La cubana Sulmira Martínez Pérez, de 21 años, quien se identifica en Facebook como Salem de Cuba, se encuentra detenida desde el 10 de enero en Villa Marista, la sede de la Seguridad del Estado, presuntamente por haber sugerido que los cubanos salieran nuevamente a protestar a las calles, informó el activista Marcel Valdés, quien entrevistó a Norma Pérez, madre de la joven.
"Ella se manifestaba en las redes. Un día vinieron un agente del DTI (Departamento Técnico de Investigaciones) y la Seguridad del Estado y se la llevaron arrestada. Primeramente estuvo en la cárcel de 100 y Aldabó y luego la trasladaron a Villa Marista para los interrogatorios", explicó su madre.
"El delito que le están imputando a ella es 'propaganda contra el orden constitucional, o sea, manifestarse en contra del Gobierno para decírtelo más claro", dijo la madre.
"El día de la detención se llevaron la computadora, tres teléfonos celulares, las tarjetas de crédito, una cámara que ella tenía. En los interrogatorios le preguntan que quién le paga, cuando las tarjetas de ella no tenían dinero. Como no le han encontrado nada, por ahí desean incriminarla", añadió la madre.
"El abogado que contraté me dice que este caso es duro y que por ese delito a ella la pueden condenar a entre cuatro y diez años de cárcel. Pero yo no puedo entender qué duro puede ser este caso porque mi hija no ha puesto un cartel, no ha tirado piedras, no ha matado a nadie, su único 'delito' es manifestarse por las redes (sociales)", lamentó la madre de Martínez Pérez.
Antes de su detención, desde el perfil de la joven se publicaron al menos dos mensajes en los que se convocaba a "otro 11 de julio".
"¡Necesitamos organización... corran la voz!", apuntó en uno de ellos. "Para los que dicen que el que empuja no se da golpes: estoy planeando una manifestación, es pa' la calle, no detrás de una pantalla", señaló otra publicación.
El Código Penal cubano, aprobado en 2022 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su artículo 124.1 sanciona con penas de hasta diez años a quienes usen medios de comunicación social, ya sean convencionales o digitales para incitar "contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista."
Este sería uno de los primeros casos en que el régimen utilice esta figura penal contra un cubano, por sus críticas en redes sociales.
Hasta el momento, las fuerzas represivas utilizaban con más frecuencia el Decreto-Ley 370, aprobado en 2019, para multar a periodistas independientes, activistas y ciudadanos comunes por sus críticas en las redes sociales.
Hasta marzo del pasado año, el proyecto independiente Inventario había contabilizado 49 personas afectadas por este Decreto-Ley, considerado como una mordaza contra la libertad de expresión.
