualmente contra el embargo estadounidense en las Naciones Unidas y el respaldo que reciben estas, otras resoluciones adoptadas por la organización internacional son escamoteadas a los cubanos.
Esas otras resoluciones de la ONU, que buscan orientar la acción de los Estados en temas tan diversos como la paz, los derechos humanos o el desarrollo sostenible, no se publican en los medios oficiales de Cuba y mucho menos llegan a la Gaceta Oficial de la República, que es lo que les daría fuerza jurídica interna.
La Carta de la ONU establece que los estados miembros deben "aceptar y cumplir" las decisiones del Consejo de Seguridad, único órgano de la organización cuyas resoluciones son vinculantes, aunque el documento no los obliga expresamente a publicarlas en sus medios de comunicación.
Sin embargo, en muchos países esa publicación se considera parte de la buena práctica gubernamental, pues garantiza la publicidad de las normas, la seguridad jurídica y el control ciudadano.
En Cuba, en cambio, la difusión de resoluciones internacionales se filtra por el tamiz de la conveniencia del poder.
La Constitución de la República de Cuba dispone que el Estado "sostiene su voluntad de observar de manera irrestricta los principios y normas que conforman el Derecho Internacional, en particular la igualdad de derechos, la integridad territorial, la independencia de los Estados, el no uso ni amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el arreglo pacífico de controversias sobre la base de la igualdad, el respeto y los demás principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas".
Sin embargo, no existe ninguna norma que obligue a publicar las resoluciones de la ONU en la Gaceta Oficial de la República.
Solo los tratados ratificados por La Habana —como las convenciones multilaterales— se publican formalmente.
No existe un procedimiento de difusión pública ni incorporación sobre las resoluciones de la ONU, ni siquiera para aquellas de carácter obligatorio.
Los medios oficiales solo difunden resoluciones que respaldan el discurso del régimen cubano, como las votadas —y respaldadas por la comunidad internacional— en la ONU sobre el embargo estadounidense.
En contraste con la amplia divulgación que recibe esa resolución desde semanas antes de su presentación en la Asamblea General, el pueblo de Cuba ignora las conclusiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre el noveno informe periódico del Estado, o las del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) sobre su Examen Periódico Universal, en las que se expresan preocupaciones de estos organismos por la situación de los derechos humanos en la Isla y se emiten recomendaciones a La Habana.
Por otra parte, aunque la Constitución de Cuba establece la integración de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico, la propia norma impone su supremacía por encima de los tratados internacionales.
El Artículo 8 dispone que "lo prescrito en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba forma parte o se integra, según corresponda, al ordenamiento jurídico nacional. La Constitución de la República de Cuba prima sobre estos tratados internacionales".
En un país donde el acceso a la información oficial es limitado y los medios están bajo control estatal, la falta de publicación de resoluciones internacionales no es un simple descuido administrativo, sino una forma de control político.
Al no existir obligación legal de publicar estos documentos, el régimen decide qué información internacional se comunica a los cubanos.
Así, resoluciones sobre derechos humanos, libertades políticas o rendición de cuentas suelen quedar fuera del debate público, mientras se destacan las que legitiman la posición del régimen en el plano diplomático.
Esta práctica debilita la seguridad jurídica y dificulta el seguimiento ciudadano de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado. La publicación de las resoluciones en la Gaceta no es un mero trámite; es un acto de transparencia. Si las resoluciones internacionales no se hacen públicas, su cumplimiento queda en la sombra.
La falta de una política clara de publicación de resoluciones de la ONU muestra una contradicción entre el discurso oficial de La Habana en la arena internacional y su práctica interna.
Mientras defiende en los foros internacionales el respeto al derecho internacional y a la soberanía de los Estados, dentro del país el régimen mantiene restringido a la ciudadanía el acceso a la información sobre cómo aplica esas mismas normas.
La selectividad con la que el castrismo difunde las resoluciones internacionales no solo afecta la relación del Estado con la ONU, sino el también el derecho de los cubanos a conocer los compromisos internacionales adquiridos por el Estado que debe representarlos.
